Esteban Albornoz
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jul 18
2018
Comisión del Desarrollo Económico se compromete a no usar plásticos de un solo

La Comisión del Desarrollo Económico será pionera, en la Asamblea, en eliminar productos de plástico, para contribuir con el medio ambiente. Este fue el compromiso oficial que realizó el presidente, Esteban Albornoz, y los asambleístas, después de escuchar una propuesta de Jorge Yunda, que tiene el mismo objetivo.

Yunda acudió a la mesa para argumentar el proyecto de Ley para Regular el Uso de Bolsas y Sorbetes Plásticos del Ecuador. Manifestó que el objetivo es regular el uso de artículos no biodegradables, es decir, que no se puedan descomponer, a fin de proteger los derechos de la naturaleza.

Con la propuesta se prohíbe el uso de bolsas y sorbetes de plástico y se declara a este tema de interés nacional: cualquier objeto entregado al consumidor deberá ser elaborado de material biodegradable.

El parlamentario plantea que el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el ente rector de Educación, realicen campañas para promover estas medidas. Mientras, la autoridad competente podrá actuar de oficio, sin necesidad de denuncia, o ante cualquier denuncia para lograr el fiel cumplimiento de esta norma.

Establece la multa de tres a cinco salarios básicos unificados a quienes entreguen o distribuyan los materiales prohibidos en estas disposiciones. En caso de reincidencia, la multa será el doble.

Yunda explicó que a nivel mundial, en promedio, en un minuto, un millón de bolsas plásticas se reparten en los distintos comercios y solo el 10 % son recicladas, mientras que el resto termina en rellenos sanitarios, ríos, océanos y otros lugares. Además, argumentó que en un día se utilizan 500 millones de sorbetes en el mundo.

Dijo que, según un estudio de la Sociedad Océano Azul para la Conservación del Mar, cada milla cuadrada, es decir, cada 6.400 metros, flotan alrededor de 46.000 mil pedazos de basura plástica.

La comisión continuará el estudio de este proyecto e invitará a actores que puedan presentar propuestas y observaciones.

LILA/pv

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jul 18
2018
En Comisión del Desarrollo Económico, Mae Montaño pide solidaridad para reactivar a Esmeraldas

Mae Montaño, asambleísta nacional, acudió a la Comisión del Desarrollo Económico para sustentar su proyecto de Ley para la reactivación económica de Esmeraldas. Encontró buenas respuestas. Patricio Donoso agradeció al presidente de la mesa, Esteban Albornoz, por incluir inmediatamente el tratamiento de esta propuesta.

La parlamentaria definió como una enfermedad, a la situación económica, social y de seguridad que vive Esmeradas. Dijo que, como tal, tiene que ser tratada de manera conjunta e integral. Seguridad y desarrollo son dos caras de una misma moneda, añadió, tras pedir la solidaridad de todos.

Antes de explicar los alcances de su propuesta se enfocó en describir los aspectos que han marcado a esta provincia, como la pobreza y la desatención, que ha permitido al narcoterrorismo hacer de esta zona un terreno fértil para sus actividades ilícitas.

Explicó que la pobreza alcanza el 78,3 %, mientras que el 61.69 % habitan en condiciones físicas inadecuadas; existe, además, bajos niveles de escolaridad y necesidades básicas insatisfechas, entre otras problemáticas.

La propuesta

Mae Montaño sostuvo que con el proyecto se busca reactivar el sistema productivo de Esmeraldas, mediante un sistema de estímulos sociales y empresariales.

Plantea estímulos no fiscales para el desarrollo empresarial a través de la capacitación y formación de emprendedores; consultoría y asesoría especializada; acceso al financiamiento; información estadística, sectorial y económica para la toma de decisiones.

Para el acceso a mercados propone apoyo mediante asistencia técnica a las empresas que tienen potencial de exportar, programas de promoción y otros para promover la inserción en el mercado internacional.

