Con la finalidad de dar a conocer la difícil situación por la que atraviesan alrededor de tres mil empleados de las salas de juego en su estabilidad económica y laboral, un grupo de trabajadores acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Scheznarda Fernández. Sixto Ruales, a nombre de los trabajadores, solicitó que se les conceda seis meses para el proceso de liquidación y poder incorporarse a otra actividad profesional.
Los asambleístas César Montúfar, Fausto Cobo y Jimmy Pinoargote solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, realice una observación “in loco” a la situación de la libertad de expresión y los derechos Humanos en el Ecuador.
César Montúfar expresó que esta observación será de enorme utilidad para que la comisión formule recomendaciones inmediatas al Estado ecuatoriano, “frente a las violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular los de libertad de expresión”.
En la petición, sostienen que “el Ecuador está atravesando una situación de extrema gravedad en materia de respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos, en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión y a las garantías del debido proceso. Debido a múltiples factores la actual administración presidencial ha mostrado una actitud recalcitrante intolerancia hacia quienes expresen opiniones que no concuerden con las ideas prevalecientes del régimen y ha adoptado diversas acciones que han vulneración de manera sistemática la situación de los derechos humanos en el país”.“Debemos informar, entre una serie de hechos muy preocupantes que chocan con el respeto irrestricto al derecho a la libertad de expresión, la presentación de demandas judiciales en contra de periodistas por sus investigaciones u opiniones críticas al régimen; el intento de aprobar una Ley de Comunicación que viola de manera clara la libertad de expresión y contradice a estándares internacionales en la materia; los repetidos ataques verbales y persecución judicial hacia personas que piensan diferente o hacia los medios de comunicación independientes, entre otros”, subrayaron.
También mencionaron el juicio planteado en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del Libro “El Gran Hermano” y la denuncia en contra de siete radioemisoras por transmitir un espacio de opinión en defensa de la libertad de expresión.
Por las razones expuestas, solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga al Ecuador a realizar la investigación pertinente.
PV
En el marco del proceso de socialización del proyecto urgente, la Comisión de Régimen Económico recibió hoy aportes, comentarios y observaciones de parte de la Fundación Ecuatoriana de Propietarios de Farmacias, de la Asociación de Bancos Privados (ABPE), de la Asociación de Propiedad Intelectual y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
Monopolio
Carlos Reyes indicó que, hace 15 años, aparecieron los grandes monopolios en el sector farmacéutico, con la presencia de grandes cadenas de farmacias, que surgen de la unión entre el laboratorio, la distribuidora y la farmacia, que han impuesto sus reglas de juego y precios de los medicamentos, en detrimento de las farmacias pequeñas, que se preocupan por la salud de la gente y no el simple lucro y la ganancia.
Comentó que tres mil farmacias independientes, que promueven el sustento para 25 mil familias, están instaladas a nivel nacional en sitios populares, mientras las grandes cadenas se ubican en lugares comerciales estratégicos.
Reyes destacó la necesidad urgente de que se implementen una normativa clara, en pro de un negocio justo, con oportunidades para todos y en igualdad de condiciones.
Cuestionamientos
Ricardo Cuesta, titular de la ABPE, dijo que la entidad apoya el hecho de que Ecuador cuente con una ley de competencias, pues no puede quedarse rezagada de países que si tienen legislaciones de este tipo.
Reiteró que no cuestionan el contenido de la ley en su conjunto, sino específicamente la inclusión de las disposiciones generales que hacen alusión a las instituciones financieras y a la obligación de desinversión de la banca en las casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros.
Esas disposiciones van más allá de los resultados de la consulta del 7 de mayo, en donde nada se dijo acerca de la desintegración de los grupos financieros. El espíritu de la pregunta se enfocó a las actividades no financieras, por tanto, dichas normas pueden afectar la liquidez, solidez y solvencia del sistema bancario, a más de generar problemas a la banca y sus accionistas, manifestó.
Cuesta expresó que la incorporación en el proyecto de normas que reforman la Ley de Instituciones del Sistema Financiero da lugar a una inconstitucionalidad, al tiempo de considerar que esos aspectos deberían ser parte de otro nuevo cuerpo legal.
Mayores preocupaciones
Henry Kronfle y Blasco Peñaherrera, presidentes de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), respectivamente, coincidieron en señalar que el proyecto, antes que frenar la competencia desleal, otorga a la Superintendencia de Control del Mercado, específicamente al Presidente de la República, la facultad de intervenir en el mercado, es decir, en la economía del país.
Intervenir en la economía significa fijar precios; en esas condiciones el productor al darse cuenta de que no puede mantener su negocio con precios que están por debajo de sus costos decide no producir, lo que genera escasez, mercado negro y desabastecimiento de mercados, puntualizaron, al recordar los ejemplos de la Venezuela de hoy, y Chile de hace 30 años.
En la reunión también participaron Roque Albuja, presidente de la Asociación de Propiedad Intelectual y Rodrigo Landeta, de la Senplades.
MG/eg
La Comisión de Régimen Económico y Tributario sesionará este miércoles a las 14:15, para realizar el último debate con los representantes de la Senplades sobre el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado y luego se procederá a la votación del informe para segundo debate.
Asambleístas de diversas tendencias políticas coincidieron en que es necesario investigar lo ocurrido el 30 de septiembre de 2010, a fin de sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este hecho, que fue calificado como vergonzoso y terrible, porque se agredió a un Jefe de Estado, a parlamentarios; hubo insubordinación policial, caos general en todo el país; y, fue un día donde los fusiles dispararon al pueblo ecuatoriano, dando lugar, con el saldo trágico de cinco personas fallecidas.
La Comisión de Biodiversidad presidida por el asambleísta Rolando Panchana, inició el tratamiento del proyecto de ley de Protección del Cóndor Andino y otras Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción, de autoría del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva.
La asambleísta María Augusta Calle, al proponer el proyecto de resolución que condena los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, enfatizó que en esa fecha se pretendió alterar el destino democrático de los ecuatorianos, se secuestró al Presidente de la República, se impidió la labor de la Asamblea Nacional y se violó la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Lourdes Tibán, anunció que para el 28 de septiembre, a las 10:00, fueron invitados Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, presidente y vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio a este organismo legislativo, a fin de que respondan las denuncias formuladas durante la asistencia del procurador de Diario El Universo, Joffre Campaña.
El asambleísta Paco Fierro, de la provincia de Chimborazo, fue enfático al señalar que la enfermedad del cáncer requiere atención especializada y recursos oportunos y es allí en donde radica la importancia de que el gobierno entregue los dineros para que la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) pueda atender en forma oportuna y preferente a los pacientes que sufren esta enfermedad.
Por unanimidad de los presentes (91), la Asamblea Nacional exhortó al Ministerio de Educación para que a través de acuerdo ministerial regule y reglamente las seis horas pedagógicas diarias considerando que los períodos de clase serán de 40 a 45 minutos.
