“Saludo a las mujeres del Ecuador y del mundo que luchan permanentemente por erradicar la violencia contra la mujer; este es un tema en el cual debemos comprometernos todos y todas, porque, lamentablemente, todavía hay machismo y existe violencia soterrada”, subrayó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al felicitar a las mujeres, con motivo del Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer.
El titular de la Función Legislativa aseguró que se trata de una tarea que requiere la presencia de todos y todas, para hacer causa común, porque nada justifica que persistan las diversas formas de violencia, al destacar el trabajo que realizan las mujeres del Ecuador y del Mundo por apuntalar el irrestricto respeto a sus derechos.
“Dejemos de lado el miedo, este es un tema en el que debemos actuar juntos para erradicar toda forma de violencia contra la mujer”, enfatizó al recordar que los esfuerzos por eliminar la violencia deben ser permanentes.
EG
Sindicatos y gremios de la administración pública se dieron cita al ex Senado de la Función Legislativa para exponer sus aportes en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, que impulsan la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos-ISP.
Con la presencia del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos; y, el titular de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), Ángel Rubio, la Comisión de Derechos de los Trabajadores analizó la problemática que atraviesan los servidores judiciales, por la falta de aplicación de la homologación salarial.
El ministro Rivera manifestó que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece una serie de procedimientos que las entidades públicas deben cumplir para recibir asignaciones estatales, por tanto, la Función Judicial debió presentar los proyectos y justificativos del caso para que el Ministerio de Finanzas procede a los respectivos desembolsos.
Comentó que el Consejo de la Judicatura, hasta noviembre, ha ejecutado su presupuesto 2010 en un 62,42%, ante lo cual no se puede dotar de mayores ingresos a quienes mantienen guardados dineros, que pueden servir para la obra vial, implementación de proyectos hidroeléctricos, escuelas, viviendas y otras.
Justicia colapsará
En respuesta, Benjamín Cevallos indicó que el Consejo de la Judicatura tiene concretada la ejecución de su presupuesto en más del 92%, hasta diciembre, pero que varios proyectos no se han puesto en marcha por la falta de celeridad en cuanto a su aprobación de parte de la Secretaria Nacional de Desarrollo (Senplades) y otros organismos del gobierno.
Advirtió que la administración de justicia, en general, podría colapsar en junio de 2011, en razón de que el presupuesto para el año entrante ha sido reducido en un 50%, sin considerar que se requieren 411 millones, de cuyo monto 300 millones serán para gastos corrientes y 111 millones para programas de inversión, que posibilitarán hacer efectiva la oralidad, modernizar la infraestructura física, contar con tecnología de punta, capacitación, a fin de satisfacer las expectativas ciudadanas.
Exigió que se respete el artículo 168, numeral 2, de la Constitución, que garantiza la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial, pues si no se lo hace no funciona ninguna transformación, ni la democracia en el Ecuador.
Incluso, el Ministro de Finanzas no ha recogido la inquietud del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien convocó el 24 de septiembre a una reunión en Guayaquil, para analizar el tema justicia y, lo que es más, establecer un presupuesto suficiente para atender las expectativas de la colectividad, agregó.
Cuestionamientos
Ángel Rubio, Lenin Pilalot, Ana Román y Carla Obando, representantes de los trabajadores judiciales, explicaron que una ley no tiene efecto retroactivo, por lo que el argumento de que la Losep define, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, el camino para la homologación salarial no tiene fundamento jurídico, más aún cuando este mecanismo rige desde el año 2008.
Sostuvieron que el proceso de homologación se puede cumplir con 35 millones de dólares, pero hoy al Estado le correspondería desembolsar cerca de 60 millones para hacer frente a múltiples acciones de protección que se han presentado sobre esta materia.
En todo caso, los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresaron la preocupación por la posibilidad de que la Función Judicial entre en crisis por el aspecto presupuestario. Además resolvieron establecer una comisión ampliada con los ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas, el Consejo de la Judicatura y la Fenaje, con el propósito de determinar los motivos exactos por los cuales no se ejecuta la homologación.
