El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, hizo pública la invitación a la señora Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA; así como a diversos organismos internacionales, para que vigilen, las veces que estimen pertinente, el avance de construcción del proyecto de Ley de Comunicación.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado Andrade, convocó a los integrantes de este organismo a la sesión 89, para este miércoles 22 de junio de 2011, a las 15H00, con el propósito de recibir las pruebas testimoniales de ocho testigos, en el proceso de juicio político en contra del ministro de Interior, José Serrano, planteado por el asambleísta César Montúfar.
La relación entre el presidente la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y los relatores de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, ha sido permanente, pues en noviembre del 2009 les invitó que acompañen a la institución en el proceso de formación de la Ley de Comunicación.
Alrededor de 40 asambleístas de diversas tendencias partidistas acudieron al Palacio de Justicia, con el fin de verificar la audiencia de juzgamiento, que se cumple ante el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, presidido por Renato Vásquez, respecto de lo sucedido en la Asamblea Nacional el 30 de septiembre pasado.
La vicepresidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y representante de los migrantes, Dora Aguirre, aplaudió la resolución de la 100 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de aprobar el “Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos”.
Para el lunes 20 de junio, a las 17h00, la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado, convocó a sus integrantes, a fin de avocar conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político presentada por el asambleísta Galo Lara, en contra de la ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce León, “por haber incumplido sus funciones al no haber efectuado los controles necesarios para evitar un fraude en el sistema de aseguramiento de cobertura de protección familiar”.
El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de los presentes (83), rechazó la aplicación de la Ley HB87, firmado en el Estado de Georgia, Estados Unidos, el viernes 13 de mayo de 2011, que criminaliza al migrante que no posee documentación regular.
Con 93 votos afirmativos, cuatro blancos y una abstención, la Asamblea Nacional aprobó el Convenio de Seguridad Social entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela que tiene por objetivo primordial la conservación y garantía de los derechos a la seguridad de los trabajadores migrantes, favoreciendo a ellos y a sus familias, a través del reconocimiento de las prestaciones adquiridas en cada país, tales como la acumulación de los períodos de cotización, garantizándoles una jubilación digna y la portabilidad de sus derechos.
Con 88 votos afirmativos, siete negativos, siete blancos y cinco abstenciones el Pleno de la Asamblea acogió la recomendación de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, de archivar el proyecto de Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización con fines de exportación del Banano y Afines, puesto que su articulado es similar a la Disposición Reformatoria Décima del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que está en plena vigencia.