El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, confirmó que el próximo martes, 13 de diciembre, a las 17:00, se procedería a la fase de votación del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre la base del informe presentado por el ponente, Vicente Taiano Álvarez.
En el programa Cuórum, que se realizó en conexión con Radio Carrusel, desde Guayaquil, el arquitecto Cordero, anticipó que el martes en la mañana se reinstalaría la sesión 139, para continuar con el primer debate del proyecto de Ley de Protección del Cóndor y otras Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción.
Recordó, también, que está pendiente la resolución orientada a exhortar al Presidente de la República para que mantenga el subsidio a los compustibles en favor del transporte aéreo de la provincia de Galápagos.
En todo caso, se mostró abierto a acoger la sugerencia de Taiano, quien adelantó que varias organizaciones habrían conseguido 63 firmas para pedir que el tema se resuelva en la mañana del martes. “No tengo problema para invertir las horas de las sesiones”, añadió, al reiterar que el tema será abordado el martes.
Destacó que la aprobación de las reformas a la Ley de la Función Legislativa (LOFL) establecen las reglas para la consulta prelegislativa, figura que fue creada por la Organización del Trabajo en 1998, por tanto, Ecuador sería pionero en el mundo en aplicar este mecanismo, que permitirá avanzar en el trámite de leyes importantes como la de Recursos Hídricos y de Culturas.
Agenda
Comentó que la próxima semana, y en transcurso de diciembre, se prevé despachar la Ley de Límites, que se postergó por solicitud de la AME y el Congope; de Fronteras; las reformas electorales; de Discapacidades; la Ley de Comunicación, más aún cuando ésta constituye un mandato de la Constitución y el pueblo ecuatoriano.
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El Pleno de la Asamblea, con 71 votos de 124 asambleístas presentes, no aceptó el pedido de autorización para iniciar el enjuiciamiento penal del asambleísta Galo Lara Yépez, que fuera presentado mediante oficio No. 1779-SSPCNJ-2011, de 10 de noviembre de 2011, suscrito por el doctor Homero Jara, Secretario Relator de la Corte Nacional de Justicia. La querella fue planteada por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Con 102 votos los asambleístas decidieron cambiar el orden del día con el propósito de analizar los pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador Galo Lara. El pedido lo formuló Leonardo Viteri quien propuso que luego del Himno Nacional se trate en un solo debate las solicitudes de enjuiciamiento presentadas por el presidente de la República, Rafael Correa y por la ministra de Inclusión Social, Ximena Ponce León y luego se vote en ese mismo orden.
En la reinstalación de la sesión 138 del Pleno, los asambleístas acogieron la sugerencia del presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, quien recomendó ratificar el texto del numeral 4 del artículo 1 del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute y Derogatoria de las Leyes de Creación de la Junta de Recursos Hídricos y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López y de las Empresas para la Prestación de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado.
La asambleísta María Soledad Vela y el Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, entregaron al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de las Personas Usuarias y Consumidoras, que reemplazaría a la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
La inmunidad es una conquista histórica, inherente al ser fiscalizador, no se podría fiscalizar ni legislar sin inmunidad, pero confundir esto con una patente de corso para insultar, es diferente, declaró el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, respecto a las solicitudes de autorización de la Corte Nacional de Justicia para iniciar dos causas legales contra el asambleísta Galo Lara, por supuestas injurias.
El Pleno de la Consejo Nacional Electoral (CNE) acudió ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, con el propósito de presentar observaciones y aportes al proyecto de reformas al Código de la Democracia.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el asambleísta Fernando Vélez, recibió en comisión general al delegado del Ministro de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca, Juan Wong; y, al asesor jurídico de dicha cartera de Estado, Ignacio Castro, quienes consideraron de vital importancia las reformas que se plantean a la Ley Especial del Sector Cafetalero, de iniciativa de la asambleísta Saruka Rodríguez.
En el Pleno de la Asamblea Nacional, se instaló el Foro Internacional “Adolescentes y Justicia Penal, un Debate Social”, organizado por la Comisión Especializada de Justicia, el Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) y Unicef.
Al evento asistió un significativo número de estudiantes de los Colegios Mejía, Simón Bolívar, Quito, Luxenburgo, de la Universidad Católica, así como profesionales del Derecho. En calidad de expositores participaron expertos de Chile, Panamá y Ecuador.
Mirar desde otro ángulo la realidad de la niñez
La asambleísta Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, invocó a mirar desde otro ángulo la realidad de la niñez y adolescencia, de cómo este grupo humano construye ciudadanía.
