Asambleísta por la provincia de Azuay | Presidente de la Comisión Del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió, este martes 12 de marzo, en la sesión 580, el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Energética, sobre la base del informe no vinculante presentado por la Comisión de Desarrollo Económico.
El Parlamento se ratificó en los textos originales a los artículos 7, 8, 13 y 14, que se refieren a la conformación del Comité Nacional de Eficiencia Energética y sus funciones, así como en los temas de eficiencia en la construcción y el transporte.
La normativa busca que la eficiencia energética se desarrolle en el país, con una legislación específica y clara, la cual contribuirá al ahorro de energía, la lucha contra el cambio climático y a vivir en un ambiente sano.
Promueve el ahorro de energía, favoreciendo el bolsillo de los ciudadanos; fomenta la competitividad; el uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias. Con esto se reducirá el impacto ambiental y contribuirá a no poner en riesgo la soberanía alimentaria, tomando en cuenta que el cambio climático ha empeorado las condiciones de vida de los agricultores y pescadores.
También, se orienta a la optimización de los recursos del país, puesto que se reducirá el uso de combustibles no renovables, como gasolina y diésel, los cuales el Estado tiene que subsidiar.
En Ecuador, de toda la energía que se consume el 67 % está en uso de diésel, gasolina y gas licuado. Apenas el 15 % es a base de electricidad.
Movilidad eléctrica
La propuesta incentiva la proliferación de la movilidad eléctrica (vehículos públicos y privados); crea un Fondo Nacional de Fomento e Inversión en eficiencia energética; establece un Sistema Nacional de Eficiencia Energética (Snee) para promover el uso eficiente, racional y sustentable de la energía.
Se desarrollará un monitoreo de los avances y resultados de los programas ejecutados para contar con estadísticas que permitan tomar futuras decisiones.
MG/eg
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Desde este marzo, la Asamblea retoma sus actividades y su objetivo es avanzar con lo programado en la Agenda Legislativa Priorizada, que ya tiene importantes avances. Hasta febrero de 2019 dio paso a 21 proyectos de Ley enfocados en generar producción y desarrollo; más democracia; así como mayor seguridad y defensa. De éstas, diez tuvieron el apoyo unánime.
Aprobó normas que permitirán mayor inversión y empleo, pues contienen incentivos para que más empresas se asienten en todas las regiones del país; además, para reactivar a la construcción, con menos carga impositiva; y otras que se enfocan en el desarrollo de las fronteras internacionales y zonas afectadas por el terremoto de 2016.
Con otras propuestas, la Asamblea atendió los requerimientos de estudiantes, adultos mayores, jubilados, amazónicos, del sector cultural, de defensores de derechos humanos, entre otros. Además, impulsó mecanismos para el establecimiento de un verdadero poder popular y control social.
La Amazonía contará con más de $ 400 millones para solventar diferentes proyectos y necesidades, como servicios básicos, vivienda, vialidad, educación, turismo, emprendimientos. Mientras que, desde enero de 2018 para quienes pertenecen al seguro social campesino se aprobó una norma para que se les aumente de $ 65 a $100 sus pensiones, mientras que los nueve mil maestros jubilados, deben recibir la totalidad del incentivo por su retiro.
También aprobó iniciativas para garantizar más acceso a las universidades, mayor libertad de expresión, facilidad para realizar trámites y acceso a servicios, mejores condiciones y agilidad para el acceso a la justicia, fortalecimiento de expresiones culturales y mayor garantía para la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza; así como para prevenir la violencia contra las mujeres y en los escenarios deportivos.
A fin de contribuir en la lucha contra la corrupción, aprobó una norma que busca generar acciones para evitar la impunidad, pero fue vetada totalmente. Sin embargo, tramita una nueva y otra para recuperar el dinero desviado por la corrupción e impulsar, con incentivos, la participación ciudadana en esa tarea.
Fiscalización y control político
El Consejo de Administración Legislativa, CAL, dio paso al trámite de siete pedidos de juicio político. En el Pleno, fueron censurados el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; el ex fiscal, Carlos Baca; y el exprocurador del Estado, Diego García. En tanto, no hubo los votos para los casos del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y para el exministro de Economía, Carlos de la Torre.
