La Comisión de Gobiernos Autónomos, que preside el asambleísta Richard Calderón, brindó su contingente para la aprobación de cuatro leyes en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el período mayo - diciembre. En el Informe de Gestión, que contiene la información de los proyectos de ley tramitados en el organismo legislativo, se destacan los principales resultados y las actividades de gestión y cooperación.
El asambleísta Gilberto Guamangate, miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, anunció que el organismo legislativo estableció como hoja de ruta, para inicio del año 2014 el tratamiento del proyecto de Ley de Coordinación de la Justicia Indígena y Justicia Ordinaria.
Dijo que se requiere este tratamiento en concordancia a la aplicabilidad del Código Orgánico Integral Penal, recientemente aprobado en la Asamblea Nacional.
El asambleísta recordó que la Constitución establece dos jurisdicciones: la indígena y la ordinaria y en ese contexto una de las transitorias del COIP determina que para el caso de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se aplicará de acuerdo a lo que establezca la Ley. En este sentido, lo que se discute es la procedencia para ver como se puede empezar y si amerita o no la consulta prelegislativa, explicó.
Informó que este proyecto no solo será conocido en el país, sino que será presentado en el Parlamento Latinoamericano..
COIP
El legislador señaló que el Código Integral Penal COIP es una ley progresista y sobre todo tiene sindéresis con la Constitución. “Hemos cumplido como asambleístas y como Asamblea Nacional, a las demandas del pueblo ecuatoriano”.
Esta normativa estaba dispersa en diferentes libros y hoy por hoy está aglutinada en un solo cuerpo legal, que no solo está pensada en los abogados y en los operadores de justicia, sino en los ciudadanos de todo el país, destacó.
Transporte comunitario
Sobre el transporte comunitario de las nacionalidades y comunidades del país, manifestó que han sido muy responsables con las acciones que determinan algunos sectores y después de varias propuestas sobre el tema se decidió determinar el plazo de tres meses para que la Agencia Nacional de Tránsito pueda regularizar el transporte público en todo el país, otorgando las garantías que el caso que amerita.
RSA/pv
Tras calificar como histórica la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, reconoció el esfuerzo y trabajo de la Comisión de Justicia y de todos los legisladores para darle al país una normativa moderna y una herramienta fundamental, que permitirá avanzar en la lucha contra la inseguridad y la corrupción.
Precisó que hoy toda la legislación penal, que por años ha estado dispersa en múltiples leyes y códigos, ha sido recogida en el COIP, lo cual es saludable para el Ecuador, a fin de que los ciudadanos conozcan cuáles son sus responsabilidades y derechos.
Manifestó que con la tipificación del femicidio, como delito propio, se dio respuesta al clamor de la población, visibilizando, así, este gran problema, que es la violencia extrema que puede terminar con un asesinato por cuestiones de género, lo que ayudará a tener una estadística más confiable y conocer, a cabalidad, la realidad del caso para establecer políticas públicas adecuadas que terminen con la violencia intrafamiliar.
Insistió que la flamante normativa se convirtió en urgente y necesaria, más aún cuando el código vigente data de hace más de 70 años, con ciertas reformas, cuya fuentes eran los códigos francés y napoleónico, de más de 180 años.
Sostuvo que el cuerpo jurídico contiene figuras modernas para sancionar los delitos informáticos, la trata de personas, los delitos financieros y económicos; de evasión tributaria, de desfalco al fisco; etc., que viabilizarán una lucha adecuada contra la corrupción, al subrayar que las disposiciones son bastante entendibles, para que abogados particulares, jueces, fiscales y todos los operadores de justicia podamos afianzar el propósito de que Ecuador cuente con una justicia más confiable en el área penal.
Por último, recordó que la Defensoría Pública propuso el juicio por jurados, a fin de ciudadanizar la justicia penal; sancionar el delito cometido por las entidades financieras por las tarjetas de crédito principalmente, que sin dar aviso a los usuarios les descuentan valores de uno, dos y hasta tres dólares que no constaban en el contrato, lo que se convierte en un jugoso negocio ya que existen tres millones de tarjetahabientes; y, la figura de los servicios previos al juicio, para evitar un uso abusivo de la prisión preventiva, que espera que en otra ocasión se tomen en cuenta.
MG/pv
En el Programa Hazañas y Personajes del Deporte, de La Radio de la Asamblea, el asambleísta Virgilio Hernández explicó el contenido de su propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientadas a enfrentar el problema de la violencia en escenarios deportivos y, en general, en sitios de concentración masiva.
