La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presentó informe favorable respecto de la solicitud del Ejecutivo de aprobar el Acuerdo entre los gobiernos de las Repúblicas de Ecuador y Uruguay sobre Cooperación en el Ámbito de Defensa.
El asambleísta Virgilio Hernández, respecto al proyecto de Ley Interpretativa del último inciso del artículo 203 del Código de la Democracia, informó que la Comisión de Gobiernos Autónomos resolvió por unanimidad remitir al Consejo de Administración Legislativa (CAL), una comunicación en la que expresará que existe una causa en trámite en la Corte Constitucional, sobre la prohibición de mensajes durante una campaña electoral.
El asambleísta Luis Morales Solís (Prian) anunció que convocará a la Comisión de Fiscalización al director General del Registro Civil, Jorge Montaño Prado, a fin de que responda por el despido intempestivo de trabajadores y la denuncia de presunto nepotismo en la entidad.
La Comisión de Soberanía Alimentaria, de Desarrollo el Sector Agropecuario y Pesquero inició el estudio el Reglamento de Aplicación de la Consulta Prelegislativa, sobre la base del borrador presentado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce (AP), presentó informe sobre el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Extranjería.
Alrededor de mil indígenas y campesinos se movilizaron a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de Ley de Tierras y Territorios.
En las inmediaciones de la sede de la Asamblea se instaló una tarima, donde la doctora Libia Rivas, prosecretaria general de la Legislatura, recibió del presidente de la Fenocín, Luis Andrango, la correspondiente propuesta, con el respaldo de 41 780 firmas.
Sobre la base del informe del proyecto de Ley de Inmunidades a los miembros que integran las veedurías o comisiones ciudadanas, preparado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta Washington Cruz, argumentó que en el proyecto se pretende establecer la figura de la retroactividad, aspecto que se halla en conflicto con la norma constitucional y los principios universales del Derecho.
Señaló que en consideración a las referidas normas, así como los principios para la protección y promoción de los derechos humanos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en concordancia con los conceptos doctrinarios enunciados; la comisión recomienda su archivo
Washington Cruz, vicepresidente de este organismo legislativo, dijo que esta propuesta pretende, seguramente con buena intención, beneficiar a un grupo importante pero limitado de la población ecuatoriana, lo que contraviene sin lugar a dudas las características principales que toda normativa legal debe contener.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre del 2005, al aprobar los principios para la protección y promoción de los derechos humanos en contra de la impunidad, hace referencia a que los estados deben incluir en su legislación nacional normas que protejan a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
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El asambleísta Cléver Jiménez, en representación de la bancada de izquierda, anunció que en los próximos días propondrá el enjuiciamiento político del ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, por la suscripción del contrato con la empresa Ecuacorrientes para la explotación del proyecto minero Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe.
El asambleísta Armando Aguilar, representante de la provincia de Sucumbíos y una veintena de representantes de las organizaciones sociales, sindicales, discapacitados, afrodescendientes, trabajadores petroleros, juventudes y transportistas, anunciaron que se unen a la marcha por la democracia y se mantendrán vigilantes ante cualquier intento desestabilizador.
Aguilar indicó que en el actual proceso revolucionario se ha hecho posible la inclusión de amplios sectores sociales y ciudadanos en una política pública de equidad y de justicia, que los sueldos de los maestros sean dignificados, se asegure la educación gratuita hasta el nivel superior, desarrollo en todos los ámbitos como el económico, vial, social y educativo, por lo que respaldarán la marcha por la democracia.
Señaló que las verdaderas organizaciones sociales buscan construir un país equitativo y justo, en paz y en democracia y que cualquier discrepancia se la debe superar en el ámbito del diálogo, por lo que no cederán espacios por presión o actos de fuerza que pueden ser utilizados peligrosamente por sectores políticos empeñados en desestabilizar o propiciar un golpe de estado, que no lo van a permitir.
Informó que están por llegar a Quito dirigentes de las nacionalidades Kichwa de Sucumbíos, quienes han decido no acudir al llamado de la Conaie y respaldar el proceso pacífico que llevan con alegría, en paz y fundamentalmente con la inclusión de todos los sectores sociales.
Por su parte el presidente nacional de “Coordinamos Ecuador”, Jorge Barreto, declaró que las organizaciones sociales, el pueblo afro, montubio, cholo y nacionalidades decidió apoyar este proceso de desarrollo, porque se ha insertado a los indios, cholos, discapacitados y todos los pobres del país. Hay personas que están siendo utilizadas por fuerzas de extrema derecha, por lo que rechazan cualquier intento de desestabilización de la democracia.
El secretario general del Consejo de la Unidad Afroecuatoriana (Conaue) y miembro del Frente Político del Pueblo Afrodescendiente, David Quiñónez, indicó que desde el domingo pernoctan en la Plaza Grande, en el centro de Quito, haciendo vigilia para defender la democracia y el orden constituido, considerando que en 200 años vida republicana, los afroecuatorianos recién tienen espacios de decisión, a la vez que anunció que hasta el jueves próximo tendrán un colectivo de 3000 afrodescendientes defendiendo la democracia.
Entre tanto, Gilberto de la Rosa de Santa Cruz, presidente de los Pueblos Cholos del Ecuador, manifestó que se han unido a las 575 organizaciones existentes al proyecto de cambio, porque han visto que se han hecho carreteras y muchas obras en beneficio de la mayoría de ecuatorianos, criterio que fue respaldado por Luis Mejía, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha.
A su vez, Manuel Narváez, representante de los trabajadores petroleros de las provincias de Orellana y Sucumbíos, sostuvo que acompañarán al proceso ciudadano en defensa de la democracia.
Teddy Andaluz, presidente de la Federación de Discapacitados de la provincia de Los Ríos, dijo que respaldan la marcha, porque están conscientes de la labor que desarrolla a favor de este sector vulnerable.
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En la sesión 153 del Pleno, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta Mauro Andino, enfatizó que a través de este proyecto se deja sin efecto varias disposiciones legales, decretos ejecutivos y supremos y acuerdos ministeriales que permitían el funcionamiento de casinos y salas de juego, cuya validez fue revocada por mandato popular mediante la aprobación de la pregunta 7 del plebiscito de 7 de mayo de 2011.
