Luego de un intenso debate en el que participaron representantes de las diversas bancadas legislativas, el Pleno de la Asamblea concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos.
Por iniciativa de la Comisión de Régimen Económico se realizó el Foro de socialización del proyecto de Código de la Producción, que fue enviado por el Presidente de la República, Rafael Correa, con el calificativo de urgente en materia económica, donde empresarios, trabajadores y funcionarios gubernamentales expusieron sus puntos de vista al respecto.
En efecto, a la convocatoria del organismo acudieron Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Santiago León, titular del Directorio de la CAE; Mauricio Peña, secretario Técnico del Ministerio Coordinador de la Producción; Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI); Bernardo Acosta, representante de la Cámara de Industrias; y, Pablo Serrano, dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).
El asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el próximo miércoles continuará el proceso de socialización abierta, con el objetivo de escuchar a todos los actores sociales y lograr así acuerdos indispensables para que el Código sea resultado del más amplio debate, considerando que el proyecto constituye una herramienta efectiva para el desarrollo del comercio exterior y del país en general.
Eduardo Peña y Bernardo Acosta, de la línea empresarial, reconocieron que la propuesta gubernamental tiene aspectos positivos para el progreso nacional, sin embargo, plantearon que se elimine el impuesto a la salida de divisas y el cobro del impuesto mínimo, además que el pago del impuesto a la renta sea al final del año y no en el transcurso del camino.
Las medidas descritas son una mala señal para atraer las inversiones, enfatizaron, a la vez de sugerir que se establezcan incentivos fiscales para que la empresa privada genere mayor productividad y empleo, tratado de incorporar a los comerciantes informales al comercio formal, considerando que son una gran mayoría y perciben menos del salario básico.
La aplicación del Código tendrá un impacto en la economía de más de 379 millones de dólares en el primer año, destacó Carlos Marx Carrasco, director del SRI, quien puntualizó que no es procedente eliminar el impuestos a la salida de capitales y el impuesto mínimo, ya que atentaría a la estabilidad y sustentabilidad fiscal que ha desarrollado el régimen, para consolidar el principio constitucional del buen vivir de la sociedad ecuatoriana.
Entre tanto, Pablo Serrano, de la Ceosl, aseveró que se pretende fomentar la precarización en una especie de tercerización camuflada de empleo y que la unificación de los décimos y otras compensaciones en el salario digno vulnerarían la estabilidad y conquistas laborales, consagradas en la Constitución.
En respuesta, Mauricio Peña, del Ministerio de la Producción, aseveró que los trabajadores continuarán cobrando normalmente los décimos tercero y cuarto sueldos, al tiempo de indicar que el proyecto crea la figura de la contratación temporal especialmente en el área del turismo, para los que se ha fijado un pago adicional del 35% del sueldo básico unificado y se garantiza el reconocimiento pleno de la afiliación al seguro social y otros beneficios laborales.
MG/pv
El miércoles a las 09h00, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, se iniciará el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, con el auspicio de la Asamblea Nacional y varias instituciones nacionales e internacionales. Haga click aquí para ver la agenda.
El evento, que concluirá el viernes, tiene como objetivo debatir con los actores involucrados en el desarrollo nacional, sobre la necesidad de generar procesos planificados de ordenamiento territorial en el Ecuador, desde enfoques académicos, políticos y técnicos, para promover insumos que alimenten iniciativas legislativas y procesos articulados de planificación y gestión en los diferentes niveles de gobierno.
Temas
Dentro de los temas de análisis constan: la evolución del ordenamiento territorial en el Ecuador; los procesos de descentralización y ordenamiento territorial; ordenamiento territorial frente a las demandas sectoriales y las competencias exclusivas o concurrentes de los diferentes niveles de gobierno; redefinición y creación de perfiles universitarios, para afrontar la descentralización y el ordenamiento territorial establecidos en la Constitución.
Expositores
En calidad de expositores intervendrán Domingo Gómez, Universidad Politécnica de Madrid; Juana Mariño de Posada, experta en ordenamiento territorial de Colombia, así también representantes de la Asamblea Nacional, AME, CONCOPE, CONAJUPARE, BEDE, SENPLADES, MIDUVI, universidades.
Se espera una importante participación de asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales, además de técnicos de los entes seccionales y universidades públicas y privadas, especialmente de las facultades y organismos académicos y de investigación que tengan relación con el tema del encuentro.
MG/pv
La Comisión del Derecho a la Salud, presentó a Secretaría General de la Asamblea el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que tiene como objetivo regular las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, además de los productos elaborados derivados de ellos, incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y las actividades de trasplante, aplicación, investigación clínica y su seguimiento.