A nivel interno destituyó a las exasambleístas Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza.
Acuerdo por la Gobernabilidad
Con la convicción de que el país demanda acuerdos entre todos los sectores del Estado y la sociedad, la Asamblea impulsó el Acuerdo por la Gobernabilidad. A la convocatoria asistieron más de 200 representantes de todas las funciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y gremios colegiados.
Acordaron avanzar en el impulso del desarrollo productivo, atracción de inversiones, empleo, nuevas tecnologías, oferta educativa, fortalecimiento del sistema electoral, mecanismos de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, control de la delincuencia y el crimen organizado, entre otras propuestas.
Participación internacional
Ecuador logró una importante representación en ParlAméricas, con la vicepresidencia, que recayó en Elizabeth Cabeza, presidenta del Parlamento ecuatoriano. Además, muchos de nuestros legisladores son parte de importantes organismos internacionales como la Unión Interparlamentaria y el Parlatino.
LILA
La comparecencia del ministro de Economía, Richard Martínez, será una de las primeras actividades que realizará la Comisión del Desarrollo Económico, una vez que concluya el receso legislativo, este 1 de marzo. También dará prioridad a los proyectos que tengan que ver con el impulso al emprendimiento, innovación, fomento artesanal y cuidado del ambiente. Así lo anunció su presidente, el asambleísta Esteban Albornoz.
El pasado 5 de febrero, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para solicitar la comparecencia de Martínez en la Comisión del Desarrollo Económico para que informe el impacto de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, así como las razones que motivaron desarrollar un nuevo cálculo de intereses por los pagos mínimos o parciales de deudas con tarjeta de crédito. Lo hará como presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria.
Albornoz explicó que, aunque este cómputo ya no se lo ejecutará, es importante conocer cuáles fueron los motivos de la medida. Por otra parte, recordó que presentó un proyecto de Ley que busca evitar los cobros indebidos de los bancos, evitar llamadas impertinentes y hacer un buen uso de la base de datos del sector financiero y de telefónicas. La iniciativa se tramita en la Comisión de Régimen Económico.
El organismo también está preocupado por el cambio climático, que afecta, entre otros sectores, al agrícola. Por ello, continuará con el trámite del proyecto de Ley que busca la reducción del plástico de un solo uso. Además, espera que el Pleno resuelva el veto parcial a la Ley de Eficiencia Energética, cuyo informe está listo. Las dos iniciativas son de Albornoz.
Respecto del proyecto de Ley de Emprendimiento, el Presidente manifestó que le darán todo el impulso, tomando en cuanta la vocación que tiene el país para estas actividades y por su capacidad de generar empleo. Lo mismo harán con propuestas sobre el fomento artesanal.
LILA/eg
Las unidades de Técnica Legislativa, Evaluación y Mejoramiento de la Ley; y, de Control de la Ejecución Presupuestaria, contribuirán a mejorar la gestión de la Asamblea Nacional en la formulación de las normativas y desarrollo del presupuesto estatal.
Estas unidades constan en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea, durante las jornadas de trabajo del 12 y 13 de febrero de 2019, con la intervención de 18 parlamentarios.
Unidad de Técnica Legislativa
Tiene como objeto acompañar el proceso de creación de la norma, evaluación ex post de la ley, sugerir reformas que se requieran y proveer a las comisiones especializadas y al Pleno de la Asamblea de un informe, no vinculante, sobre las normas legales vigentes que serían compatibles, que se verían afectadas o deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la normativa propuesta.
Le corresponderá, también, verificar el lenguaje utilizado y evitar el uso de términos no discriminatorios; impacto de género de las normas sugeridas; y, las garantías del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Además, evaluar, por disposición del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), los cuerpos legales que se encuentren vigentes, bajo una metodología que, al menos, contemple los impactos económico, financiero, social, cultural, ambiental, institucional y legal; conformar un archivo público de los procesos de evaluación de la ley; crear y mantener una red de organizaciones sociales interesadas en participar en este proceso.
Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria
Será responsable de analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado, la programación anual y cuatrianual, en concordancia con el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, así como estimar el costo de implementar las leyes propuestas en la Asamblea.
Igualmente, apoyará en el análisis previo a la aprobación de la pro forma anual y de la programación cuatrianual; elaborará -en el término de cinco días- un informe no vinculante de la pro forma, para conocimiento de la comisión especializada.
Así mismo, brindará apoyo técnico en el seguimiento que deben realizar las comisiones especializadas, en el ámbito de sus competencias, de la ejecución del Presupuesto anual aprobado por la Legislatura; preparar informes semestrales del cumplimiento de este instrumento y, un reporte anual de la programación cuatrianual. Realizará, además, el seguimiento de la aplicación obligatoria del enfoque de género, generacional e intercultural en los presupuestos.
MG/eg
Las sociedades que se dediquen a la producción audiovisual, de vídeos musicales, telenovelas, series, miniseries, reality shows, tanto televisivas como en plataformas en Internet, o cinematográficas, tienen derecho a que les sea reintegrado el 50 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en el desarrollo, preproducción y postproducción. Esto, si es que sus rodajes se realizan en Ecuador.
Así lo establece la Ley de Fomento Productivo aprobada por la Asamblea y que está vigente desde el 21 de agosto de 2018. La norma indica que la devolución de ese porcentaje será a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro medio de pago.
Las sociedades que pretendan beneficiarse de esta disposición deberán registrarse, previa solicitud de devolución, en el Servicio de Rentas Internas. Este incentivo no abarca a las sociedades que se dediquen a las actividades de programación y transmisión, aún cuando tengan a su cargo actividades de producción.
Producción nacional
La Ley, que la tramitó la Ley del Desarrollo Productivo, implementa mecanismos para el desarrollo de la producción y generación de empleo. Determina, por ejemplo, que en los procesos de contratación pública para la provisión de bienes y servicios para proyectos sociales públicos, las entidades contratantes deberán privilegiar las ofertas que utilicen insumos y suministros de origen local, mayoritariamente del sector de la economía popular y solidaria, de medianas y pequeñas empresas, y el empleo de mano de obra de origen nacional
Movilidad Humana
Otro de los beneficios que otorga a la Ley de Fomento Productivo es que los inversionistas puedan acceder a una residencia temporal de excepción. Este tipo de visa podrá ser renovada cuantas veces lo requiera el peticionario, siempre que no incurra en alguna de las prohibiciones que establece la Ley para obtener este tipo de documento.
Por inversionista la norma entiende a quien cuenta con bienes y recursos económicos de origen lícito para realizar actividades productivas o comerciales en el Ecuador. Una vez concedida la residencia temporal, la persona extranjera deberá afiliarse al sistema nacional de seguridad social o demostrar que tiene un seguro de salud privado con cobertura en nuestro país.
LILA/eg
Los legisladores de la Comisión del Desarrollo Económico están convencidos de la necesidad de conformar un Comité Nacional que coordine el funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética que, a través de un conjunto de instituciones, promoverá el uso eficiente, racional y sustentable de la energía.
El proyecto fue aprobado el 8 de enero de este año y fue objetado parcialmente por el Ejecutivo. La conformación de este Comité fue una de sus observaciones y los legisladores consideran que es una parte medular de la propuesta. La mesa aprobó el informe no vinculante respecto del veto, por unanimidad.
El Pleno aprobó que el Comité esté integrado por varios ministerios, un representante de los municipios, un delegado de educación superior y uno de las cámaras de la producción. Pero, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, en su observación, excluye a estos dos últimos actores, cuya presencia la mesa los considera necesaria.
La Comisión sugerirá, también, insistir en las funciones del Comité, que deberá coordinar el sistema y evaluar sus resultados, articular la elaboración de propuestas de políticas en materia de eficiencia energética; articular la elaboración de las estrategias y acciones; monitorear y evaluar el cumplimiento de las decisiones del Comité; definir los lineamientos para la elaboración de los programas y proyectos; entre otros.
