Asambleísta por la provincia de Pichincha | Visita mi Perfil
El pueblo ganó en las calles, ese pueblo al que no siempre los políticos escuchan y al que muchas veces se subestima e incluso se menosprecia. Ese pueblo nos han demostrado no solo que son los ganadores sino que son los que mandan, los que NOS mandan. Pese a que desde el Gobierno y desde aquí, desde la Asamblea, fuimos sordos a sus pedidos y exigencias. No en vano las cifras de aceptación del Gobierno y de esta misma Asamblea están por los suelos. Según Perfiles de Opinión, el 84,11% de la población no le cree al Presidente Moreno; mientras que el 79,53% de la población califica a la gestión de la Asamblea como MALA y MUY MALA. NO ESTAMOS ESCUCHANDO A LA GENTE.
A las cerca de 48 mil familias que desde 1970 han guardado toda la pena del mundo por una ausencia, a los que han exigido justicia y se han tenido que ir sin recibirla; a los cerca de 1500 casos en los que aún se sigue clamando para que los busquen, para que los encuentren; a los que esperan regresar con sus familias; y, –sobretodo- a los que esconden las respuestas, a los incompetentes que han entorpecido esta labor, a los inhumanos que por supuestamente “ahorrar” gastos redujeron las fiscalías especializadas, los agentes investigadores, los servidores públicos involucrados… queremos decirles esta mañana que finalmente estamos haciendo que las cosas cambien.
Colegas Asambleístas, lo que se debate ahora es la posibilidad, ni más ni menos, de regular las redes sociales. Esto, gracias a una propuesta al artículo 5 de la LOC enviada por el Ejecutivo en tiempos en donde, según él dice, se respiran aires de libertad!!!
La Violencia política, según lo establece el artículo 10 de la ley, la PRIMERA que aprobamos aquí, todos nosotros: me refiero a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres, dice que es “aquella cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de quienes sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia”. Esta violencia siempre se orienta a: suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe una acción en contra de su voluntad o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones. Eso dice la ley sobre la violencia política.
Me permito recordarles que el 9 de mayo pasado aprobamos un cambio del orden del día para tratar la crisis penitenciaria. El tema se congeló y nunca fue tratado. desde entonces se han registrado por lo menos 9 asesinatos más. Hace menos de una semana, también por unanimidad volvimos a aprobar un cambio de orden del día en el que insistí en el tema pero tampoco se trató.
Hace un mes, en este mismo pleno se suspendió una sesión en la que se había aprobado un cambio de orden del día para exigir respuestas por la Crisis Penitenciaria que vive el país. Entonces, denunciábamos una deuda de más de 300 MIL DÓLARES QUE MANTENÍA EL GOBIERNO CON EL CENTRO DE ORIENTACIÓN JUVENIL VIRGILIO GUERRERO.
Si esta es la situación de los casi un centenar de jóvenes de ese centro, cual será la de las mas de 40 mil personas privadas de la libertad en el resto de centros de rehabilitación???
Cumplimos!!! Dos años en la @AsambleaEcuador y seguimos trabajando para y con los sectores más vulnerables. Exigimos respeto a los derechos de los trabajadores, mujeres, adultos mayores y todos los ecuatorianos. #JuntosDecidimos un Ecuador más justo!!!
EXISTE UNA CRISIS PENITENCIARIA EN EL PAÍS. Mes a mes, nos vemos obligados a ser testigos de graves problemas en los centros -que deberían ser- de “rehabilitación social”. Lo ocurrido esta semana en la Cárcel de Latacunga es otro ejemplo de la lamentable forma de cómo se manejan estos lugares: Guardias penitenciarios desarmados y expuestos; armas al interior de la cárcel; hacinamiento y sobrepoblación penitenciaria; crímenes que quedan en absoluta impunidad y –lo más preocupante- CERO RECURSOS económicos para costear normas básicas de seguridad, rehabilitación y derechos básicos como la alimentación.
El reto en esta reforma es garantizar que el sistema no discrimine a ningún sector demográfico y que este Código proteja el derecho a la igualdad.
Otro de los retos debe ser llevar este sistema al siglo XXI acorde a los avances tecnológicos actuales. Cuando somos pacientes, tenemos derecho a saber qué sucedió en el quirófano. Sin embargo, existen cada vez más casos en los que los pacientes nunca conoceremos que sucedió en una cirugía mientras estábamos bajo el efecto de la anestesia. Todo esto pese a las tecnologías actuales que permiten registrar por audio y video una intervención.
Colegas asambleístas, durante el 2018 se registraron 25.830 siniestros en las vías de nuestro país. Las provincias que registraron más casos fueron Guayas con 8.619 accidentes, Pichincha con 7.599, Azuay con 1.528, Tungurahua con 1.407 y Manabí con 1.173. Es decir: casi el 80% del total de los siniestros registrados por la Agencia Nacional de Tránsito ocurrieron tan solo en 5 provincias del país y –lo más alarmante- el 63% de todos los siniestros ocurrieron solo en dos provincias: guayas y pichincha.
Seamos claros, si frente a estas cifras, consideramos que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que son los gobiernos autónomos descentralizados municipales y regionales quienes tienen la RESPONSABILIDAD de planificar, regular y controlar el tránsito y transporte regional y cantonal, podemos identificar exactamente quienes tienen la OBLIGACIÓN de profundizar acciones concretas para disminuir el número de siniestros en nuestras vías.
