La Comisión de Participación Ciudadana continúa con el estudio del proyecto de reformas a la Ley de la Función de Transparencia y Control Social. El equipo de asesores de la mesa se reunió esta semana para analizar los cambios que se sugiere en el cuerpo legal y los criterios que se presentaron en la Comisión.
Tras anunciar que insistirá para que la Comisión de Justicia siga con el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionadas con la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, la asambleísta Marisol Peñafiel, aseguró que permanece en la búsqueda de cambios y desafíos para enfrentar al poder del capital, patriarcal y machista.
“Hay que codificar todas las normas dispersas y consolidarlas en un solo cuerpo normativo, que permita mejorar la capacidad de producción en el mundo rural ecuatoriano y sobre todo mejorar la calidad de vida de los campesinos y comunidades”, expresó el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria.
El tema paraísos fiscales concitó el análisis de catedráticos. Palmira Chavero, docente de la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social y Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, expresaron sus opiniones en torno a la salida de recursos al exterior sobre la base de la normativa vigente en Ecuador. Mencionaron que nuestro país se ubica al frente de la comunidad regional en la lucha contra los paraísos fiscales.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Leonardo Orlando, director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó un amplio informe sobre la situación de los servidores públicos inmersos en el tema de paraísos fiscales.
Nuestra Constitución en el artículo 416, numeral 4, apunta a promover la paz, el desarme universal y además condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva. La asambleísta Soledad Vela, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, resaltó la importancia de aprobar el Convenio sobre la Protección Física de los Materiales e Instalaciones Nucleares.
La Comisión de Justicia continúa la socialización del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, que busca que ninguna autoridad de elección popular o servidor público pueda desempeñar funciones si tiene capitales o bienes en paraísos fiscales. En esta ocasión, escuchó al Superintendente de Bancos, Christian Cruz.
Trece días transcurrieron desde que la Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. Se espera la sanción u objeción por parte del Presidente de la República, Rafael Correa, que -conforme al mandato constitucional- lo puede hacer hasta el 14 de abril de 2017.
La Asamblea Nacional avanzó con el tratamiento de la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. El Pleno conoció el informe que preparó la Comisión de Relaciones Internacionales, en el que recomienda la aprobación. La presidenta de esta mesa, María Augusta Calle, argumentó las razones. En una próxima ocasión, los asambleístas deberán pronunciarse.
Así afirmó María Augusta Calle, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, durante su ponencia alrededor de la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, que alude a la categorización del tipo y cantidad de material nuclear, a fin de aplicar niveles de protección física diferenciada, tanto en el transporte como en las instalaciones. Elementos como uranio y plutonio en cantidades mayores a 2 kilogramos, implica un mayor nivel de cuidado. El uso y la preservación de estos elementos requiere de un adecuado tratamiento, debido a los altos niveles de irradiación.
