El lunes de la próxima semana continuará el proceso de audiencias públicas provinciales en Tungurahua y Pichincha, como parte del proceso de consulta prelegislativa vinculada a los temas sustantivos del proyecto de Ley Orgánica de Culturas.
En la provincia de Tungurahua, el acto se desarrollará en el Salón de la Ciudad, en la Municipalidad de Ambato (Bolívar y Castillo, frente al Parque Montalvo), a partir de las 09:00.
En cambio, la Audiencia Pública Provincial de Pichincha se realizará en el Salón del ex Senado, en la sede de la Asamblea Nacional (Piedrahíta y 6 de Diciembre), a las 09:00.
Según el Instructivo para la Aplicación de la Consulta Prelegislativa, deberán acudir a estas audiencias provinciales las organizaciones de segundo grado con tres representantes por cada entidad. Los sujetos de consulta que no pertenezcan a las organizaciones detalladas podrán participar en la correspondiente audiencia pública provincial a través de una o un delegado.
La respectiva convocatoria la oficializó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, a las y los representantes de las organizaciones indígenas, montubias y afroecuatorianas de segundo grado.
MG/pv
Con el propósito de analizar el conflicto laboral suscitado en el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, invitó para el próximo lunes, al ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas y al Gerente de la Empresa Pública Estratégica encargada del Proyecto (Coca Codo Sinclair EP), Ing. Luciano Cepeda.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, presentó informe favorable del proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil y Código de Procedimiento Civil, que regula el contrato de promesa de compraventa, de iniciativa del legislador Andrés Páez (ID).
Este contrato de promesa de compraventa debe contener el acuerdo sobre los elementos esenciales que formarán parte del contrato futuro definitivo; se realizará por escrito en todos los casos, y por escritura pública cuando la normativa determine tal requisito para la validez del documento principal.
Con la finalidad exclusiva de evitar eventuales perjuicios, las y los Registradores de la Propiedad y Registradores Mercantiles, según correspondan, inscribirán las promesas de compraventa y harán constar tal inscripción en los certificados de gravámenes que emitan. Esta inscripción será requisito de validez de estos contratos.
La normativa determina, además, que la condición debe ser física y legalmente posible; y, cumplirse literalmente, en la forma convenida.
El contrato de promesa de compraventa contendrá una condición o un plazo para su cumplimiento, así como el plazo para celebrar el contrato principal. En los casos que el plazo esté concebido en términos vagos u oscuros, el juez competente, mediante un ejercicio de interpretación podrá señalarlo. Y, en los casos que se haya omitido el plazo, el juez competente lo determinará, bajo las siguientes reglas:
Si el objeto de contrato de promesa de compraventa recae sobre bienes muebles, el plazo para el cumplimiento de la obligación será de tres meses, contados desde la fecha de celebración del mismo; si recae sobre inmuebles, el plazo será de seis meses, señala la propuesta de Andrés Páez Benalcázar.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que hoy martes, 27 de noviembre, a las 17h30, se realizará la ceremonia oficial de designación de la ex Cámara del Senado con el nombre de Salón de la Libertad “José Mejía Lequerica.Como se recuerda, el Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de los presentes, nombró al hemiciclo del ex Senado, “Salón de la Libertad, José Mejía Lequerica”, en reconocimiento a tan ilustre personaje de la historia ecuatoriana, defensor de los esenciales valores humanos, cuyo testimonio y firmes ideales comprometen el respeto y admiración de la comunidad ecuatoriana.
El ilustre patriota quiteño José Mejía Lequerica, hombre de excelsas cualidades, que trascendió como un personaje representativo de la historia nacional, por su destacada actuación en las Cortes de Cádiz, donde desempeñó un papel trascendental por la defensa de los derechos humanos y civiles de los pueblos americanos, configura el mayor referente de los más altos ideales de libertad y visión progresista que inspiró su constante lucha por la construcción de mejores condiciones sociales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que el martes, 27 de noviembre, a las 17h30, se realizará la ceremonia oficial de designación de la ex Cámara del Senado con el nombre de Salón de la Libertad “José Mejía Lequerica.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el trámite del proyecto de Código de Ética de la Función Legislativa, luego que el mismo fuera calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La propuesta, de autoría de la legisladora Cynthia Viteri Jiménez, establece que los asambleístas deberán observar los siguientes principios: ser leal a la patria y a los valores de la nacionalidad; velar por los derechos de las personas, sus garantías y deberes; actuar con justicia, honestidad y probidad; respetar y hacer respetar la Constitución, leyes, reglamentos y este Código; defender y reafirmar el régimen democrático y el estado social de derechos y justicia como forma de gobierno; respetar y observar los principios ideológicos y el programa de acción legislativa propuestos en su campaña.