También considera necesario la constitución de planes y programas para mejorar la calidad educativa y estructurar un escenario de enseñanza tecnológico, así como la ejecución de obras de infraestructura que faciliten el desarrollo de las empresas.

LILA/pv

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jun 21
2018
Amplio debate, genera la segunda jornada de análisis del proyecto de Fomento Productivo

Diversos criterios se verten en torno al proyecto de Fomento Productivo, de iniciativa del Ejecutivo, y que fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico. Se resalta el apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través de la remisión de intereses, a los migrantes retornados quienes podrán beneficiarse de programas de crédito al sector agrícola, mediante la exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años, para nuevas inversiones,  tasas preferenciales de crédito y un seguro agrícola. Además, se impulsa la generación de empleo.

En la continuación de la sesión 503, la legisladora Verónica Guevara subrayó que la propuesta debería enfocarse a los sectores vulnerables del país, especialmente al sector agropecuario y campesino, mientras que el legislador César Carrión mencionó la necesidad de eliminar el artículo 46 del proyecto, porque afecta la estabilidad y desmotiva el servicio público, sobre todo a la Policía Nacional, pues la economía va de la mano con la seguridad, lo que incide, a su vez, en el desarrollo del país. 

En cambio, el parlamentario Vicente Taiano consideró que es positivo el tema de eliminar gradualmente el Impuesto a la Salida de Divisas y que es indispensable revisar lo que se refiere a las acciones de cobro y coactivas que constan en la disposición cuarta del proyecto.

De su lado, Ximena Peña aseguró que la remisión del 2015 benefició a grandes sectores económicos, mientras que la Ley de Fomento Productivo se aplica en favor de pequeñas y medianas empresas. Recordó que la Ley de Movilidad Humana concedió 180 días para el registro del universo de migrantes retornados y mucha gente no alcanzó a registrarse. Con esta nueva normativa se extiende el plazo para que toda la comunidad migrante acceda a los beneficios.

Augusto Espinosa dijo que la dolarización se sustenta en el ingreso y salida de divisas, por tanto, la propuesta -tal como está concebida- puede generar un desequilibrio en la economía.  El endeudamiento externo creció significativamente en el último año y hay que tener cuidado con debilitar al sector externo y que el país se quede sin liquidez, agregó.

Entre tanto, René Yandún sostuvo que el manejo de la deuda pública se haga con sustento legal, con proyección a largo plazo, transparencia y mucha responsabilidad, para garantizar la paz y el desarrollo del país y que, tal como manda la ley, los recursos que ingresan por concepto de préstamos se los utilice exclusivamente en inversiones sociales y productivas y no para gasto corriente, como se lo estaría haciendo al momento. En las zonas de frontera el tratamiento debe ser de protección a los pequeños y medianos empresarios, añadió.

Luis Fernando Torres resaltó que los jóvenes que sacaron préstamos para estudiar se beneficiarán de la remisión de multas, intereses y recargos, además los jueces de coactivas no abusarán más con los accionistas minoritarios. No comparte el criterio de gravar a los décimos tercero y cuarto sueldos.

El legislador Montgomery Sánchez solicitó incorporar un artículo en el sentido de que los deudores, personas naturales y jurídicas, comerciantes minoristas, artesanos y pequeños agricultores, que conforman la economía popular y solidaria, de la banca pública, puedan reestructurar sus deudas y se beneficien también de la remisión de intereses, multas y recargos en un 100 %, de aquellas obligaciones derivadas desde el 2 de abril de 2018, pues no se están tomando en cuenta aquellas deudas adquiridas a través de la Corporación Financiera Nacional, con ello se lograría mejorar y reactivar al sector productivo del país.

JLVN/eg

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jun 21
2018
Asamblea aprobó proyecto para reactivar la producción y el empleo

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto urgente para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal. Ahora quedará en manos del Ejecutivo, para que lo observe o sancione.

