El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Juan Carlos Cassinelli, anunció que conjuntamente con los miembros de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, trabajará en una serie de mesas de diálogo y conversatorios acerca del emprendimiento en el Ecuador, con la finalidad de conocer este tema más a profundidad desde una arista técnica, académica y social.
A través del correo electrónico, la Secretaría General de la Asamblea Nacional puso a consideración de las y los legisladores el proyecto de Ley de Fomento al Empleo Juvenil, de iniciativa del parlamentario Diego Salgado Ribadeniera, representante de la provincia de Pichincha.
La normativa promueve el trabajo decente de mujeres y hombres jóvenes, vinculando el empleo, la educación y la formación técnica profesional en base a los derechos fundamentales, tomando en cuenta que la Constitución sostiene como derecho el primer empleo, al cual han accedido 12 mil jóvenes.
Para tal efecto, la propuesta crea herramientas tendientes a generar oportunidades para el acceso al mundo del trabajo en relación de dependencia, así como la realización de prácticas laborales en el marco de programas educativos y de formación y la promoción de emprendimientos juveniles.
Salgado menciona que con esta legislación se busca potenciar el concepto de trabajo decente que alude a un trabajo productivo con remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el empleado y su familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afecten a sus vidas, además de la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres.
Enfatiza que la promoción del trabajo decente juvenil deberá considerar la situación de las personas jóvenes provenientes de los hogares en pobreza o extrema pobreza, velando especialmente por quienes tengan cargas familiares, especialmente jóvenes embarazadas en condición de empleo que se encuentren desvinculadas del sistema educativo, así como de los jóvenes desempleados con discapacidades físicas y/o mentales, de acuerdo a los requerimientos del puesto de trabajo.
MG/pv
El presidente de la Asociación de Residentes Argentinos en Ecuador, Roque Damone, resaltó la trascendencia del "Convenio de reconocimiento de títulos y certificados de estudio de educación primaria, educación general básica y secundaria o sus denominaciones equivalentes entre las Repúblicas de Ecuador y Argentina", aprobado por la Asamblea Nacional.
En diálogo con La Radio de la Asamblea Nacional, desde la ciudad de Buenos Aires, el directivo mencionó la apertura y socialización desarrollada en esta temática al interior de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral y, luego durante su trámite y aprobación en el Pleno.
La generación de ese tipo de instrumentos significa, sin lugar a dudas, achicar distancias y, lo que es más, hablar de la Patria Grande, por tanto, es avanzar en la consolidación del sueño de nuestros libertadores: Bolívar, San Martín, Sucre, precisó.
Esto beneficiará, continuó, a muchos de los niños y jóvenes de ambas naciones hermanas, más aún cuando el Convenio facilita la convalidación de los títulos alcanzados por los ecuatorianos que residen en Argentina y viceversa, así como a los que están cursando estudios, al destacar la preocupación de los presidentes Rafael Correa y Cristina Fernández y de los Parlamentos de las dos naciones para concretar este objetivo.
De esta manera, se profundiza la política sin barreras y sin fronteras en América Latina, además el anhelo que la Patria Grande sea de todos y para todos, concluyó Damone.
MG/eg
La asambleísta María José Carrión (AP) manifestó que el artículo inicial relativo a la sanción para la mala práctica profesional, constante en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), fue objeto de varias modificaciones importantes durante dos años de debate y socialización de la normativa, recogiendo, para el efecto, aportes, sugerencias y observaciones de los sectores inmersos en la temática.
Enfatizó que en la construcción del proyecto tomaron en consideración los puntos de vista conceptuales y técnicos de los sectores de la salud, de los familiares de las personas que han fallecido por la mala práctica profesional, al reconocer que la búsqueda de ese punto medio, de equilibrio, tan deseado, ha sido realmente un proceso largo y difícil, más aún cuando se presentaron dos posturas diferentes.
En el texto final del artículo 146 del COIP se determinó la concurrencia de ciertos aspectos que deberían ocurrir, de manera simultánea, para que se configure el delito de la muerte culposa por mala práctica profesional, lo que permite que se analice el profesionalismo del personal que brinda oportunamente atención de salud y las circunstancias en las que se presentó el hecho, para verificar que la muerte de un paciente es o no directamente responsabilidad del médico, agregó.