Así mismo, proponen que la Asamblea se ratifique en los mecanismos para promover la eficiencia energética en las construcciones. La norma establece que el Ministerio rector de la Vivienda, junto con otras entidades, coordinará la emisión de políticas y normativa orientadas a que en las edificaciones se observe el cumplimiento de las metas sectoriales de eficiencia energética. Dicha normativa será de obligatorio cumplimiento por parte de los diseñadores, constructores, propietarios y usuarios de las edificaciones, según corresponda.
En total, el Ejecutivo formuló 18 observaciones, la Comisión recomienda ratificarse en seis y allanarse en doce. Uno de los temas en los cuales se sugiere acoger el veto está relacionado con incentivos para la eficiencia energética.
La Asamblea planteó que se otorgue incentivos a quienes apliquen acciones de eficiencia energética a sus procesos, pero el Ejecutivo indica que antes se debe hacer una auditoría energética para determinar que, efectivamente, se está aplicando esta medida y así reciba el estímulo.
LILA/eg
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Luego de la intervención de cuatro asambleístas, se cerró el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico sobre la investigación de accidentes e incidentes de aeronaves, cuyo informe fue preparado por la Comisión de Desarrollo Económico.
La mesa, durante el proceso de socialización, recibió los aportes de la Dirección Geneal de Aviación Civil, la Junta Investigadora de Accidentes, la Asociación Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador, entre otras entidades.
El legislador César Rohon, en calidad de ponente del documento, manifestó que la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) requiere independencia y autonomía para regular lo referente a incidentes de las aeronaves.
El parlamentario Carlos Viteri destacó la trascendencia de las reformas, en especial para la Amazonía, considerando que tiene cerca de 300 pistas comunitarias construidas en mingas por la población. El tema de seguridad y el mejoramiento del servicio tiene que ser enfocado de manera integral, puntualizó.
En tanto, Patricio Donoso mencionó los esfuerzos en la firma de acuerdos comerciales, al subrayar la importancia de dar, en calidad de autoridad descentralizada, todo el apoyo a la JIA para investigar accidentes. Indicó que, según el proyecto, el Director de la Aviación Civil tendrá la obligación de seguir los parámetros determinados por la Junta Investigadora de Accidentes.
Mientras Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, expresó que los cambios se orientan a mejorar significativamente la investigación de los accidentes aéreos y que se cumplan con las normas que regulan esta temática.
Objetivos
La propuesta fortalece la independencia de la Junta Investigadora de Accidentes como entidad especializada, con plena autonomía administrativa, financiera, operativa y decisoria para el cumplimiento de funciones.
También trata de evitar la existencia de conflictos de intereses entre los miembros de la JIA e instituciones o empresas nacionales o extranjeras vinculadas a los sectores aeronáuticos o aeroportuarios, además de delimitar el ámbito de competencia de la Junta.
MG/sv
En la Comisión de Desarrollo Económico, gremios de artesanos insistieron en la necesidad de un tratamiento urgente de la Ley de Fomento Artesanal, que beneficia a 178 sectores, con un número de 810 mil talleres, en todo el país, a fin de potenciar e impulsar su trabajo. Aseguraron que esta norma protege y ampara al 17 % de la población nacional, titulados o no, y tiene un carácter netamente productivo.
Así mismo, indicaron que la vigencia de las leyes de Fomento Artesanal y de Defensa del Artesano, con disposiciones contradictorias, impide la total aplicación de una normativa que garantice sus derechos.
Plantearon que para su tratamiento se unifiquen las dos normativas, con el propósito de canalizar las necesidades del gremio en los diferentes sectores del país.
Marcelo de la Torre y Alfredo Cerda, presidente y vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras Artesanales, respectivamente, indiciaron que la Ley de Fomento Artesanal, no tiene la cabal potestad de regirlos. Mientras, la Ley de Defensa del Artesano, promulgada el 5 de noviembre de 1953, establece que en el caso del artesano que no pertenezca o que no esté calificado en la Junta de Defensa del Artesano, su taller será clausurado, lo cual contradice el espíritu de apoyo al ejercicio de la actividad artesanal.
Explicaron que la Ley de Fomento Artesanal, que rige desde 1986, ampara, protege a todos los artesanos, titulados o no, con carácter productivo y con el Ministerio de Industrias, Comercio e Integración como ente rector.