Igualmente, tendrán que presentar al inicio de su gestión, ante notario público, bajo juramento, una declaración patrimonial para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas bancarias; fiscalizar los actos del poder público de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la institución; guardar reserva sobre los documentos, temas y resoluciones calificados como tales por la Asamblea.
La iniciativa también determina que los parlamentarios cesarán en funciones cuando se les revoque el mandato; se les sancione con la pérdida de su calidad de asambleísta; y, se dicte sentencia ejecutoriada en su contra por el cometimiento de delitos establecidos en la Ley Penal.
Sanciones
Según la propuesta, al asambleísta que se le comprobare enriquecimiento ilícito, se le sancionará con la pérdida de su calidad de tal. No podrán desempeñar otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, a excepto de la docencia universitaria, siempre que su horario lo permita; ni ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado; gestionar nombramientos de cargos públicos; percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función; aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remunerdas en otras funciones del Estado; integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado; celebar contratos con entidades del sector público.
Comité de Disciplina
El proyecto fija la creación del Comité de Disciplina como un órgano de la Asamblea, que estará conformado por un representante de cada bloque, cuya elección se realizará en sesión ordinaria del Pleno, requiriéndose la mayoría absoluta para la elección de cada uno de sus miembros, los que durarán dos años en funciones.
Entre sus atribuciones, el Comité podrá solicitar al Secretario de la Legislatura, para su examen, la declaración patrimonial del asambleísta involucrado en un proceso de investigación o enjuiciamiento; iniciar de oficio o por denuncia procesos de investigación en contra de cualquier parlamentario, que haya incurrido en actos calificados como incorrecciones al Código; informar a la Asamblea para su resolución sobre el proceso de investigación o enjuiciamiento; emitir informe sobre las peticiones de levantamiento de la inmunidad; y, elaborar los pertinentes reglamentos para su eficaz funcionamiento.
MG/pv
En la sesión 204 del Pleno, con 54 votos, los legisladores se allanaron a la objeción parcial proyecto de Ley Orgánica derogatoria a la Ley de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular r Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, que crea el Registro de Datos Crediticios, con la finalidad de prestar el servicio de referencias crediticias, basado en el análisis del historial de cumplimiento de las obligaciones de carácter crediticio de las personas.
El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y a la Ley de Compañías, por el cual se elimina la Central de Riesgos, se crea el Registro Crediticio con dictámenes claros para evitar abusos; se condona las deudas de la banca cerrada de hasta $5.000.
En la Plenaria Inaugural en la que se abordó el tema de la Asamblea, el cambio y la legitimidad democrática, Santiago Basabe, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, al hacer un análisis sobre los rendimientos legislativos y legitimidad democrática en Ecuador desde 1979 al 2012, subrayó que la producción legislativa no está correlacionada con el tamaño del partido del Presidente en la Asamblea, ni con el tamaño de las coaliciones de gobierno en la Asamblea.
En función del alcance e impacto por el tipo de normas que se aprobaron, la producción de la actual Asamblea Nacional es la más alta en comparación con las legislaturas desde 1998, esto debido a que se establecieron normas con profundo impacto en la sociedad. Desde 1984, ningún período legislativo priorizó los temas civiles relacionadas con reformas al Código Civil o de procedimiento, agregó.
Entre 1994 y 2000 las legislaturas priorizaron el tema de educación pero básicamente en la creación de universidades; en todos los congresos existió mayor producción en temas laborales; y, en materia de agricultura, los temas legislativos han sido descuidados, afirmó.