Se realizaron dos votaciones. La una para aprobar el texto del proyecto, excepto dos numerales del artículo 35, relacionados con el pago del Impuesto a la Renta (IR) del décimo tercer y décimo cuarto sueldo para quienes ganan más de 100 mil dólares. Esta votación tuvo el respaldo de 73 parlamentarios.

La otra votación fue, en cambio, sobre esa excepción, y la votación fue negativa, es decir, no se aprobó. Recibió el respaldo solo de 42 legisladores.

Con relación al informe para segundo debate el ponente y presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, acogió algunos cambios, después de escuchar las intervenciones en el Pleno, por parte de los asambleístas de las diferentes bancadas políticas.

No obstante, el espíritu del cuerpo legal se mantiene para fomentar al sector productivo, generar empleo y la estabilidad fiscal, a través de remisiones de intereses, multas y recargos en diferentes áreas; incentivos con la exoneración de impuestos; apoyo a la vivienda de interés social, al agro, a los emprendimientos, a la economía popular y solidaria, empresas, entre otros.

Entre los cambios, se incorporó la reducción del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) a las cocinas de inducción, exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los vehículos eléctricos de carga e IVA cero para las carrocerías de buses armados en el país

Además, se sumó la resolución de controversias en materia de contratos internacionales, agroseguros e intereses preferenciales para zonas de frontera deprimidas y una tabla sobre el IR para la venta de acciones, entre otros temas, que tienen que ver con derechos de los trabajadores, deportistas y policías.

En la remisión también se incluyó a un nuevo sector beneficiado: el de la salud. Se liberarán los intereses de glosas de la Contraloría a trabajadores de tres hospitales, como una manera de que éstas personas puedan cumplir con su obligación ante esta entidad, así como Secretaría del Agua,

Según el informe para segundo debate, esta figura se aplica para el Servicio de Rentas Internas, Seguro Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Aduanas, servicios básicos, impuestos vehiculares, deudores de la banca pública, créditos educativos y becas.

En cuanto a los incentivos se conserva la exoneración del IR para nuevas inversiones productivas fuera de Quito y Guayaquil durante 12 años y al interior de estas ciudades, ocho. Para inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. En zonas fronterizas son cinco años más.

Para el agro se establecen tasas preferenciales de crédito en la banca pública, tarifa cero en el IVA para maquinarias y repuestos, así como la creación del seguro agropecuario.

En cambio, para que la Economía Popular y Solidaria (EPS) realice sus inversiones de manera más fiable y segura, se crea un Fondo de Garantía. Además, el momento que contraten con el Estado recibirán un anticipo para que puedan reinvertir. También se fomenta el turismo.

A fin de incentivar la vivienda de interés social no se cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se simplifican los trámites. Al mismo tiempo, los constructores deben contratar y entregar a los beneficiarios, durante 10 años, un seguro que garantice la idoneidad de esas estructuras.

En cuanto a las reglas macroeconómicas se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados.

 

LILA/pv

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jun 21
2018
Proyecto económico urgente fue objeto de un amplio debate con la participación de 45 legisladores

El proyecto de Ley de Fomento Productivo fue objeto de un amplio debate entre los legisladores de diversas bancadas y movimientos políticos, que presentaron múltiples propuestas que al final viabilizaron su aprobación en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Fueron diversos los planteamientos que se expusieron en el debate. Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de reactivar la economía, generar empleo y apoyar el emprendimiento, agricultores, artesanos y pescadores.

En el segundo debate, que inició esta víspera, participaron 45 legisladores en dos jornadas de trabajo.

Ana Galarza, propuso no eliminar el límite a la deuda pública. Defendió el trabajo de los fabricantes de carrocerías en Tungurahua, argumentando que representa una gran fuente de trabajo y genera empleo, por lo que pidió un tratamiento prioritario en la ley.

