Asambleísta por la provincia de Pichincha | Visita mi Perfil
Quiero, en primer término señalar que lamento profundamente la oportunidad que perdimos al tratar las reformas la Ley de Comunicación y de las cuales hoy discutimos un veto presidencial, sin duda, era el momento adecuado para pasar de una ley reguladora a una ley propositiva. Lamentablemente esto no pasó de ser un deseo. Esta reforma no solo que no garantiza más derechos sino que, por el contrario, los restringe.
Según la Fundación Desafío, en Ecuador, cada año se registran alrededor de 2.700 casos de niñas, menores de 14 años, con embarazos. Eso significa que, en nuestro país, cada 4 horas una niña se convierte en víctima de violencia. Violencia al ser agredidas sexualmente, violencia al ser forzadas a llevar un embarazo que pone en riesgo su vida y violencia al ser obligadas a una maternidad para la cual no están listas: son niñas, no madres. Una situación que asusta aún más si reconocemos que en el 80% de este tipo de casos, el violador es un familiar.
Por esta triple violencia, el 40% de niñas abusadas no dan a conocer su caso a ninguna persona. DesY es que es tan grande el taboo que al 28% de las víctimas que contaron su historia, no les creyeron y al 16 % les pidieron explícitamente que no digan nada de lo ocurrido. El resultado: solo una tercera parte del total de niñas abusadas fueron atendidas pero sin conocer una solución definitiva.
El artículo 42 mantiene la PROFESIONALIZACION PORQUE NO CUALQUIERA PUEDE SER PERIODISTA. Se reconocen excepciones, como las personas que tienen espacios de opinión; profesionales o expertos de otras ramas que tienen programas o columnas especializadas; y, medios comunitarios. No se confundan que NO defendemos un cartón, defendemos derechos: el derecho a la educación y el derecho a un salario digno.
Es importante señalar como punto de partida mi alivio porque cada vez son menos las voces que aseguran que “la mejor Ley es la que no existe”, propuesta de derogatoria que luego de las reformas ya no tiene cabida y que siempre fue impracticable por inconstitucional y porque no se puede desconocer el mandato ciudadano en las urnas.
En este primer informe debo señalar mi preocupación en aspectos sustanciales: insisto que necesitábamos más tiempo para mejorar la Ley de Comunicación vigente, tener la participación de más actores y nutrirnos de sus propuestas.
Otro aspecto que preocupa es la eliminación de toda medida administrativa; es verdad que las sanciones, en muchos casos, eran desproporcionadas y no respondían a la realidad de algunos medios, pero quiero advertir que con la reforma propuesta pasamos de una ley punitiva y sancionatoria a una judicialización de la comunicación, y eso no solo es peligroso sino atentatorio a los derechos ciudadanos, ya que muchos podrían quedar en la indefensión.
Además, se ha propuesto 4 artículos sobre la autorregulación. Yo me pregunto, ¿si los medios pueden autorregularse, para qué entonces estamos reformando la ley???
Propongo, además, que las competencias de la SUPERCOM, que ha sido eliminada, pasen en su integridad al CORDICOM, y de esta manera evitar un posible desbalance en la protección de derechos en la Defensoría del Pueblo.
Esta mañana, quiero utilizar estos breves minutos para que se escuche, en el pleno de la Asamblea Nacional, los nombres de quienes han sido secuestrados mientras buscaban información sobre los actos de terror orquestados en Mataje – Esmeraldas; los nombres de aquellos que desde algún recóndito lugar abrigan aún la esperanza de volver con sus seres amados; los nombres que miles de ecuatorianos repiten sin agotarse cada día, desde hace más de dos semanas, en vigilias organizadas alrededor de todo el país donde cada día somos más los que levantamos la voz para exigir y decir: ¡Libérenlos Ya!
odos estarán de acuerdo que: la impunidad en cualquier tipo de acto violento no solo agrava los efectos de esa violencia, sino que desnuda nuestras propias limitaciones y nos evidencia como una sociedad en la que la agresión se ha vuelto un mecanismo de control, incluso, institucionalizado. Cuando el Estado no se responsabiliza, los autores de los actos violentos no son detenidos y deambulan sin ningún tipo de sanción por la calle y todos nosotros, debo decirlo con vergüenza, no reaccionamos y levantamos nuestra voz, la impunidad triunfa, entonces, alienta nuevos casos y transmite el peligroso mensaje de que: no existe justicia, que estamos solos. Un mensaje que, pese a no ser verdad para la gran mayoría de ecuatorianos, sí ha sido la realidad de millones de mujeres en el país.
Por nosotras que somos: símbolo de valentía y lucha; pilares y fundadoras de la Patria; huella y memoria de la violencia; voz que no permitirá ser silenciada. Por nosotras… por cada una de las ecuatorianas que se atreve a liberarse de las garras de la injusticia, hoy volvemos, y volveremos las veces necesarias, para apoyar una propuesta en contra del femicidio que es indestructible. Para apoyar un Ecuador sin violencia, con iguales oportunidades y en el que pueda latir, cada vez con más fuerza, la indignación cuando alguien se atrevan a presentar a las víctimas como responsables de la agresión que sufrieron.
Señor Presidente, señores y señoras asambleístas, me gustaría empezar aclarando que estoy consciente de lo establecido en el artículo 238 de la Constitución, que reconoce la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y soy respetuosa de aquello, pero no por esta razón, puedo dejar de preocuparme por los graves problemas que enfrenta nuestra ciudad capital y cuyas consecuencias tienen claras implicaciones nacionales.
