El legislador Rafael Dávila Egüez, representante de la provincia de Loja, puso a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Según la propuesta, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá autorizar la regularización de compañías de taxis que presten el servicio de transporte de pasajeros desde y hacia los aeropuertos en todo el país, especialmente en los ámbitos local, intracantonal e intraprovincial.
Prisión de seis meses a un año
También sugiere sanción de seis meses a un año de prisión, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de uno a tres salarios básicos unificados del trabajador en general, a quien conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con llantas lisas o daños mecánicos previsibles.
En caso que el dueño del vehículo y el conductor sean personas distintas, el propietario del vehículo será solidariamente responsable y sancionado con una multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. La operadora a la cual pertenece, será sancionada con un monto igual y además con la suspensión de hasta 90 días de su permiso de operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.
El proyecto cuenta con las firmas de respaldo de los legisladores: Edwin Vaca, Diana Atamaint, César Montúfar, Marco Murillo, Margarita Carranco, María Molina, Leandro Cadena, Fernando Flores, Juan Fernández, Enrique Herrería, Galo Vaca, Consuelo Flores y Ramón Cedeño.
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El dirigente sindical Luis Dután, en representación de la UGTE, CEDOCUT y CEOSL, fue recibido en comisión general en la Asamblea Nacional, donde solicitó incluir en la agenda del Pleno el tratamiento del proyecto de nuevo Código Laboral que fue presentado por iniciativa popular, y calificado por el Consejo de Administración Legislativa.
El Director del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop), Juan Fernando Aguirre Ribadeneira, no compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico, a donde fue llamado para informar respecto de la adquisición de vehículos automotores por parte de las instituciones públicas, a través de este organismo.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Fernando Cedeño Rivadeneira, notificó a la Asamblea Nacional los nombres de quienes conformarán el Consejo de la Judicatura que estará integrada por cinco vocales principales con sus respectivos suplentes, quienes durarán seis años en sus funciones.
La asambleísta nacional Gioconda Saltos, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recibió a los delegados del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Supervisores de Educación del Ecuador (Ansede).
Los legisladores Fernando Vélez, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Rafael Dávila y Richard Guillén, en el plazo de 10 días, deberán presentar el borrador del informe de las reformas a la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con la finalidad de poner en conocimiento de los integrantes de este organismo legislativo y aprobar el respectivo informe para segundo debate.
Las diferentes organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional resaltaron la importancia de aprobar el proyecto de Ley de Consulta Prelegislativa de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, al tiempo de analizar el carácter vinculante o no de la misma.
El asambleísta Fausto Cobo, miembro del Consejo de Administración Legislativa, anunció que velará para que, a la brevedad posible, el CAL ponga en el orden del día el trámite en el Pleno del proyecto de Ley Interpretativa a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que se orienta al pago de la jubilación complementaria a favor de los maestros jubilados.
Al recibir a cerca de 200 profesores jubilados de varias provincias del país, en el Salón 1 de la Sede Legislativa, Cobo Montalvo sostuvo que una sociedad que no reconoce a sus ancianos, a los padres y los abuelos no es una sociedad democrática y humana, tras insistir que el tema, dada su trascendencia, merece un compromiso de todos los ecuatorianos, más allá de ideologías y partidos políticos.
Recordó que dicha Ley Interpretativa fue admitida y calificada, oportunamente, por el Consejo de Administración Legislativa y luego remitida a la Comisión de Educación, la cual aprobó favorablemente el respectivo informe.
Insistió que “ésta es una demanda y causa social estratégica y justa, por tanto, nuestro compromiso radica en apoyar para que el documento pase a conocimiento del Pleno, en el menor tiempo posible”.
“En todo caso, ustedes deben hacer ejercicio del principio constitucional a la resistencia e intensificar la lucha popular, a fin de hacer respetar sus derechos, que puede incidir en el comportamiento de las fuerzas políticas”, expresó.
A su vez, Luis Mora Tello, presidente de los Maestros Jubilados del Ecuador, dijo que la disposición transitoria vigésimo primera de la Constitución garantiza a los docentes del sector público el pago de la respectiva jubilación.
Manifestó que en el 2008 se canceló a los maestros jubilados 16.800; en el 2009 y 2010, montos de 12.000, cuando las cifras reales deberían ser 34.600, 36.800 y 39.000, en su orden, por lo que se presentó una acción de protección el 24 de abril de 2011.
“Somos 7.748 educadores jubilados, que por casi dos años mantenemos una firme lucha, de los cuales 278 ya han fallecido, sin que recibieran un trato digno, luego de haber entregado gran parte de sus vidas al desarrollo del país”, finalizó.
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En la continuación de la sesión 211 del Pleno, los legisladores recibieron en comisión general a los representantes de la Conaie, Humberto Cholango; de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca; de la Confeniae, Franco Viteri: y, de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), Carlos Pérez, quienes solicitaron aprobar el proyecto de Ley de Consulta Prelegislativa a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, por ser un instrumentos jurídico que permitirá a las organizaciones sociales ser consultados previo a la aprobación de proyectos de Ley que podrían afectar sus derechos colectivos.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli Cali, resaltó el trabajo desarrollado por el Consejo de la Judicatura Transitorio, que en estos 18 meses ha realizado una labor enorme en lo físico, tecnológico e implementó las bases para el cambio positivo en la justicia.