Wilma Andrade reconoció que la ley contiene importantes mejoras respecto al proyecto original, a fin de que las grandes, medianas y pequeñas empresas obtengan beneficios, de manera equilibrada y en igualdad de oportunidades.

Solicitó especificar la situación de los deudores que se encuentran en un proceso de coactiva y agradeció que hayan incorporado las reformas a la Ley de Ambiente, sobre los laboratorios.

Guillermo Celi agradeció que recogieran los planteamientos del Movimiento Suma como la suspensión de la coactiva para aquellos agricultores que no pueden pagar sus deudas. También habló de la creación de las ZEDES Turísticas (zonas especiales de desarrollo turístico) para lograr la dinamización de un sector tan importante generador de empleo para los ecuatorianos.

De su lado, Lira Villalva coincidió que se debe fortalecer industria carrocera, de la cual se benefician más de 20 mil familias. “Esta Ley debería defender a la mayoría de la población, ofrecer protección al trabajo autónomo, crear incentivos a los productores, artesanos, a las cadenas productivas, porque al Ecuador le sobra iniciativa, pero le falta oportunidades desde el Estado", precisó.

RSA/pv

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jun 21
2018
Los sectores agrícola y artesanal son preocupación de los legisladores

Durante la continuación del segundo debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, enviado por el Ejecutivo como económico urgente, el legislador Patricio Donoso reiteró que es fundamental generar un seguro agrícola.

Además insistió en la necesidad de eliminar el Impuesto a los Bienes de Capital referido a la agricultura. Está de acuerdo que los ingresos provenientes de la explotación petrolera, que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, vayan al Fondo de Estabilización Fiscal.

La legisladora Sofía Espín dijo que el país esperaba una ley que promueva la reactivación productiva, la rebaja de tasas de interés con la banca pública y privada y líneas de crédito para los jóvenes.

Sobre las remisiones tributarias, afirmó que se benefician los grandes grupos económicos. “Se incorporan exoneraciones del pago del Impuesto a la Renta, pero de las nuevas inversiones extranjeras y me pregunto por qué no ocurre lo mismo con los capitales nacionales”, puntualizó.

El tema de la Economía Popular y Solidaria también se topó. Lo hizo el asambleísta Ángel Sinmaleza, quien dijo que es posible el desarrollo rural integral con equidad. Pidió que se elimine de la Central de Riesgos a los deudores en mora del Banco de Fomento en liquidación y BanEcuador, cuya deuda en mora no supere los 30 mil dólares.

Eliminar impuestos

Homero Castanier se pronunció sobre la necesidad de la ley para que el Gobierno pueda respirar. “Esta ley no es la ideal, la que necesita el país, pero es la que necesita el Gobierno para salir este año”, dijo y aseguró que la remisión de multas y recargos no servirá de nada si no se hace una reforma integral al sistema tributario del país. También es partidario de eliminar el Impuesto a los Consumos Especiales para las cocinas de gas y reconoció la necesidad de incentivos para el sector productivo, turístico y agrícola.

Carlos Cambala, en cambio, cree que la remisión de intereses, multas y recargos debe ser del 100 % para los pescadores artesanales en cuanto a las deudas contraídas con la banca pública. Mientras que cristina Reyes aseguró que es necesario diversificar las inversiones e insistió en que las las circunstancias que atraviesa el país hoy les obligan a actuar con responsabilidad.

Para el asambleísta Fafo Gavilánez, la ley tiene un efecto cascada en donde se benefician los grandes, medianos y pequeños y se refirió al sector agrícola. “Se acogió la recomendación del Seguro Agropecuario. Se propuso que no se cobre el IVA para insumos, pues cree que es complejo ser competitivo en la agricultura cuando en los países vecinos los costos de los insumos son extremadamente bajos”.

MC/pv

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jun 19
2018
Asambleístas piden ampliar apoyo e incentivos para el sector agropecuario

Mayor atención al sector agrario fue, nuevamente, uno de los temas que motivó la participación de varios asambleístas, durante el inicio del segundo debate del proyecto urgente, con el que se busca fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.

