La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado, convocó a los integrantes del organismo a sesión para el miércoles de esta semana, a partir de las 15h30, para analizar el informe especial de Contraloría sobre la construcción del cuarto puente en el Río Babahoyo.
Al recibir a los dirigentes de
Con una participación masiva de alrededor de 150 representantes de las organizaciones sociales y comunidades indígenas, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario, en la mesa denominada “por el agua y por la vida”, se analizaron los puntos más críticos del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua.
Así indicaron los representantes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin); de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro; y, de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (JAAPRE), quienes acudieron a la Asamblea Nacional para participar en el diálogo abierto que propicia la Comisión de Soberanía Alimentaria con el tema: el agua y la vida.
Los delegados, en rueda de prensa, mostraron su preocupación porque el Ejecutivo viene dialogando únicamente con una sola organización social como es la Conaie, sin tomar en cuenta a todo el contexto de las organizaciones sociales del país, quienes en diferentes talleres han recogido propuestas y necesidades de las bases.
Romelio Guamán, vicepresidente de la Coordinadora Nacional Campesina; Rafael Gualichico, presidente de la Comisión de Coordinación de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador; y, Luis Andrango, presidente de la Fenocin, manifestaron que constitucionalmente la instancia que se encarga de recoger propuestas de ley y abrir debates, es la Asamblea Nacional, pero que ven con preocupación la interferencia del Ejecutivo que está conformando comisiones para el tratamiento de la Ley de Recursos Hídricos.
Nosotros hemos acudido a la Función Legislativa, porque ha generado confianza institucional, pues de las propuestas presentadas, según Luis Andrango, el 60% han sido acogidas. Sin embargo creen que existen otros temas que les preocupa, como por ejemplo la definición de las políticas de la gestión del agua, por la percepción de que hay una visión de centralizar la gestión desde el sector gubernamental.
También exigen que se incluya en la ley un capítulo relacionado con la contaminación y remediación ambiental; asegurar el riego para las pequeñas y medianas producciones que son las que aseguran el 85% de la canasta básica alimentaria; analizar el tema de la tarifa y un mínimo vital; así como la infraestructura relacionada al riego, el agua para consumo y el mantenimiento para el caudal ecológico, temas que serán propuestos en las mesas de diálogo.
Luis Andrango señaló que uno de los avances importantes en estos tres primeros capítulos aprobados por la Comisión de Soberanía es lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución que habla con claridad de que el agua es un derecho humano fundamental por lo que no será susceptible de privatización ni de acaparamiento.
Entre tanto, Rafael Gualichico, presidente de JAAPRE, expresó su satisfacción porque la mayoría de sus propuestas han sido recogidas por la Comisión de Soberanía Alimentaria.
Al referirse a la Autoridad Única del Agua propuso la participación a nivel de usuarios y organizaciones sociales en este organismo, es decir que las propuestas tengan el carácter de vinculante y no solo de consultivo.
Mientras tanto, Romelio Gualán, vicepresidente de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, precisó la necesidad de establecer una tarifa diferenciada de consumo de acuerdo con la situación y el índice de pobreza.
Finalmente, el asambleísta Pedro de la Cruz indicó que la Comisión 7 ha decidido ampliar las mesas de diálogo sobre el agua y la vida para recoger las opiniones y propuestas de cada sector involucrado. La mayoría de planteamientos coinciden a excepto de aquella donde la Conaie pide tarifa cero para el uso del agua; mientras que las Juntas de Agua creen que debe haber una tarifa para la operación, mantenimiento y administración, aspecto que será resuelto por los comisionados.
JLVN/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial los argumentos de tipo jurídico en torno a la denuncia presentada por los 56 ex legisladores que fueron descalificados en marzo de 2007, por el entonces Tribunal Supremo Electoral.
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En la ciudad de Cuenca, una delegación de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, de la Asamblea Nacional, presidida por Nivea Vélez, busca solución al conflicto laboral que viven los trabajadores de la Compañía Ecuatoriana del Caucho (ERCO).
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