En el Salón de la Libertad José Mejía Lequerica, de la Sede Legislativa, se desarrolló el diálogo nacional sobre el proyecto de Ley de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, con la presencia del Ministro del Interior, representantes de las juntas parroquiales, de gobiernos autónomos descentralizados, GAD, de las brigadas barriales de seguridad, actores institucionales, de la empresa privada, entre otros.
Dicho encuentro fue organizado por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral y la Coordinación de Participación Ciudadana.
Al dar la bienvenida a los asistentes, el asambleísta Diego Salgado subrayó que el Código de Entidades de Seguridad reemplazará, entre otras normativas, a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, entidad que está presente en la vida nacional por espacio de 75 años.
Hoy, continuó, uno de los graves problemas de los ecuatorianos, hombres y mujeres, es la inseguridad, por tanto, la fuerza pública es una institución fundamental para poder combatir la delincuencia. En tal sentido, es trascendental que las funciones Legislativa y Ejecutiva y la población canalicen esfuerzos para actualizar su funcionamiento, a fin de garantizar que la Policía proteja a la gente y sus bienes, enfatizó.
Reestructuración
Tras recordar que la propuesta se presentó en septiembre de 2011, el ministro del Interior, José Serrano, comentó que la iniciativa surgió de la necesidad imperiosa de reestructurar nuestro sistema de seguridad nacional y las instancias de seguridad pública.
Reveló que en la etapa neoliberal se desinstitucionalizó a la Policía y fortaleció el criterio y la doctrina de la represión y orden público, así como la doctrina militarizada de la Policía, dejándole sin recursos y sin capacidad operativa.
La seguridad se había convertido, también, en el gran negocio, tomando en cuenta que los policías estaban desprovistos de buenas armas, con sueldos indignantes, dormían en cuartos nauseabundos, al mismo tiempo y paralelamente, se fomentaba, de manera voraz, el fortalecimiento de la seguridad privada, cuyos miembros sí tenían armamento de alto calibre, chalecos antibalas y remuneraciones de hambre, siendo incluso sujetos de explotación laboral, precisó.
Socialización
El asambleísta Fernando Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, recordó que el proceso de socialización del Código de Entidades de Seguridad se inició el 13 de septiembre, a través de más de 10 talleres y foros, en varias capitales de provincia.
Trabajamos en un cambio revolucionario de la seguridad, poniendo en primer plano la verdadera profesionalización de la Policía Nacional, a fin que la estructura y funcionamiento de la misma se ajuste al mandato de la Constitución y a las normas internacionales, dijo.
Como parte del cronograma, Bustamante explicó el contenido del Libro Preliminar, mientras los parlamentarios María Soledad Vela, Rodrigo Collaguazo, María Augusta Calle, hablaron de los alcances del Libro 1 (Policía), Libro 2 (Servicio Civil de la Investigación de la Infracción), Libro 3 (Servicio de Protección Público), respectivamente.
MG/eg
La Comisión de Régimen Económico se reunirá mañana, a partir de las 17:00, para revisar los rubros fundamentales de la pro forma presupuestaria para el 2014 y, a la vez, establecerá los temas que se deben aclarar, en materia de ingresos y egresos, por las autoridades relacionadas con la planificación presupuestaria.
La Comisión de Justicia aprobó el informe, no vinculante, en torno al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, en el que sugiere el allanamiento en todas sus partes.
Textos alternativos
El Presidente Rafael Correa consideró la necesidad que el proyecto tome cuenta el artículo 80 de la Constitución, que recoge el principio imperativo e inderogable de derecho internacional que proscribe las graves violaciones y obliga a su prevención y, cuando han ocurrido, al esclarecimiento de la verdad, investigación, juzgamiento, sanción y reparación de las víctimas.
También señaló que en los casos que haya lugar a indemnización por los daños materiales o inmateriales, que se produjeron a consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, el Estado ecuatoriano efectivizará el pago de dicha indemnización, ya sea en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las víctimas con el Ministerio de Justicia, o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada.
El Ministerio de Justicia, en coordinación con el Programa de Reparación, reglamentará el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento.