Tanlly Vera fue una de las primeras en intervenir para pedir que se exonere del Impuesto a la Renta (IR) a las inversiones en este sector, además que se baje las tasas de interés para los agricultores y que los gobiernos autónomos descentralizados generen incentivos que fomenten esta actividad.

Las deudas con la banca pública de los agricultores fue la preocupación de Héctor Yépez. Tal como lo hizo en la Comisión, su posición en el Pleno fue que esta parte del sistema financiero condone las deudas pequeñas, que se han vuelto incobrables para el Estado. Cree que así se sacará de la central de riesgos a los campesinos y puedan reactivarse con nuevos créditos.

Por parte de Encarnación Duchi el sector campesino, de emprendimiento y artesanos están ausentes del proyecto. Sin embargo, Sonia Palacios recordó que la iniciativa legal posibilita a los agricultores para que puedan honrar sus deudas con la banca pública, con la remisión de intereses, multas y recargos, así como la restructuración de sus obligaciones.

En el proyecto de ley se establece un seguro agrícola e incentivos tributarios, como IVA cero para maquinaria de uso agrícola, agropecuario y pesca artesanal y sus partes y repuestos, así como para el arrendamiento de tierras, entre otros beneficios.

La propuesta legal también tuvo reparos de algunos asambleístas. Juan Cárdenas argumentó que con la reducción de impuestos no se genera mayor inversión y fuentes de empleo.

En tanto, Carmen García aseguró que el proyecto es un instrumento para el incumplimiento de obligaciones tributarias y Encarnación Duchi dijo que solo se beneficiarán los grupos petroleros.

La respuesta vino de César Rohón, quien recordó que por el manejo desmesurado de la economía por parte del gobierno anterior el país está sobre endeudado y la caja fiscal está en cero. Por ello, dijo, el Estado necesita liquidez y esa es la razón de la remisión. Además, recordó que la Comisión trabajó en un capítulo especial para beneficiar de este mecanismo al sector campesino.

Por su parte, María Mercedes Cuesta resaltó que la norma establece un candado, a fin de evitar que esta figura se convierta en una mala práctica. Por otra parte, acotó que en el proyecto se han incluido a otros segmentos, como el de Software, eficiencia energética y agrícola para incentivar la inversión.

Fabricio Villamar señaló que lo que busca el Ejecutivo es capacidad de endeudamiento y advirtió que si no se pone un techo a este aspecto su bloque no apoyará el proyecto.

LILA/pv

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jun 19
2018
Para estudio de proyecto urgente participaron 50 instituciones y se recibieron 200 observaciones

Dentro del tratamiento del proyecto urgente para el Fomento Productivo, en 14 días de trabajo, la Comisión del Desarrollo Económico recibió 191 observaciones por escrito y a cerca de 30 representantes del sector productivo privado y trabajadores.

Su presidente, Esteban Albornoz, destacó la amplia participación de las áreas públicas y privadas, durante la elaboración de los informes para primer y segundo debates, cuyos criterios y planteamientos permitieron que se profundice en sus ventajas y se mejore el texto. Los documentos recibieron el apoyo unánime de los comisionados presentes.

Para el segundo debate, el informe incluye un 40 % de cambios respecto del proyecto original entregado por el Ejecutivo, el pasado 24 de mayo, con el carácter de urgente en materia económica. Esta condición obliga a que la Asamblea lo tramite en 30 días, que vencen el 23 de junio próximo.

El Consejo de Administración Legislativa lo calificó el 29 de mayo y, al siguiente día, la Comisión avocó conocimiento, determinó la hoja de ruta e inició su estudio.

Estableció un cronograma de trabajo con el cual recibió los argumentos de los ministerios de Economía, Comercio Exterior, Producción, Vivienda y Agricultura, para el primer informe. En cambio, para el segundo, sumó los aportes de las carteras de Hidrocarburos y Minería.