En este diálogo participó el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Aníbal Fuentes, quien consideró que “ya era hora” de analizar la raíz del problema y, lo que es más, implementar medidas legales para prevenir hechos de violencia y evitar situaciones extremas e incontrolables, de impredecibles consecuencias, como se ha dado en países vecinos. La temática estaba en la voz de todos, pero nadie hacía nada, agregó.
Mencionó que hasta hace poco tiempo la familia se preparaba toda la semana para asistir a un encuentro deportivo, donde, justamente, la gente disfrutaba del mismo y también confraternizaba, en un ambiente de respeto mutuo. Hoy, en cambio, existe temor de acudir por la actitud de las supuestas barras organizadas, el léxico que ofende la dignidad de las personas, las constantes peleas, a lo que se suma que algunos desadaptados causan destrozos contra bienes del escenario, llevándose incluso partes de las baterías sanitarias, pintan grafitis en las paredes, etc., hechos que merecían un pare.
Clima de paz
Virgilio Hernández aseveró que las reformas penales no intentan, de manera alguna, acabar con la actividad deportiva, sino, por el contrario, que ésta se realice en un ambiente de paz, con las pertinentes seguridades, al informar que se ha establecido que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública.
La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista para cada caso, aumentada en un tercio, agregó.
También, continuó, se determina que la persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días y multa del doble del monto del beneficio obtenido en el evento objeto de la infracción.
Expresó que será sancionada con multa de 75% de un salario básico unificado del trabajador en general y con pena privativa de libertad de 10 a 15 días la o el propietario o administrador de establecimientos en funcionamiento que no cumplan las medidas vigentes de seguridad frente a incendios; la persona que cierre las puertas de emergencia de los establecimientos de concurrencia masiva, que impidan la evacuación de las personas, considerándolas como contravenciones de tercera clase.
MG/pv
En el Programa Hazañas y Personajes del Deporte, de la Radio de la Asamblea, el asambleísta Virgilio Hernández explicó el contenido de su propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientadas a enfrentar el problema de la violencia en escenarios deportivos y, en general, en sitios de concentración masiva.
En este diálogo participó el presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha, Aníbal Fuentes, quien consideró que “ya era hora” de analizar la raíz del problema y, lo que es más, implementar medidas legales para prevenir hechos de violencia y evitar situaciones extremas e incontrolables, de impredecibles consecuencias, como se ha dado en países vecinos. La temática estaba en la voz de todos, pero nadie hacía nada, agregó.
Mencionó que hasta hace poco tiempo la familia se preparaba toda la semana para asistir a un encuentro deportivo, donde, justamente, la gente disfrutaba del mismo y también confraternizaba, en un ambiente de respeto mutuo. Hoy, en cambio, existe temor de acudir por la actitud de las supuestas barras organizadas, el léxico que ofende la dignidad de las personas, las constantes peleas, a lo que se suma que algunos desadaptados causan destrozos contra bienes del escenario, llevándose incluso partes de las baterías sanitarias, pintan grafitis en las paredes, etc., hechos que merecían un pare.
Clima de paz
Virgilio Hernández aseveró que las reformas penales no intentan, de manera alguna, acabar con la actividad deportiva, sino, por el contrario, que ésta se realice en un ambiente de paz, con las pertinentes seguridades, al informar que se ha establecido que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años, si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública.
La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista para cada caso, aumentada en un tercio, agregó.
También, continuó, se determina que la persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días y multa del doble del monto del beneficio obtenido en el evento objeto de la infracción.
Expresó que será sancionada con multa de 75% de un salario básico unificado del trabajador en general y con pena privativa de libertad de 10 a 15 días la o el propietario o administrador de establecimientos en funcionamiento que no cumplan las medidas vigentes de seguridad frente a incendios; la persona que cierre las puertas de emergencia de los establecimientos de concurrencia masiva, que impidan la evacuación de las personas, considerándolas como contravenciones de tercera clase.
MG/pv
El Ejecutivo remitió para conocimiento y resolución de la Asamblea Nacional el Acuerdo Marco de Cooperación con el Gobierno de Turquía; y, el Acuerdo de Seguridad Social entre las Repúblicas de Ecuador y Colombia.
Acuerdo Marco de Cooperación con Turquía
Fue suscrito en la ciudad de Ankara el 15 de marzo de 2012, por medio del cual las Partes se comprometen a promover y fortalecer la cooperación entre los dos países basándose en el principio de igualdad, respeto mutuo de las soberanías nacionales, reciprocidad en las ventajas, de acuerdo con su legislación interna, las regulaciones internacionales relevantes.