Precisó que los administradores de justicia deben estudiar todas las circunstancias que ocurren cotidianamente en las casas de salud, es decir, complicaciones normales de una enfermedad, problemas generados por la aplicación de la anestesia durante intervenciones quirúrgicas, la recuperación y por el suministro de medicamentos, etc.
Argumentó la trascendencia de la disposición que establece que frente a una denuncia, el fiscal, en la fase de indagación, solicitará un perito especialista en cada área, quien analizará el caso, la historia clínica, el tratamiento previo, el tipo de enfermedad, las complicaciones, entre otros aspectos, que serán insumos fundamentales para los administradores de justicia.
Explicó que se incorporó también una figura que delimita dos tipos de sanción: de uno a tres años en caso de culpa menor y de tres a cinco años cuando se comprueben acciones peligrosas, riesgosas e ilegítimas.
Tras invocar a la clase médica a profundizar el conocimiento y alcances del artículo 146 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, señaló que la propuesta de eliminar los términos riesgoso e innecesario en cuanto al delito por homicidio culposo por mala práctica profesional la puede decidir el Ejecutivo, a través de un veto.
MG/pv
Con 90 votos afirmativos, los parlamentarios aceptaron el veto parcial respecto de la reforma al artículo 62 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que los gobiernos autónomos descentralizados asuman las competencias de los patronatos.
El asambleísta Antonio Posso Salgado, ponente e integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, expresó que el Convenio de reconocimiento de títulos y certificados de estudio de educación primaria, educación general básica y secundaria o sus denominaciones equivalentes entre Ecuador y Argentina, es un instrumento internacional de gran trascendencia para el país, en materia de estudios, en el proceso migratorio y de movilidad humana.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los presentes, 119 asambleístas, el convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudio de Educación Primaria, Educación General Básica y Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes entre Ecuador y Argentina, que facilitará la inserción en el ámbito educativo de personas migrantes de los dos países a través del reconocimiento y la validación de los estudios realizados.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, Juan Carlos Cassinelli, atendiendo una invitación formulada por Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados de México, Distrito Federal, viajó a México con la finalidad de reforzar los lazos de amistad entre los parlamentos mexicano y ecuatoriano.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Oswaldo Larriva, al comentar el anuncio del presidente de la República, Rafael Correa, que en los próximos días enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de Código Monetario, señaló que el mismo reemplazaría a 21 leyes, con lo cual Ecuador tendría una nueva legislación monetaria y financiera orientada a privilegiar el área social y humana, antes que el capital, es decir que el valor económico no estará sobre el interés ciudadano.
Ahora, el mayor objetivo de Alianza País (AP) es que la revolución avance a los territorios, destacó la asambleísta Ximena Ponce León, al dar a conocer lineamientos que han elaborado para enfrentar la campaña electoral.
Comentó que las organizaciones de base escogieron a los candidatos y candidatas para las elecciones seccionales, definieron el plan de gobierno y establecieron también una estrategia sectorizada para iniciar los recorridos, tomando en cuenta los pasados resultados electorales de asambleístas.
Anunció que mantendrán y profundizarán el trabajo puerta a puerta. Vamos a exponer el plan de gobierno, presentar a los candidatos y, lo que es más, las propuestas, mismas que serán puestas a debate y discusión. Pretendemos lograr más adhesión ciudadana sobre la base de propuestas, no solo por la simpatía o los discursos, ya que ello reclama y está pendiente la población, a fin de tomar una decisión democrática y reflexiva, enfatizó.
Mencionó que PAÍS ha inscrito candidatos a las alcaldías en los 221 cantones, así como para todas las prefecturas y en igual medida para las juntas parroquiales rurales; en algunas zonas en alianza con otras tiendas políticas.
Le apostamos a ganar las alcaldías y contar con mayoría en las entidades seccionales, pues ello permitirá que el proyecto de la revolución ciudadana, a través de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), se afiance en el territorio, agregó.
Manifestó que, particularmente, tiene la responsabilidad de trabajar en el cantón Rumiñahui y el Distrito Norte de Quito, para lo que, oportunamente, pedirá licencia, a fin de integrarse de forma activa a la campaña.
Por último, dijo que la participación del presidente Rafael Correa, primer militante de PAÍS, en la campaña, a no dudarlo, vigorizará la acción de los candidatos y el proyecto en su conjunto.
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