La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó el correspondiente informe para primer debate sobre el proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.
Dichas prácticas debían ser reguladas a través de un reglamento, que para el efecto dictaría el Consejo de la Judicatura; sin embargo, dos años después de la expedición del Código Judicial, éste no se emitió, causando perjuicio a quienes actualmente están cursando los últimos años de su carrera o han egresado y no podrán graduarse por no cumplir con las mismas.
La reforma establece que los estudiantes de los últimos años de estudio de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas, deberán realizar en forma obligatoria un año de servicio a la comunidad mediante la asistencia legal comunitaria en la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, los órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, en los sectores rurales, urbano marginales y organismos y gobiernos seccionales, dando prioridad a aquellos que no cuenten con recursos para contratar abogados de planta, o en cualquier institución del sector público siempre que la práctica se relacione con la asistencia legal.
La Comisión recibió observaciones, por escrito, de los asambleístas Dora Aguirre, Washington Cruz, Jaime Abril, Mauro Andino y Mariangel Muñoz; además del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez; el presidente del Cuarto Tribunal de Garantías Penales de Manabí; Pedro Cornejo; el juez del Quinto Tribunal de Garantías Penales de Guayas, Gabriel Noboa y, Abelardo Posso, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Hemisferios.
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Al tiempo de asegurar que Tania Arias ha estado vinculada activamente al oficialismo, el legislador Andrés Páez Benalcázar (ID), insistió que la oposición no apoyará su designación como delegada de la Legislatura ante el Consejo de Judicatura de Transición.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea un proyecto de reformas a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención, Detención y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que tiene por objetivo determinar la forma en la que se procederá con los bienes muebles e inmuebles que sean objeto de medidas cautelares, en los procesos que se siguen por los delitos a los que se refiere dicha Ley, una vez que exista sentencia condenatoria.
El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Raúl Abad, subrayó que la articulación de la educación superior con la ciencia y la tecnología e innovación, es un proceso histórico en el país que se está consolidando con el trabajo permanente que desarrolla la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología -SENESCYT- desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Educación Superior.
El asambleísta nacional, Pedro de la Cruz, presentó un proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en los lugares de privación de libertad.
Este fue el acuerdo de la reunión de los representantes de las bancadas y agrupaciones políticas, que fue convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, con la finalidad de buscar consenso para continuar la sesión No. 115 del Pleno, suspendida el pasado viernes.
La asambleísta Mary Verduga presentó un proyecto de reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Social, con la finalidad de penalizar la no afiliación al Seguro General Obligatorio.
Este miércoles 20 de julio de 2011, a partir de las 16:00, en el Salón del Exsenado, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, desarrollará un taller de trabajo sobre “Derechos de las Mujeres y Justicia Indígena”, que tiene por objetivo establecer un diálogo abierto con los sectores interesados, sobre la base de los aportes obtenidos del informe de las Naciones Unidas sobre el progreso de las mujeres en el mundo, en busca de la justicia.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, de conformidad con el artículo 12, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a la continuación de la sesión No. 105 del Pleno, a realizarse este martes, 19 de julio, a las 09H30.
Al mediodía de este viernes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) notificó a la Asamblea Nacional la designación de Galo Alfredo Chiriboga Zambrano como nuevo Fiscal General del Estado.La respectiva comunicación está suscrita por la socióloga Marcela Miranda Pérez, titular del Consejo de Participación, misma que fue receptada por el secretario de la Función Legislativa, Andrés Segovia, de manos del secretario del organismo, Antonio Velásquez Pezo.
En la carta se informa que el Pleno del Cpccs, en sesión extraordinaria, de fecha 15 de julio de 2011, una vez presentado y conocido el informe contenido en la Resolución No. CCS-FGE-109-2001, remitido por la Comisión de Selección para la designación de la Primer Autoridad de la Fiscalía General del Estado con la que proclama los resultados definitivos del concurso público de oposición y méritos e impugnación ciudadana, Resuelve: designar al Dr. Galo Chiriboga Zambrano por ser el postulante que ha recibido la más alta calificación dentro del concurso, como titular de la Fiscalía General y disponer que esta resolución sea remitida a la Asamblea Nacional para la posesión respectiva.
Esta designación se efectúa en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales establecidas en los artículos 208 y 210 de la Constitución de la República y el artículo 34 de la Codificación del Reglamento del Concurso de Méritos y Oposición para la selección y designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado, por haberse cumplido todos los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento.
En consecuencia, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, definir día y la hora para la posesión del funcionario, conforme lo establecido en el artículo 120, numeral 11, de la Carta Política.
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