Dicha cooperación se desarrollará en los campos de planificación y desarrollo; medio ambiente y recursos naturales; tecnología e innovación productiva; energía; minería; pesca; agricultura y agro industria puertos; transporte y comunicaciones; vivienda y desarrollo urbano; turismo; salud y bienestar social.
La Comisión de Cooperación Conjunta, conformada por representantes de ambos Gobiernos será presidida por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países o por los representantes nombrados para el caso; se reunirá cada dos años de manera alterna en Ecuador y Turquía, en las fechas que las Partes así lo acuerden.
Acuerdo de Seguridad Social con Colombia
Se firmó el 11 de diciembre de 2012, en la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi, por parte del ministro de Relaciones Exteriores, de Comercio e Integración del Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, con su homólogo colombiano.
Tiene por objeto proteger a los trabajadores las partes contratantes que cuenten con períodos de seguro en cualquiera de los estados parte, Ia conservación de los derechos de seguridad social adquiridos o en vías de adquisición.
En el documento se pone de manifiesto la importancia de asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos Estados que ejerzan o hayan ejercido una actividad sujeta a afiliación en el otro, para una mejor garantía de sus derechos. Más aún, para efectivizar el desarrollo y aplicabilidad del Convenio lberoamericano de Seguridad Social.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán acceder al seguro de invalidez, vejez y muerte, que incluye pensiones de supervivencia a viudas y huérfanos, y el auxilio de funerales, acorde a las legislaciones relativas a la prestaciones contributivas del Seguro General Obligatorio a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones de Colombia, respectivamente.
MG/pv
En el Salón 2, de la Sede Legislativa, se llevó a efecto el acto de homenaje a la señora Bertha Mendoza de Tapia, en reconocimiento a su trayectoria como poeta y escritora, nacida en Santa Ana, provincia de Manabí.
La asambleísta Verónica Rodríguez le impuso la condecoración Matilde Hidalgo de Procel al Mérito Cultural, mientras la legisladora Teresa Benavidez dio lectura al contenido del Acuerdo Legislativo. En la ceremonia participaron parlamentarios manabitas, así como Paola Pabón, René Yandún y Octavio Villacreses, representantes de Pichincha, Carchi, Guayas, respectivamente.
Bertha Mendoza de Tapia ha publicado sus trabajos tanto en periódicos y revistas de nuestro país cuanto en revistas universitarias de los Estados Unidos. En 1996 apareció su colección de poemas Flores de Otoño. En 1971 recibió el primer premio del concurso de poesía de la Casa de la Cultura de Long Beach; reside actualmente en Yorba Linda, California.
MG/pv
El presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), Francisco Cadena, explicó, en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la metodología y análisis de indicadores de evaluación para la categorización de las universidades ecuatorianas.
El proyecto de Código Orgánico Integral Penal, aprobado esta víspera por la Asamblea Nacional, con 101 votos, responde a los principios de la Constitución de la República y se adecua a los compromisos internacionales aprobados por el Ecuador.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, presentó informe favorable sobre el Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudio de Educación Primaria, Educación General Básica y Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes entre Ecuador y Argentina, a través del cual recomienda al Pleno su aprobación.
El organismo legislativo consideró que dicho instrumento facilitará, en gran medida, la inserción en el ámbito educativo de muchas personas migrantes tanto en Ecuador como en Argentina, mediante el reconocimiento y validación de los estudios realizados.
También fortalecerá las relaciones bilaterales y es un paso importante para la integración Latinoamericana y guarda conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Consta de 7 artículos que incluyen disposiciones relativas a: reconocimiento de estudios completos; reconocimiento de estudios incompletos; comisión técnica bilateral; actualización de la tabla de equivalencias; tabla adicional; aplicación del instrumento; solución de controversias; vigor, cumplimiento y modificación.
Dictamen de la Corte Constitucional
Con fecha 14 de agosto de 2013, la Corte Constitucional emitió el respectivo dictamen previo y vinculante, en el que declara que tal convenio, suscrito el 4 de diciembre de 2012 en la ciudad de Buenos Aires, es compatible con la Constitución ecuatoriana.
Aportes
En el marco del proceso de socialización, la comisión recibió aportes y observaciones de Jaime Roca y Wilson Ortega, del Ministerio de Educación; Daniel Ortega, coordinador General de Derechos y Garantías del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, delegado del Canciller; Roque Damone, representante de la Asociación de Residentes Argentinos en el Ecuador.
MG/pv