MG/eg
El asambleísta Abdalá Bucaram presentó un proyecto de resolución, según el cual se exhorta al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que disponga que las Fuerzas Armadas y los Grupos de Intervención y Rescate (GIR) y de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía salgan a las calles, por el lapso de 180 días, a fin de brindar seguridad a la ciudadanía y controlar la delincuencia.
El presidente de la Comisión Ocasional de Educación, César Rodríguez, subrayó que la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural es un soporte para un proceso de transformación radical de la educación, garantizando el derecho humano a la educación en el buen vivir.
Por contravenir la norma constitucional vigente, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la denuncia del Convenio entre las Repúblicas de Ecuador y Finlandia sobre Promoción y Protección de Inversiones, con 67 votos de 110 asambleístas presentes.
Con 88 votos afirmativos, seis negativos, tres blancos y seis abstenciones, la Asamblea aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre Ecuador y Venezuela, que tiene por objetivo promover el fortalecimiento y la diversificación del proceso de comercialización e intercambio de bienes, bajo un nuevo modelo de gestión socio-productiva, que establezca nuevas relaciones para el intercambio, distribución y comercialización de productos, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA.
El Comité Ejecutivo de la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha rendirá, este jueves, un homenaje de gratitud al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva y a la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez, por haber hecho posible el alza de sus pensiones jubilares.
En efecto, los jubilados del Ecuador, este jueves 25 de noviembre, a las 10h30, en sesión solemne, agradecerán a las autoridades legislativas, así como a los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores por haber incidido en la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social para la actualización e incremento de las pensiones jubilares.
Como se recuerda, esta reforma aumenta las pensiones jubilares desde enero del presente año; los nuevos montos varía entre 40 y 60 dólares durante el año 2010.
Los 276 498 pensionistas beneficiarios de esta ley están considerados en cuatro grupos: 17 704 por invalidez; 168 790 por vejez; 56 672 por viudedad; 33 242 por orfandad.
A partir del 2011 las pensiones se incrementarán automáticamente por medio de cinco coeficientes, con lo cual quienes menos reciben tendrán un incremento mayor.
Igualmente, las viudas incrementan sus pensiones del 40% a 60% en relación con la renta de su cónyuge o conviviente reconocido. Los viudos, por primera vez recibirán el mismo trato, pues hasta antes de la aprobación no tenían derecho a este beneficio.
RSA/pv
El asambleísta César Rodríguez iniciará un proceso de fiscalización al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Dirección Nacional de Cooperativas por no dar una salida al problema de miles de ciudadanos perjudicados por el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero”.
Al recibir en el salón del ex Senado a cientos de afectados por el referido tema, se comprometió a luchar para que los más de 35 mil socios recuperen sus dineros, tras pedir que la Contraloría disponga un examen especial de la gestión de la Dirección Nacional de Cooperativas, hoy dependiente del MIES, considerando que no se ha dado solución efectiva a un conflicto que involucra a gente humilde, desde hace tres años.
Pidió también al Fiscal General del Estado que le diga a la opinión pública cuál es el resultado de la indagación previa que se inició hace dos años, tras señalar que además solicitará al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, convoque a una de las comisiones especializadas a la Ministra de Inclusión Económica y Social, a fin de que dé una respuesta concreta sobre la situación del sistema cooperativo nacional y particularmente de la cooperativa San José Obrero.
Prrecisó que es fundamental que la ministra Ponce evalúe la actuación de la máxima autoridad de la Dirección de Cooperativas, pues los funcionarios indolentes con la gente humilde y pobre no deben seguir en esta revolución ciudadana.
Indicó que realizará una veeduría ciudadana y técnica que ponga fin a esta indolencia”; “una veeduría que dormirá en las calles, si es necesario, para acabar con la impunidad”.
Comentó que los perjudicados han realizado múltiples demandas a instituciones como la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Dirección Nacional de Cooperativas, sin obtener respuestas claras que satisfagan sus expectativas
MG/pv
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, invitó para el miércoles de esta semana al ministro de Finanzas, Patricio Rivera y al presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, a fin de que informen sobre la homologación salarial en la Función Judicial y su respectivo financiamiento,
