La legisladora Brenda Flor, como autora del proyecto de reformas a la Ley del Régimen Especial de Galápagos, explicó en la Comisión de Biodiversidad que la propuesta aclara el enfoque de la normativa al marco constitucional, a fin de asegurar el bienestar de la población, al encontrar un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
Berenice Cordero compareció ante la Comisión Aampetra, en donde se refirió a las acciones que se toman desde esta Cartera de Estado para sumarse a la prevención de los casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes.
Luego de múltiples e intensas jornadas de debate en talleres con los actores del sistema de educación superior, que duró seis meses, la Comisión de Educación prevé entregar sus resultados la próxima semana. Augusto Espinosa, titular de la mesa, destacó que existen amplios consensos sobre la mayor parte de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
En el contexto de la construcción del Código de Salud, el vicepresidente de la Comisión encargada del tema, Jorge Yunda, realizará el Foro “Juntos por la Salud de los Ecuatorianos”.
Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, junto a representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, conversó con jóvenes de secundaria sobre la importancia del voto facultativo.
En una cosa coincidieron los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico y Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y es que hay una demanda insatisfecha en el servicio de transporte público y hay que buscar una solución. La misma debe garantizar el derecho a la movilización y la seguridad de los ciudadanos.
La Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas definió su hoja de ruta. Enfocará su acción en la reforma penal para tipificar la desaparición involuntaria como delito y concretar un registro estadístico único sobre el tema, entre otros aspectos.
Con diez intervenciones se abrió el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que plantea la muerte civil, es decir, la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público de por vida cuando la persona haya cometido delitos contra la administración pública. Frente a esta infracción los corruptos tampoco podrán contratar con el Estado.
Indulto y endurecimiento de sanciones en delitos en contra de la administración pública fueron dos de los puntos tocados. Soledad Buendía hizo una propuesta de articulado.
Abuso de poder y discrecionalidad para sancionar a medios de comunicación serían dos de las causales para empezar el juicio político. Pidieron que se sumen quienes se hayan sentido afectados.