Para el martes próximo, a las 9H30, está convocada la sesión 68 del Pleno, a fin de que los asambleístas debatan en segunda las derogatorias No. 3 y 4 para la depuración de la normativa legal; así como la designación de los delegados de la Función Legislativa para formar parte de las comisiones ciudadanas de selección para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la primera autoridad de la Fiscalía; y, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista, Trabajador Autónomo y Microempresario.
El proyecto de Código de la Producción, enviado por el Ejecutivo busca generar y consolidar los regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, generen las condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un crecimiento eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó los correspondientes informes para segundo debate de los proyectos de Ley de Derogatoria números 3 y 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
Los dos trabajos incluyen un total de 345 normas a eliminarse, que aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, por el cumplimiento de la finalidad que su expedición se propuso alcanzar, o, porque los presupuestos considerados en ellas fueron recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
La propuesta de Derogatoria No. 3 (195) contiene leyes, decretos legislativos, decretos supremos y acuerdos referentes, principalmente, a la exoneración del requisito de licitación para que varias instituciones públicas adquieran bienes muebles e inmuebles, vehículos, repuestos, implementos para recolección de basura, equipos contra incendios, así como maquinaria para los planes viales de los consejo provinciales.
De igual manera, constan normas referentes a la emisión de bonos para la construcción de carreteras, calles, aceras y más obras municipales; autorizaciones para que el Banco de Fomento y el Ministerio de Agricultura importen ganado; la facultad para que los rectores de la Universidad Central y de Escuelas Politécnicas adquieran terrenos e implementos para sus laboratorios.
Derogatoria No. 4 (150)
Los decretos supremos se refieren principalmente a la reorganización de la mayoría de los Consejos Cantonales del país, así como de la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores y Tribunales de Cuentas.
A su vez, los decretos legislativos tratan sobre la construcción de varios tramos del ferrocarril en distintas provincias; indultos y amnistías de desertores del Ejército y guardias nacionales, como también a participantes en revueltas; abolición de cobros exigidos a los indígenas; el establecimiento de una aduana en Santa Rosa; la suspensión de la vigencia del arancel de aduana.
Los informes están suscritos por María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Mauro Andino, César Gracia, María Cristina Kronfle, Mariángel Muñoz, Washington Cruz, Andrés Páez, Vicente Taiano y Marisol Peñafiel.
MG/pv
Por iniciativa de la asambleísta Betty Amores, hoy se dieron cita a un conversatorio una veintena de representantes de instituciones inmersas con la legislación por los derechos y bienestar de la niñez, a fin de analizar ciertas sentencias de Hábeas Corpus relacionadas con el incumplimiento de pensiones alimenticias.
En efecto, al llamado de la Vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización asistieron Daniel Gallegos y Lorena Dávalos, del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; Adriana Molesterolo y Belén Carrillo, de la Confie; Patricio Benalcázar, de la Defensoría del Pueblo; Juan Calero, del Ministerio de Justicia; Ernesto Delgado, de la Defensa de Niños y Niñas Internacional, entre otros.
Betty Amores informó que la Corte Constitucional ha resuelto revisar dos sentencias de Hábeas Corpus otorgadas por los jueces de la niñez y adolescencia a ciudadanos que han incumplido el pago de pensiones alimenticias, para lo cual el organismo ha convocado a una audiencia pública para los días 26 y 27 de octubre.
Destacó que el Art. 44 de la Constitución establece que: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas...”, mientras el Código de la Niñez determina que no habrá prisión por deudas, a excepción de lo atinente a pensiones alimenticias.
Por tanto, en cada una de las audiencias, por espacio de 20 minutos, fundamentaremos nuestras argumentaciones legales con el derecho de réplica de 10 minutos y al final de las exposiciones se podrá presentar un escrito y, eventualmente, solicitar actuación de prueba, de acuerdo a la providencia, sostuvo.
Finalmente, reiteró que la reunión es el mejor escenario para estudiar la constitucionalidad de disposiciones legales sobre el tema de pensión de alimentos, con el propósito de unificar esfuerzos y, lo que es más, criterios jurídicos que permitan garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en los casos que se encuentran en revisión por parte de la Corte Constitucional.
MG/pv
Del 27 al 29 de octubre se llevará adelante el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, con el auspicio de la Asamblea Nacional y varias instituciones nacionales e internacionales, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca.
Por unanimidad de los presentes (109), el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social, a través del cual se incrementa de manera progresiva la pensión en función de los derechos de los jubilados, asegurando una disposición legal que permita la actualización anual, sin necesidad de reforma legal para alcanzar una jubilación digna.
Descargue el Ley aprobada por la Asamblea Nacional