Como requisito previo para realizar el pago respectivo, se deberá conocer la identidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, a fin de que el Estado pueda ejercer contra éstos la acción de repetición con el propósito de que se reintegren a las arcas estatales los recursos económicos erogados por concepto de reparación.
Además, propone que la víctima y, a falta de ella, su cónyuge, su pareja en unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, en ese orden, podrán demandar judicialmente la reparación integral de los daños ocasionados.
Se prohíbe otorgar o recibir doble indemnización por el mismo hecho, o por error judicial. La víctima y, a la falta de ella, su cónyuge, su pareja por unión de hecho y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, que obtuvieren o hubieren recibido indemnización a través de un acuerdo indemnizatorio suscrito con el Ministerio de Justicia, no podrán demandar al Estado otra indemnización por el mismo hecho a través de la vía judicial, ni en el Sistema Interamericano o Universal de Protección a los Derechos Humanos.
El juez, al momento de dictar sentencia ordenando los pagos respectivos, identificará a los responsables de la violación de derechos humanos, para que el Estado ejerza contra éstos el derecho de repetición.
En el plazo de 90 días, desde la publicación de la presente ley, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General, el Registro Civil, y las demás entidades del Estado, implementarán todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las responsabilidades determinadas por este cuerpo normativo.
MG/pv
El presidente de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud, Carlos Velasco Enríquez, por invitación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), participará en el Tercer Foro Mundial sobre Recursos Humanos para la Salud organizado por el Gobierno de Brasil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, desde la ciudad de Cuenca, en el canal Telerama, al realizar una evaluación del trabajo desarrollado por la Legislatura en estos seis meses resaltó que se han aprobado 9 proyectos de ley y 10 resoluciones.
El asambleísta Virgilio Hernández (PAIS) subrayó que no se eliminará el tema relativo a los delitos culposos del Código Orgánico Integral Penal, porque lo que se busca es atender los intereses de la sociedad y no las presiones de los gremios, particularmente los relacionados con el área de salud.
Bajo la coordinación del asambleísta Diego Salgado, integrante de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, se realizó un conversatorio, como parte del proceso de socialización del proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana.
En este espacio de diálogo estuvo presente el especialista en seguridad Medardo Oleas, así como representantes de organizaciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo.
El doctor Oleas comentó que la normativa tiene que partir de un enfoque global al problema de lo que es, precisamente, el trabajo de las entidades de seguridad ciudadana, puesto que solo se habla de la incorporación de una nueva figura, esto es, de los elementos civiles de investigación que tendrían a su cargo el tema de criminología.
Puso como ejemplo las prácticas y experiencias de la ciudad de Bogotá, con el liderazgo del exalcalde Antanas Mockus, donde se le dio un enfoque diferente a lo que es el manejo en sí de la delincuencia y la seguridad.
Allí, continuó, en primera instancia, se profundizó en el análisis de las causas que originaban un delito, la situación de las pandillas, la venta de drogas, la prostitución, los niños en las calles, etc., determinando que los patrullajes tenían que hacerse más en horas de la noche y fundamentalmente mecanismos que permitían que la Policía con sus otros entes especializados acudan a lugares específicos, para, de esta forma, implementar un control preventivo para evitar delitos y posteriormente los casos se envían a la parte judicial.
Bajo estos antecedentes, propuso reforzar con más capacitación, estructura y equipamiento a la Unidad de Policía Comunitaria, que no es represiva y tiene una directa vinculación con la población, por tanto, tiene la capacidad de identificar los problemas que existen en la comunidad y que originan ciertos tipos de delitos, tras expresar la necesidad de afianzar también la profesionalización de la Policía Judicial.
MG/pv
En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, un grupo de ex trabajadores de la Compañía Ecuatoriana de Aviación, solicitó la intervención del organismo legislativo para que viabilice el cumplimiento del pago de los fondos de reserva.
La próxima semana el Pleno de la Asamblea Nacional podría iniciar el trámite de la creación de las cuatro universidades emblemáticas, en segundo debate, sobre la base de los informes presentados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Los asambleístas que integran la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, analizaron el vigésimo segundo contrato colectivo suscrito entre los representantes de la compañía Azucarera Valdez SA y el Comité de Empresa de los Trabajadores, en el que se excluye de ciertos beneficios a un gran número de trabajadores de campo.