Entre tanto, el asambleísta Virgilio Hernández, señaló que a partir de la Constitución del 2008 se establecieron los caminos para la transformación jurídica del Estado, la democracia y la sociedad y en ese marco, la Asamblea Nacional dio prioridad para generar una legislación secundaria que desarrolle los principios constitucionales en materia de derechos no solo individuales, sino colectivos y un aspecto histórico fue el de plasmar los derechos de la naturaleza.
Dijo que la teoría de transformación del Estado no solo responde a las condiciones nacionales sino también regionales, lo cual marca un profundo cambio en la relación política existente que busca recuperar el papel del Estado, es decir el hecho de fortalecer la democracia con un Estado fuerte versus planteamientos aislados, y para ello, se dio espacios de participación de los actores y beneficiarios de las leyes y de ahí es que se aprobaron leyes con carácter social, económica, en salud, educación.
Dijo que muchos creen que la Asamblea Nacional está subordinada al Ejecutivo, lo que no es así, porque cada poder tiene establecidas sus funciones e independencia. En épocas anteriores se presentó la pugna de poderes lo cual impedía un adecuado juego democrático y generó el entrampamiento de la acción legislativa. Se veía una acción de freno a las iniciativas del Ejecutivo o viceversa, añadió.
Hoy existe una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo para desarrollar una producción legislativa, es decir, se ha desarrollado un proceso de cooperación en la producción legislativa en base a abrir espacios de diálogo entre las dos funciones, por tanto en los análisis de los proyectos se incluyen a representantes del gobierno, lo cual ha permitido que las propuestas legales sean menos vetadas y observadas; y, en el Pleno aprobar proyectos con un promedio de 71 votos.
Por su parte, la analista Paulina Recalde, al referirse a las percepciones ciudadana frente al órgano legislativo en el período 2005-2012, manifestó que la Asamblea es probablemente el poder del Estado que ha vivido más intensamente el proceso de transición institucional que se ha desarrollado en el país, no solo por el cambio de nombre, sino por el inicio de un proceso complejo, largo y de recuperación de legitimidad.
Uno de los elementos centrales para medir la legitimidad de esta institución tiene que ver con el nivel de confianza que despierta en la población. Así en el 2009, el 43% creía que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno y en el 2011 esta cifra cambio al 64%, a la vez que señaló que la población tendía a ver al Congreso Nacional como la piedra de tope del Ejecutivo y se lo veía como el escenario de la pugna de poderes y en ese momento las cifras fueron bajas para el Legislativo, el 4% aprobaba su trabajo en el 2005, 2006 y 2007 y solo el 3% confiaba en esta institución.
Posterior a este proceso la Asamblea tenía que aprobar una serie de leyes en un escenario ya no de pugna de poderes sino de colegislación, aseveró, al sostener que hoy el 50% mira con buenos ojos el trabajo de la Asamblea Nacional
Hablar de la Asamblea no es hablar del oficialismo, es hablar de una serie de organizaciones políticas elegidas por voto popular y que transitan y transcurren cotidianamente en la producción legislativa, subrayó.
En cambio, Hernán Reyes, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, precisó que hay dos elementos que se debe apuntar para entender los problemas de fondo de la democracia ecuatoriana y decir si es que se ha ganado legitimidad democrática, en este caso, la Asamblea Nacional, más allá de los números y de lo que se prevea como escenarios futuros, hay que entender los procesos democráticos ecuatorianos dentro del contexto latinoamericano, sus vicisitudes y problemas.
Las democracias latinoamericanas han estado marcadas por los intereses de grupos de poder y de las élites, lo que ha hecho que esas democracias sean sesgadas, excluyentes, poco ciudadanas y poco participativas.
Dijo que en los últimos años, hay un notable cambio de la percepción ciudadana en cuanto a la Asamblea Nacional, aunque se mantienen rasgos de continuidad en las prácticas políticas parlamentarias. El reto que debe enfrentar la Asamblea Nacional para los próximos años es fundamental como es la recuperación de su rol regulador e interventivo en la sociedad para la aprobación de leyes, así como analizar el tema de la colegislación para que sea bien entendida.
JLVN/pv
