Con el apoyo de los legisladores Rolando Panchana, Tito Nilton Mendoza, presidente y vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, respectivamente, y los asambleístas Fernando Cáceres, Dolores Moreno, alterna de Tomás Zevallos; y, María de Lourdes Alarcón, suplente de Nicolás Lapentti, el organismo legislativo aprobó el texto alternativo y el informe para primer debate del proyecto de Ley General de Cambio Climático, de autoría de la parlamentaria María Molina, que tiene por objetivo regular las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
El asambleísta Fernando Cáceres advirtió que las aguas del río Cutuchi cada vez lucen más contaminadas impidiendo su utilización para riego y los agricultores que habitan en los alrededores del río, señalan que no sirve ni para las plantas, porque algunas de ellas mueren y si beben los animales se enferman, por lo que solicitó a las autoridades pertinentes la inmediata descontaminación.
Con el fin de canalizar el pedido de los maestros jubilados a nivel nacional, el asambleísta por la provincia de Cotopaxi, mediante una misiva, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, que incluya en el orden del día de la próxima sesión del Pleno, el debate del proyecto de Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley de Educación Intercultural, que ya cuenta con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En el programa “Lo dices tú, lo digo yo”, que transmite La Radio de la Asamblea Nacional, Andrea Oña señaló que se debe respetar la preferencia sexual de la persona, más aún cuando está en la etapa de niña, niño y adolescente.
El legislador Rafael Dávila Egüez, representante de la provincia de Loja, puso a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Según la propuesta, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial podrá autorizar la regularización de compañías de taxis que presten el servicio de transporte de pasajeros desde y hacia los aeropuertos en todo el país, especialmente en los ámbitos local, intracantonal e intraprovincial.
Prisión de seis meses a un año
También sugiere sanción de seis meses a un año de prisión, suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo, multa de uno a tres salarios básicos unificados del trabajador en general, a quien conduzca un vehículo de transporte público y/o comercial, con llantas lisas o daños mecánicos previsibles.
En caso que el dueño del vehículo y el conductor sean personas distintas, el propietario del vehículo será solidariamente responsable y sancionado con una multa de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general. La operadora a la cual pertenece, será sancionada con un monto igual y además con la suspensión de hasta 90 días de su permiso de operación sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la ley.
El proyecto cuenta con las firmas de respaldo de los legisladores: Edwin Vaca, Diana Atamaint, César Montúfar, Marco Murillo, Margarita Carranco, María Molina, Leandro Cadena, Fernando Flores, Juan Fernández, Enrique Herrería, Galo Vaca, Consuelo Flores y Ramón Cedeño.
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El dirigente sindical Luis Dután, en representación de la UGTE, CEDOCUT y CEOSL, fue recibido en comisión general en la Asamblea Nacional, donde solicitó incluir en la agenda del Pleno el tratamiento del proyecto de nuevo Código Laboral que fue presentado por iniciativa popular, y calificado por el Consejo de Administración Legislativa.
El Director del Instituto Nacional de Contratación Pública (Incop), Juan Fernando Aguirre Ribadeneira, no compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico, a donde fue llamado para informar respecto de la adquisición de vehículos automotores por parte de las instituciones públicas, a través de este organismo.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Fernando Cedeño Rivadeneira, notificó a la Asamblea Nacional los nombres de quienes conformarán el Consejo de la Judicatura que estará integrada por cinco vocales principales con sus respectivos suplentes, quienes durarán seis años en sus funciones.