Los asambleístas miembros del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana eligieron esta mañana a los coordinadores que estarán al frente de este grupo creado con el objetivo de promover y hacer respetar los derechos humanos de las personas en movilidad humana, dentro y fuera de las fronteras ecuatorianas, a través de la modificación de leyes y creación de marcos normativos favorables a la comunidad en movimiento.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de Ecuador se reunió hoy con la finalidad de nombrar el Equipo Coordinador, que estará a cargo del proceso para hacer efectiva la Agenda de Género y Derechos de las Mujeres en la Asamblea Nacional.
El legislador Diego Salgado (CREO) remitió varias observaciones, por escrito, a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en relación al proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Tras expresar que la inseguridad es uno de los principales problemas de hombres y mujeres ecuatorianos, el representante de la provincia de Pichincha consideró la necesidad de modernizar, reforzar y equipar a la Policía Nacional y levantar la moral de los servidores de esa Institución, que tiene 75 años de vida.
En este contexto, resulta fundamental que los policías estén capacitados sicológica, física y científicamente; y, por supuesto, bien dotados de armas para cumplir su principal misión, que es proteger al ser humano y velar por el orden público, dijo.
En cuanto al objeto y ámbito, plantea que la normativa regule la rectoría, actividades, organización, competencias, gestión de personal y, finalmente, el régimen administrativo disciplinario del personal de la Policía Nacional, con fundamento en las normas, principios y garantías establecidos en la Constitución de la República.
Recordó que el Art. 158 de la Constitución, inciso tercero, determina que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, por tanto, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público deberían formar parte integrante de la Policía Nacional y no aparecer como servicios o entidades independientes.
Sugiere omitir la creación de un “Gabinete de Seguridad”, que implementaría las políticas de seguridad ciudadana, nombrado y creado por el Ejecutivo, que puede interferir políticamente, conforme la coyuntura de cada gobierno.
Es partidario que los servidores policiales y civiles, en todos los grados y niveles de gestión, participen en los constantes procesos de capacitación y actualización; que su formación académica, capacitación, perfeccionamiento y especialización, así también la promoción de la doctrina policial se imparta a través del sistema de educación superior de la Institución policial, el sistema de educación superior y centros de especialización en servicios policiales en el exterior.
Añadió que el ascenso constituye un derecho del servidor policial y civil de la institución policial para pasar al grado inmediato superior, previo cumplimiento de los debidos requisitos. Por ello, procederá el ascenso al inmediato grado superior del servidor policial y civil, que falleciere en actos de servicio, aun cuando no haya cumplido con los requisitos fijados en la ley para cada grado, a criterio de Diego Salgado Ribadeneira.
Los asambleístas Myriam González, José Ricardo Moncayo y Teresa Benavides integran la subcomisión de la Comisión de Educación que se encargará de revisar y presentar un informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación o Violencia en los Centros de Estudios del Ecuador (Bullying), de iniciativa del legislador Andrés Páez.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral remitió a la Secretaría General de la Legislatura informe favorable respecto al pedido de aprobación del Convenio de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los Gobiernos de Ecuador y Cuba enviado por el Presidente de la República.
Igualmente, el organismo presentó el informe por medio del cual recomienda al Pleno de la Asamblea la aprobación de la denuncia del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Ecuador, suscrito en Quito el 26 de junio de 1996.
Ambos documentos cuentan con los dictámenes previos y vinculantes de la Corte Constitucional.
Asistencia en materia penal
El Convenio con la República de Cuba forma parte de todos estos esfuerzos supranacionales destinados a hacer más efectiva la administración de justicia y sobre todo la investigación penal en Ecuador y en Latinoamérica, pues además recoge en gran parte los presupuestos de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.
Este tipo de convenios no atentan contra la soberanía nacional, pues en ellos se estipula que se realizarán de conformidad con las limitaciones de la legislación interna del Estado requerido; además, favorece los intereses de los ciudadanos ecuatorianos y cubanos, así como los procesos de integración latinoamericana, según el criterio de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Denuncia
En cuanto a la aprobación de la denuncia del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Ecuador, solicitada por el Ejecutivo, la Comisión determina que las disposiciones del artículo X, numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del instrumento son contrarias a lo establecido en la Constitución del Ecuador; también que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados permite la denuncia cuando se han producido cambios fundamentales de las circunstancias.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado se volverá a reunir hoy, a las 15h00, con el propósito de continuar el conocimiento, debate y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), de conformidad con la convocatoria efectuada por su presidente, Mauro Andino Reinoso.
El presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante, se reunió con el Embajador del Ecuador acreditado en Ginebra, Luis Gallegos Bravo, con quien analizó pormenores y la temática que llevará la delegación legislativa de nuestro país a la próxima Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), a realizarse en Ginebra, en octubre del presente año.
El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Asamblea Nacional socializó entre sus miembros los estatutos y realizó una exposición de los objetivos alcanzados a través de este espacio de participación de las y los asambleístas, como por ejemplo la incidencia en la elaboración del Código Orgánico Integral Penal y la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia.