Para el miércoles 18 de enero, a las 9:00, la Comisión de Derechos Colectivos presidida por la asambleísta Lourdes Tibán, tiene previsto cumplir una amplia agenda de trabajo, para tratar temas relacionados con el otorgamiento de licencias y el proceso electoral en el cantón La Concordia.
Por iniciativa del Dr. Mauro Andino Reinoso, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, esta semana se realizarán mesas de trabajo sobre el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).Este evento cuenta con el apoyo de la organización no gubernamental "Justicia Penal Ecuador".
El Titular de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, recibió este jueves al presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadinejad, en el marco de su visita oficial al Ecuador. La cita tuvo lugar en el Salón 1 de la sede Legislativa y fue la oportunidad propicia para evaluar los logros alcanzados en materia de cooperación, fomento de actividades comerciales, transferencia tecnológica y demás áreas atinentes a la dinámica de las relaciones de amistad entre las dos naciones.
Organizaciones de movimientos femeninos, mujeres políticas y de la sociedad civil, reunidas en las instalaciones de la Asamblea Nacional, rechazaron las expresiones del Jefe de Estado en el enlace sabatino del 31 de diciembre de 2011, donde habría emitido criterios que atentan contra la dignidad de las mujeres y denigran su lucha histórica que han llevado en todo el país, en América Latina y el mundo.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, tramitará y socializará el proyecto de reformas a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, de autoría del asambleísta Andrés Páez Benalcázar, que tiene por objetivo establecer medidas preventivas y correctivas, así como normas coercitivas, en contra de quienes provoquen, deliberadamente, contaminación sonora.
El asambleísta Jimmy Pinoargote, representante de la provincia de Santa Elena, calificó de improcedente e ilegal la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), al admitir el proceso de revocatoria de mandato en su contra, “lo cual demostraría que los cuatro consejeros de este organismo actuaron de forma eminentemente política”.
En rueda de prensa, los legisladores Enrique Herrería, Fausto Cobo, Leonardo Viteri y Grace Almeida rechazaron la presencia del presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a nuestro país.Enrique Herrería, representante por la provincia de Guayas, subrayó que los derechos humanos, que constan en la Carta de Naciones Unidas, no son reconocidos en Corea del Norte, Irán y Siria. “Es más, en Irán no se respetan los derechos de mujeres, niños y adolescentes; los hombres no tienen derecho a la discrepancia, nadie puede disentir del discurso oficial y no existe pluralidad de pensamiento”.
La Comisión de Derechos Colectivos entregó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Régimen de Comunas, que tiene por objetivo establecer los principios y normas generales que regulan, desarrollan y fortalecen el funcionamiento de las comunas, comunidades indígenas, afroectuatorianas y montubias, en el marco del estado intercultural y plurinacional del Ecuador.
Representantes del Colectivo de Organizaciones por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; y, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) fueron recibidos en la Comisión de Justicia, donde expusieron sus puntos de vista respecto del proyecto de Código Integral Penal.Las agrupaciones coincidieron en objetar la incorporación de la imputabilidad de adolescentes dentro del nuevo Código Penal, tomando en cuenta que la Constitución determina que los menores en conflicto con la ley tiene un trato preferencial a través de una justicia especializada y que el tema consta en el Código de la Niñez y los instrumentos internacionales.
Alexandra Manchón, de la Defensoría del Pueblo, destacó que 32 organizaciones se mantienen de manera permanente en el referido Colectivo, bajo el principio de inclusión progresiva, tras manifestar que el pronunciamiento sobre los adolescentes en conflicto con la ley ha convocado al análisis y reflexión de más de 47 organizaciones de carácter local, nacional, regional e inclusive internacional.
Por su parte, Fernando López, del Consejo de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, explicó que el 94.47% de los ciudadanos privados de la libertad en el país son mayores de 18 años, lo que demuestra que el nivel de participación de los adolescentes en el conjunto de la problemática del delito y la inseguridad en el Ecuador es mínima.
Si los números son claros, por qué estamos pretendiendo endurecer la intervención del Estado y pasar la responsabilidad y cuenta sobre una problemática que tiene fundamentos estructurales a una población que, según la Constitución, requiere una atención prioritaria, mediante una justicia especializada, preguntó.
Reiteró que es inaceptable proponer respuestas más rigurosas y severas, cuando resulta que en la actualidad la mayor parte de chicos que han sido sentenciados por alguna infracción penal y privados de la libertad, evidencia que la sociedad y Estado va en contra de los principios de la normativa interna e internacional, pues la privación de la libertad debe ser considerada como medida de última instancia.
Así, los sometemos a una experiencia cotidiana de violencia, sin posibilidad alguna de rehabilitación para la reinserción a la sociedad, agregó.
Entre tanto, Jaime Coello, del Frente Nacional de Activistas Juveniles por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, invocó a mantener la normativa de adolescentes en conflicto con la ley penal en el Código de la Niñez y Adolescencia (CNA); mejorar los estándares existentes; impulsar políticas públicas integrales de acuerdo con estándares internaciones; aplicación de la privación de la libertad como última medida.
También, se mostró partidario de la presencia de autoridades y operadores de justicia altamente especializados; desarrollar un sistema de inclusión y seguimiento posmedida; y, respetar los principios de no regresividad e interés superior.
MG/pv
La Comisión de Biodiversidad recibió al asambleísta Linder Altafuya, quien explicó que urge aprobar una normativa que conserve, restaure el ecosistema manglar y permita cohesionar y sistematizar un adecuado manejo del mismo, tomando en cuenta que al momento existen, únicamente, reglamentos, decretos ejecutivos y resoluciones dispersas e inaplicables.