Para la elaboración del primer informe, la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula un plazo de 10 días. En ese tiempo recibió también a autoridades del Banco Central, Servicio de Rentas Internas, Aduanas, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Superintendencia de Economía Popular, Superintendencia de Compañías, Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope).

En cambio, del sector privado acudieron las cámaras de Comercio de Quito, Guayaquil; así como las cámaras de Agricultura, de Economía Popular y Solidaria, pequeña y mediana empresa, de industrias y producción, nacional de pesquería, de industrias de Manabí.

También fueron recibidas las federaciones de cámaras de industrias, construcción, exportadores, de transporte pesado; productores de bambú; fabricantes de carrocerías; Bolsa de Valores de Quito; deudores de buena fe de la Banca Pública; Frente Unitario de Trabajadores; extrabajadores de Repsol, entre otros actores.

El informe para primer debate se aprobó el 8 de junio y se debatió en el Pleno 12 del mismo mes. En esa oportunidad intervinieron 39 asambleístas.

Para la construcción del informe que será debatido en segunda instancia se sumaron más actores públicos y privados, entre ellos los de la banca pública y productores de cerveza. En total, entre el primer y segundo informes, participaron alrededor de 50 instituciones del sector público y privado.

Asimismo, en los 14 días de estudio, además de los comisionados, participaron 28 parlamentarios pertenecientes a otras mesas legislativas, de diferentes provincias y procedencias políticas.

El proyecto tiene el propósito de fomentar la producción, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.

LILA/eg

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jun 18
2018
Solo con la construcción de vivienda de interés social del Gobierno se generarán más de dos millones

Reactivar la producción y generar empleo, es uno de los objetivos que persigue el proyecto urgente, que se debate esta tarde en el Pleno. Motivar la construcción de vivienda de interés social es una de las claves para lograr esas metas.

Solo con el levantamiento de 325 mil casas de este tipo, que plantea el Ejecutivo, se desarrollarán más de dos millones de empleos directos, sin tomar en cuenta lo que se genera mediante la reactivación de la cadena productiva.

Dentro de esa cadena, el proyecto para el Fomento Productivo manda, por ejemplo, que se prioricen las tecnologías constructivas que favorezcan el uso de materiales locales sustentables.

Para incentivar la construcción de este tipo de vivienda, en los servicios, el gobierno no cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se simplifican los trámites. En cambio, los constructores deben contratar y entregar a los beneficiarios, durante 10 años, un seguro que garantice la idoneidad de esas estructuras.

Turismo

El proyecto también le apuesta al desarrollo del turismo, como otra actividad que acuna diversidad de puestos de trabajo y dinamiza a otros sectores.

Reforma el Código de la Producción para que los emprendimientos de turismo comunitario, de las micro, pequeñas y medianas empresas, tengan una exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por 20 años. Aplica también para inversiones realizadas por personas residentes de la localidad.

En cambio, para promover internacionalmente la imagen del Ecuador, se podrán ingresar al país mercancías libres de pago de tributos al comercio exterior, por ejemplo, para el rodaje y filmación de películas, series, documentales, entre otras artes.

Para este mismo sector, en Manabí y Esmeraldas, en donde se exonera del IR a nuevas inversiones por 15 años, se aumenta cinco años más para el turismo. Sin embargo, se privilegiará al comunitario, rural, ecoturismo y servicios proporcionados por pequeños y medianos emprendimientos, así como de la economía popular y solidaria.

Además, la norma establece que se permita que en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, se presten servicios para el desarrollo de proyectos turísticos.

El agro y economía popular y solidaria

El agro, que es un sector que, según sus representantes, genera más de dos millones de plazas de empleo se lo fortalece, según el informe para segundo debate. Se establecen tasas preferenciales de crédito en la banca pública, tarifa cero en el IVA para maquinarias y repuestos, así como la creación del seguro agropecuario.

