Esta propuesta normativa tiene como ejes principales el fortalecimiento, protección e impulso y promoción de las organizaciones de la economía popular y solidaria, artesanos, pequeños productores, microempresas y emprendimientos, y busca satisfacer las demandas de capacitación técnica y profesional de quienes forman parte de este sector que se ha logrado desarrollar empíricamente gracias a la entrega y esfuerzo que entregan día a día, pero que podría perfeccionarse con la complementación de conocimientos técnicos.
Debemos destacar que el Ecuador es el país con mayor número de microemprendimientos en todo el mundo, de allí la importancia del proyecto. Que atienden a la gente que más aporta, es decir, micro productores, artesanos y emprendedores, esto es más del 60% del sector económico, fue otra de las propuestas. Es urgente apoyar al verdadero motor de la economía ecuatoriana y generar una línea de crédito amplia y flexible para promover la empleabilidad y evitar que se impongan castigos tributarios a la gente que está enrolada en la economía popular y solidaria.
Es evidente el incumplimiento de funciones del ministro de Transporte y por ello planteamos el juicio político. Todas las provincias y el país en general tienen problemas con sus vías, contratos incumplidos, lento avance de obras.
Con más de 100 firmas de respaldo de todas las bancadas legislativas de la Asamblea Nacional, presentamos la solicitud de juicio político al Ministro de Transporte y Obras Públicas, por incumplimiento de funciones. La provincia de Bolívar y el país deben ser atendidos, no podemos esperar más. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con este proceso debido a que los ministros de Lasso compran votos a cambio de favores para que no los enjuicien políticamente.
La Proforma Presupuestaria 2023 tiene que ser aprobada exclusivamente por el presidente de la República, no por la Asamblea Nacional que solo puede emitir observaciones y desde el Partido Social Cristiano (PSC) nos abstendremos a dar alguna porque el mandatario nacional no la tomará en cuenta, y causará demora en la implementación de decisiones que ya han sido tomadas, dijo el legislador socialcristiano Jorge Abedrabbo.
A juicio del asambleísta, la Proforma Presupuestaria tiene que estar acorde a las necesidades del pueblo ecuatoriano, pero ve que hoy el Gobierno está fallando porque no hay coherencia entre lo que dice que va a hacer y lo que hace. Faltan políticas pública en materia de seguridad, salud y obra pública. PMB
Estamos a favor del juicio político porque existen las respectivas causales y el incumplimiento de los funcionarios es evidente. Los vocales del Consejo le la Judicatura le faltaron a la ética y la molar en el ejercicio de sus cargos, pero sobre todo le faltaron el respeto al país.
Muy pronto será realidad los beneficios para los emprendedores, EPS y artesanos de mi provincia de Bolívar y del país, no sólo serán ofrecimientos de campaña de todos los partidos,muy pronto tendremos una Ley que beneficie a los sectores olvidados y los más pequeños.
#ConÑequeBolívar
Es urgente un cambio en la forma de hacer política de los partidos que conforman la Asamblea Nacional. No se puede legislar en base a intereses particulares, el interés debe estar enfocado en beneficiar al Ecuador y para ello es necesario impulsar leyes que exigen nuestros mandantes como por ejemplo: apoyo al campesino, seguridad, fomento de empleo, apoyo al emprendimiento, mejoramiento del sistema de salud, combate a la corrupción, por citar algunos ejemplos.
La actuación de verguenza de ciertos vocales del Consejo de la Judicatura, deslegitiman a la función judicial y son motivos suficientes para que los malos funcionarios sean juzgados políticamente y removidos del cargo que no han sabido llevar con la altura requerida. El único interés de la Bancada del PSC y Aliados es que la justicia sea libre, independiente, profesional y seria.
Desde el primer momento lo señalamos que apoyaremos el juicio político a los vocales y no por querer tomarnos la justicia como señalan varios partidos políticos, nuestro respaldo a este proceso de fiscalización es por cuanto ciertos vocales a más de incumplir con sus funciones, se han visto implicados en obscenos audios que demuestran la intromisión judicial directa y clara de ellos, en aparentes acuerdos con el Ejecutivo, para favorecer a Llori. Intromisión que persiste en más acciones a la ya perdidas anteriormente. Es lamentable ver los movimientos que se vienen dando en las últimas semanas en las Direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura y en ciertas direcciones nacionales en presuntos acuerdos con legisladores para evitar que voten a favor del juicio político.
Admitir no es declarar la vulneración de un derechos, admitir significa que el pedido de acción de protección presentado por Guadalupe Llori será tratado en audiencia para determinar la existencia o no de un derecho vulnerado. En el caso de la destitución de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, se siguió el debido proceso y el pleno como máxima autoridad, determinó el incumplimiento de funciones y procedió a destituirla del cargo.