Destacó que la Asamblea Nacional, en su conjunto, y la gran mayoría de legisladores están empeñados en una lucha permanente por la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al enfatizar que el Foro, en el marco del debate y análisis del nuevo Código Penal, nos invita a reflexionar desde otra mirada, desde la mirada de lo integral y también del cambio estructural; nos invita a ver más allá de lo evidente.
Este encuentro, continuó, es la oportunidad propicia para liberarnos de los prejuicios, de los atavismos sociales y culturales; pretende la participación de la ciudadanía, intenta ser plural y acabar con el populismo penal que demanda la intervención del Estado y de dar respuesta, pero la intervención estatal en el tema no será lo punitivo, lo privativo de la libertad.
No a la imputabilidad de menores
De su parte, Sara Oviedo, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) dijo que no debemos permitir que se baje la edad de la imputabilidad a los adolescentes, al recordar que el Estado y el país en la Constitución actual estableció, con absoluta claridad, la existencia de una justicia especial para los menores, lo cual no puede entrar en discusión alguna, más aún cuando este asunto está consagrado en la Convención de Derechos del Niño.
Reiteró que ese argumento legal tiene que ser reforzado constantemente, al puntualizar que a este grupo vulnerable se le debe garantizar protección, mejoramiento de sus condiciones de vida, a través de acceso a la educación, salud, recreación, en particular a los menores que han entrado en conflicto con la ley
Socialización a nivel nacional
El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino Reinoso, resaltó que el organismo legislativo ha puesto en marcha un intenso proceso de socialización a nivel nacional del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, de iniciativa del Ejecutivo.
Al indicar que dicha propuesta contiene más de 1 000 artículos, entre ellos, algunos temas sumamente conflictivos, nuevos y novedosos, anunció que en las próximas semanas la comisión iniciará el desarrollo del articulado, a fin de someterlo a consideración del Pleno.
Expresó que el vigente Código, por ser la reproducción de varias leyes penales, principalmente europeas, se ha dedicado a proteger los derechos patrimoniales de un sector económico de la comunidad, sirviendo en la práctica para el castigo a los menos favorecidos e ignorando que existe una serie de conductas lesivas que afectan gravemente a la sociedad sin recibir una respuesta punitiva.
Por tanto, dijo, es necesario crear nuevos tipos penales que protejan bienes jurídicos y elaborar un nuevo Código Penal que unifique las infracciones penales dispersas en diferentes normas; más de 230 leyes vigentes en el Ecuador tienen tipos penales y sanciones penales, lo que genera impunidad, confusión y un retraso en la administración de justicia.
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La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino Reinoso, realizó un proceso de sistematización sobre las memorias de los seminarios que se efectuaron en Guayaquil y Machala, bajo la coordinación de los legisladores Vicente Taiano Álvarez y Gina Godoy Andrade.
En tales eventos participaron Alfonso Zambrano Pasquel, docente universitario; Martín Saquicela, miembro de la Comisión de Tránsito del Guayas; Pablo Corrales, de la Defensoría Pública; Diego Tipán, del Ministerio de Justicia; Yanina Mendoza, jueza Décimo Quinta Adjunta de Adolescentes Infractores; María Eugenia Díaz, de la Defensoría Pública; Carmen Bauz, experta en adolescentes infractores; Sebastián Sotomayor, del Ministerio de Justicia, entre otros.
Observaciones y aportes
Para el doctor Alfonso Zambrano Pasquel es necesario crear protocolos para la Policía Nacional y sus procedimientos, además capacitar a los jueces de garantías penales, en especial lo que tiene que ver con la posibilidad de dictar sentencias salvo en los casos de acción privada y en ciertos procedimientos especiales.
Hay que tener cuidado con el debido proceso y las reglas de respeto a los derechos, por ejemplo, en la toma de fluidos corporales; la ponderación de derechos para autorizar la toma de decisiones en derechos humanos y los delitos sexuales, manifiesta el jurisconsulto.
También, considera que no tiene que haber la extradición por que hay una ley expresa sobre la materia y que en la casación debería revalorizarse la prueba.
Entre tanto, Diego Tipán, del Ministerio de Justicia, expone el contenido de la reparación integral a la víctima que busca que ésta no tenga que ir a la vía civil, que pueda acceder a derechos como a ser atendidos por sicólogos, la no repetición y otras medidas para que cese la vulneración de derechos.
La implementación de penas no privativas es un avance. Los delitos informáticos cuentan con un capítulo en que constan el terrorismo y el fraude por medios electrónicos, asimismo, la presencia de nuevos delitos sexuales, agrega.
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