En cambio, para que la Economía Popular y Solidaria (EPS) realice sus inversiones de manera más fiable y segura, se crea un Fondo de Garantía, con hasta el 50 % de las utilidades de la banca pública. Además, en el momento que contraten con el Estado recibirán un anticipo para que puedan reinvertir.

Otros

Para estimular la inversión en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en los cantones fronterizos y los que están fuera de Quito y Guayaquil, se exonera del IR entre 8 y 20 años, a las nuevas inversiones productivas.

LILA/eg

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jun 18
2018
Desarrollo Económico procesó 122 documentos para 2do debate de la Ley de Fomento Productivo

El presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, resaltó el trabajo desarrollado por el organismo para elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo, que tiene el carácter de económico – urgente.

Desde el miércoles pasado, proceso y analizó más de 122 documentos con varias observaciones. Veinte asambleístas de distintas comisiones expusieron sus propuestas sobre fomento a la producción en el sector agrícola, la economía popular y solidaria y al deporte conjuntamente con el sector del turismo, mismas que fortalecieron el documento original enviado por el Ejecutivo.

“Los cambios son profundos y le da un giro al proyecto, donde las remisiones son el segundo objetivo de la ley, mientras que los incentivos y la reactivación son el centro del proyecto de ley que enviamos al Pleno de la Asamblea Nacional” aseveró Albornoz.

En tres sesiones la comisión recibió aportes del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, productores cerveceros y autoridades como Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas; Francisco Rendón, secretario de Hidrocarburos; Santiago Campos, gerente General de BanEcuador; Daniel Mosquera, subgerente de Ejecución de Operaciones del Banco Nacional de Fomento en Liquidación; Henry Troya, viceministro de Minas; y, Claudio Vaca, subgerente de Operaciones de la Corporación Financiera Nacional.

En materia de remisiones el informe prevé el apoyo a becarios que tienen créditos educativos en la banca pública. Un importante aporte es la remisión de intereses de mora y gastos administrativos de créditos de hasta 100 mil dólares para los préstamos que han realizado el Banco Nacional de Fomento en Liquidación. Esta institución comprará la cartera de la CFN y BanEcuador para que los ciudadanos accedan a este beneficio.

Apoyamos a personas con discapacidad, adultos mayores y personas cuyos cónyuges o parejas en unión de hecho han fallecido y hayan realizado un préstamo para crédito productivo en BanEcuador, CNF y Banco Nacional de Fomento en Liquidación. También se establece IVA cero para quienes arrienden tierras rurales dedicadas a la siembra, explicó.

Así mismo, informó que en fortalecimiento del agro se establecen tasas preferenciales de crédito en la Banca Pública, el Impuesto al Valor Agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, además de la creación del seguro agropecuario.

En las reformas a la Ley de Movilidad Humana se sustituye la disposición transitoria quinta para que los ecuatorianos retornados desde el 2007 soliciten su reconocimiento como tales, y accedan a los beneficios e incentivos que otorga la ley hasta 31 de mayo de 2019; que inicie un proceso de publicidad masiva y se facilitará el acceso al registro.

En la reforma al Código Ambiental, sobre el análisis que se requiere para planes de manejo ambiental, se realizará en laboratorios públicos, privados o de universidades e institutos de educación superior acreditados y solo en caso que no existan se podrá realizar en laboratorios acreditados internacionales.

Para la economía popular y solidaria se reforman artículos en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para que se apliquen mecanismos de apoyo como la entrega de anticipos, y en el caso de que se realice contratación pública para la provisión de bienes y servicios para proyectos sociales, las entidades contratantes deberán privilegiar las ofertas que utilicen insumos y suministros de origen local, mayoritariamente del sector de la economía popular y solidaria, de medianas y pequeñas empresasy el empleo de mano de obra de origen nacional.

CMM/pv

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