El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, apoyó que la figura del femicidio sea tipificado en el Código Integral Penal, tomando en cuenta que los códigos orgánicos representan los valores de la sociedad y no pueden ser concebido el femicidio únicamente como una normativa represiva sino como el reflejo de los valores de la sociedad.
La empresa INCINEROX que desarrollaba sus actividades en el cantón Shushufindi deberá reubicar su planta de incineración de desechos tóxicos en el plazo de 54 meses, por tanto abandonar totalmente el lote entregado en comodato por el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Shushufindi.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, recibió a los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Carlos Ramírez y Gustavo Jalhk, respectivamente, así como al fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, con quienes analizó diversos mecanismos para avanzar en la modernización de la administración de justicia.
Continuado con el cronograma de visitas a los diferentes sectores alejados de las provincias del país, el Punto de Encuentro Ciudadano o Bus interactivo de la Asamblea Nacional se encuentra en la provincia de El Oro socializando con estudiantes, profesores, sectores comunitarios y la ciudadanía en general varios proyectos de ley que fueron aprobados en el Pleno de la Legislatura.
Dentro de las conclusiones del informe borrador del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prepara la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se destaca que el Libro Primero desarrolla una legislación mucho más depurada para tipificar y sancionar nuevas conductas delictivas que lesionan derechos de la ciudadanía.
En este contexto, se han incorporado tipificaciones modernas como el femicidio, delincuencia organizada, trata de personas, el robo y comercialización ilegal de celulares, tipos penales encaminados a prevenir el cometimiento de otros delitos en escenarios públicos, entre otros.
También, como un paso importante en el ámbito de la política criminal ecuatoriana, se establecen sanciones para las personas jurídicas, que en ocasiones han sido utilizadas como instrumento para cometer delitos, con el propósito de eludir la responsabilidad de los administradores, titulares o de quienes las representan.
Las normas rectoras del Libro Preliminar son un eje transversal que facilita la tarea de jueces y tribunales de garantías penales y los jueces de garantías penitenciarias, así como de todos los operadores de justicia.
Derechos de víctimas de violación
Atendiendo las observaciones de varios sectores sociales y sin desconocer los derechos de las víctimas de violación, se ha mantenido la propuesta de primer debate sobre el aborto no punible, con una limitación adicional que tiene que ver con que la interrupción del embarazo sea únicamente hasta la décimo segunda semana de gestación.
Ejecución de Penas
En cumplimiento del principio constitucional de proporcionalidad de las penas, se ha implementado una propuesta técnica en base a las sugerencias de las instituciones que conforman el sector justicia. El Libro de Ejecución de Penas adecua su normativa a los principios constitucionales y normas vigentes en instrumentos internacionales de la materia.
En el Libro Segundo se fortalece el procedimiento penal acusatorio oral y de transparencia, con fundamento en el respeto a los principios de igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso y acceso a la justicia. Contiene una normativa específica para dar cumplimiento a la obligación constitucional de tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres, personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.
Justicia especializada
A través de las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se cumple con el postulado constitucional, esto es, la implementación de la justicia especializada en materia de responsabilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal que garantice la aplicación del debido proceso y la protección de sus derechos fundamentales y específicos.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado prevé reinstalar mañana la sesión No. 30, a fin de continuar la discusión y posterior aprobación del informe borrador del COIP.
MG/pv
Dos posiciones marcaron el debate de reformas al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, referente a los contratos de promesa de compraventa. Por un lado, algunos legisladores creen en la celebración de un contrato de promesa que garantice el contrato principal a futuro; mientras que otros legisladores creen que si bien existen falencias en la práctica profesional sobre esta temática se debería realizar una reforma integral al Código Civil para lograr una mejor legislación y no destruir esta institución que es una posibilidad de compra entre las partes, como es la promesa.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Archivo. No acogió la sugerencia de la comisión de Justicia y Estructura del Estado para que se archive el documento, por lo cual regresa a la Comisión para su trámite regular.
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y ponente del proyecto de reformas al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, Mauro Andino, al señalar que la propuesta del legislador Andrés Páez se orienta a normar legalmente la institución jurídica del contrato de promesa de compraventa, precisó que actualmente la normativa que regula el contrato de promesa es escueta y anacrónica.
El segundo debate de los proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, forma parte de la agenda de la sesión No. 220 del Pleno de la Asamblea Nacional, prevista para mañana, a las 08h30, según la convocatoria efectuada por el titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana Farra, resolvió por unanimidad retomar el proceso de fiscalización sobre la contaminación del río Cutuchi, para lo cual invitarán a los representantes de la Senplades, Senagua, Ministerios de Salud; de Ambiente, así como, a los delegados de los gobiernos autónomos de Pujilí, Ambato, Latacunga, Salcedo y Saquisilí para que informen los trabajos y avances que se hayan efectuado para encaminar los procesos de descontaminación del río Cutuchi y la cuenca alta del río Pastaza.