Según los dirigentes del sector artesanal, en la década anterior, esta actividad fue disminuyendo y los artesanos, maestros y operarios se vieron obligados a cambiar su trabajo de manera forzosa, por falta de apoyo, convirtiéndose en su gran mayoría en maestros albañiles, lo cual genera preocupación a nivel nacional.
RSA/eg
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Varias versiones y observaciones se presentaron en la Comisión del Desarrollo Económico, que analizó el proyecto de Ley que busca la reducción del plástico de un solo uso. Desde diferentes sectores de plantearon temas de educación ciudadana, reciclaje y el rol de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Inti Gronneberg, científico ecuatoriano radicado en Inglaterra, sostuvo que si no se controla el uso de plásticos hasta el 2050 existirá más peso de este material que peces en los mares, incluso, dijo que hay lugares, como China, que ya no tienen vida marina y por eso sus barcos salen a buscar peces a otros lados del mundo. En el caso de Ecuador, indicó que los ríos Guayas y Esmeraldas son los más contaminados, cuyos productos llegan al mar y por las corrientes llegan a Galápagos, en donde existe una riqueza marina invaluable. Planteó incrementar un sistema de reciclaje.
Por su parte, Inés Manzano, directora de Círculo Verde, propuso pensar en una economía circular, es decir, que los materiales se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Planteó que todos los tipos de fundas plásticas con 70% y más de plástico reciclado debería ser gratis; las que tienen menos del 70% ser prohibido; mientras que los envases plásticos desechables y los fabricados de polietileno o espumaflón, prohibirse.
Precisó que los GAD deberían mejorar la gestión de los residuos sólidos y expresó que hasta el 2030 solo el 10% sea enterrado, el resto reutilizado.
Desde la Cámara de Comercio de Pichincha, Patricio Alarcón, sostuvo que el problema no es la producción, ni la comercialización del producto, sino la capacitación del ciudadano y los procesos de reciclaje por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Para él no se debería eliminar el uso del plástico, sino promover una cultura de reciclaje y que los GAD asuman una gestión adecuada de los residuos sólidos, pues solo el 9,5% de la Costa cuentan con procesos de separación.
En la medida en que más reciclemos, menos utilizaremos materia virgen y así contribuimos con el medio ambiente, agregó Carlos Rabascall, de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, quien aseguró que la intención de esta industria es incorporar material reutilizado en sus procesos
Alfredo Hoyos, de la misma Asociación, expuso sobre el aporte de este sector a la economía y a la sociedad. Indicó que exportan 110 millones de dólares, en su mayoría de productos reciclados; que generan más de 17 mil empleos directos; y que aportar con 2.100 millones de dólares al Producto Interno Bruto.
LILA
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La Asamblea Nacional, con el voto de 61 legisladores, dispuso la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en su calidad de presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y del superintendente de Bancos (e), Juan Carlos Novoa, a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, para que expliquen los criterios que motivaron la resolución aprobada por el organismo respecto de las operaciones de las tarjetas de crédito, incrementando los valores que tienen que pagar los usuarios.
Sobre el texto, propuesto por la asambleísta Ximena Peña, se registraron también 15 abstenciones y un voto negativo.
La citada resolución de la Junta, aprobada el 30 de noviembre de 2018, establece una reforma en la modalidad de cálculo intereses de los saldos de las tarjetas de crédito, no desde la fecha de corte del pago, sino desde la fecha en que se contrajo el crédito, lo cual perjudica a tres millones 51 mil ciudadanos.
El ministro Martínez también deberá explicar los efectos de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno en el sector real de la economía, la reducción de subsidios y los mecanismos de compensación.
Los convocados indicarán las razones del incumplimiento de lo previsto en la Disposición General Décimo Segunda de la Ley de Reactivación Económica, en el sentido que, en 45 días, se revisen los costos de las tarifas que rigen en el sistema financiero, hacia la baja.
Las comparecencias deberán desarrollarse en un plazo máximo de 15 días, luego de lo cual la Comisión Desarrollo Económico presentará un informe para conocimiento del Pleno.
EG/ds
