La asambleísta María Paula Romo rechazó las versiones emitidas por el ex diputado Carlos González, quien se refirió a un supuesto tráfico de influencias y aseguró que Carlos Alberto Vidal, pariente en tercer grado de afinidad de la asambleísta, tiene contratos con el Estado.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales, José Chucin, acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por Nivea Vélez, con el fin de solicitar la ayuda para que reingresen 109 trabajadores que fueron separados del Municipio de Quito.
“Solamente faltan los detalles de forma y redacción”, para presentar la petición de juicio político al Ministro Fiscal General, Washington Pesántez, dijo el asambleísta Francisco Velasco, al asegurar que el documento contará con las firmas que sean necesarias.
En una caminata desde Santo Domingo de los Tsáchilas, alrededor de 600 personas, entre maestros, estudiantes y padres de familia, con el respaldo de la Prefectura Provincial, la Alcaldesa de la ciudad, concejales, directores departamentales del Municipio y organizaciones sociales, pidieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social interponga sus buenos oficios para obligar a las autoridades responsables el pago de 11 meses de remuneración que se les adeuda a 67 maestros de la Universidad Central del Ecuador extensión de Santo Domingo.
Para mañana, a las 9H00, los asambleístas están convocados a la sesión 33 del Pleno, a fin de tratar las objeciones parciales del Ejecutivo a los proyectos de Ley reformatoria a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal y a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; así como la votación del proyecto de reformas al Código Penal para la tipificación de los delitos cometidos en el Servicio Militar y Policial; la posesión del Consejo de Participación Ciudadana; y, declarar al 21 de marzo como “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”.
Los asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos se reunirán esta semana para conocer la sistematización las observaciones recibidas por escrito respecto al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Los presidentes de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y de la Comisión de Justicia, María Paula Romo, solicitaron al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que analice la posibilidad de revocar la resolución mediante la cual se determina que para el ejercicio de la acción penal pública, esto es para el inicio de la instrucción fiscal, por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del Código Penal y los artículos innumerados agregados a continuación del Art. 296 del mismo Código, capítulo del “Enriquecimiento Ilícito” se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en el que se determinen indicios de responsabilidad penal”. Descargue el documento aquí.
Según el artículo 2 de la mencionada resolución se establece que “para el inicio de la indagación previa no se requiere el informe expresado en el artículo anterior, pero el fiscal interviniente, tan pronto llegue a su conocimiento, por cualquier medio, hechos presumiblemente constitutivos de peculado y enriquecimiento ilícito debe solicitar a la Contraloría la práctica de la auditoría gubernamental sobre tales hechos, así como la remisión del informe respectivo que, de establecer indicios de responsabilidad penal, ha lugar al inicio de la instrucción penal”.
Con la recomendación de que se suspenda en trámite del proyecto de Ley Derogatoria del Art. 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado para dar paso a que un organismo internacional especializado establezca la real situación de la liquidez en el sistema financiero nacional, inició su intervención el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Fernando Pozo Crespo, en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, dirigida por el asambleístas Francisco Velasco.
Las asignaciones a los gobiernos seccionales se ajustan a las leyes vigentes y a las resoluciones de la Asamblea Nacional, insistió la Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, al responder las preguntas formuladas por el asambleísta Luis Morales Solís, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, respecto de los ingresos presupuestados para el 2010.
En la Comisión de Régimen Económico y Tributario, el experto económico Abelardo Pachano, subrayó que el proyecto que deroga el Art. 2 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, auspiciado por el Presidente de la República, dejará a discreción del Banco Central el respaldo de los depósitos que recibe, lo cual traería consigo la inestabilidad de la dolarización; puede ser un germen que destruya la confianza, con una repercusión negativa en el futuro.
