La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, recibió al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, así como al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, con el propósito de conocer las acciones tomadas, en los ámbitos del sus respectivas competencias, para atender los requerimientos de conectividad y de educación virtual durante la emergencia sanitaria.
Acogiendo disposiciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña, en la sesión virtual 070, avocó conocimiento de propuestas para combatir el contrabando, así como reformas en materia penal orientadas a sancionar el delito de amenaza a la salud pública, infracciones que se cometen contra ciclistas y de sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario a favor de mujeres que tienen a su cargo hijos de hasta 12 años de edad. Para tal efecto, la mesa recibió a los proponentes de las iniciativas.
En dos sesiones de trabajo, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Raúl Tello, tomó varias medidas respecto a la defensa de los derechos laborales y la ejecución de resoluciones en la región Amazónica, en el marco de la crisis sanitaria por Covid 19.
La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, quien indicó que la generación de empleo se da a través de la obra pública y, para ello, es necesario que el Gobierno busque recursos en el exterior, con años de gracia. Sostuvo que no podrán pagar créditos de forma inmediata porque su presupuesto será reducido debido a la crisis y a la caída del petróleo.
El Ministro de Energía, Minas y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, precisó que Petroecuador debe participar de forma directa en el seguro petrolero para afrontar la crisis del sector. Consideró que se podría terminar el 2020 con un precio del barril de petróleo de 25 dólares.
En el marco de las comparecencias que recibe la Comisión de Desarrollo Económico para el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, Jaime Rumbea, representante de la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, pidió que se incluya una disposición en donde se determine que la contribución de personas naturales no afecte su ingreso en el score de crédito, así también, solicitó que al sector inmobiliario se lo exonere de la contribución y, finalmente, que a través de una disposición se establezca que los contratos de compra-venta e hipoteca se puedan hacer con firmas electrónicas.
Este viernes 24 de abril, a partir de las 15h10, la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón, se reunirá para iniciar el tratamiento del Proyecto de Ley para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables.
Con 11 votos afirmativos y una abstención, la Comisión de Régimen Económico, como parte de su metodología, resolvió que los miembros de la mesa legislativa envíen sus observaciones de los artículos 1 al 30 del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, hasta el medio día del viernes 24 de abril. Con esos insumos los parlamentarios se reunirán de forma virtual, en horas de la tarde, para iniciar el tratamiento del articulado.
En el contexto de las reformas al Código de la Niñez, la Comisión Ocasional que aborda este tema, en la sesión virtual 057, centró la discusión en textos borradores sobre las políticas públicas de protección a niños, niñas y adolescentes, entes responsables de su ejecución, articulación interinstitucional, procedimientos ante delitos de abuso sexual, garantías de acceso a la educación, infracciones administrativas, violencia, entre otros puntos.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, recibirá mañana, viernes 24 de abril, a los ministros de Educación, Monserrat Creamer y de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, así como al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, quienes explicarán temas relacionados con los costos de pensiones educativas, el acceso a la educación por medios telemáticos y la defensa de los derechos de la ciudadanía, en medio de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19.
