La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, luego del juramento de rigor, posesionó al periodista Carlos Alberto Ochoa Hernández, como primer superintendente de Comunicación e Información, de conformidad con lo que determina la Constitución y la Ley de Comunicación.
La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado junto al titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante, en horas de la mañana, recibió a un grupo de ocho parlamentarios iraníes, quienes estrecharon lazos de amistad e intercambiaron ideas respecto del proceso de aprobación de proyectos de ley.
Con la presencia de la viceministra encargada de Movilidad, María Landázuri, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales inició el trámite del pedido de aprobación del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile.
Los comisionados anunciaron la decisión de darle celeridad al documento, en razón de su transcendencia para los intereses de la población migrante, más aún cuando constituye una herramienta fundamental y efectiva para avanzar en la tesis de la ciudadanía universal, consagrada en la Constitución. Invocaron a las correspondientes autoridades del Ejecutivo a trabajar de manera coordinada con el Legislativo en el diseño y la construcción del proyecto de Ley de Movilidad Humana.
Importancia
María Landázuri de Mora señaló que el acuerdo de residencia otorga a los peticionarios residencia temporal de hasta dos años, permitiéndoles, como tal, gozar de algunas ocupaciones o actividades: hogar, estudio, ser contratados o ser independientes para ejercer una actividad económica, estudios.
También, obtendrán una especie de documento de identidad, con lo cual los ciudadanos están protegidos frente a una serie de circunstancias que tienen que ver con la indocumentación (sacar RUC, desarrollar una labor económica ordenada, atención en centros de salud y educativos, acceder a una seguridad social, etc). La residencia temporal puede transformarse en permanente al cabo de esos dos años, argumentó.
El Convenio visibiliza al inmigrante y facilita su regularización ordenada acorde a la aplicación de la norma establecida. Así, los ecuatorianos en los países miembros gozarán de los mismos derechos y deberes, en igualdad de condiciones, puntualizó, al indicar que el proyecto de Ley de Movilidad Humana estaría listo para febrero o marzo de 2014, luego de un intenso proceso de socialización.
Entre tanto, Jacques Ramírez, decano de la Facultad de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), destacó que el instrumento facilitará la incorporación de los migrantes a las sociedades receptoras en igualdad de oportunidades que los nacionales, tras precisar que Ecuador, Guyana y Surinam son las naciones que todavía no han ratificado la vigencia del mismo.
MG/pv
La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta Carlos Velasco, tiene previsto recibir este miércoles, a partir de las 16:00, a deportólogo, asambleístas, médico hemeopático para que den sus aportes respecto del proyecto de reformas a la del Futbolista Profesional.
En observancia a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 21 del Reglamento de las Comisiones Especializadas, la Secretaría General puso en conocimiento de los asambleístas el informe en torno al pedido de aprobación del “Memorando de Entendimiento entre las Repúblicas de Ecuador y Guatemala sobre el Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección de las Víctimas”, enviado por el Primer Mandatario.
El correspondiente informe fue aprobado por unanimidad (10 votos) en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. A favor del mismo se pronunciaron Fernando Bustamante, María Augusta Calle, Linda Machuca, María Soledad Vela, Verónica Rodríguez, Antonio Posso, Marllely Vásconez, Diego Salgado, Mary Verduga, Eduardo Zambrano. No asistió Cléver Jiménez.
Sugerencias
El organismo legislativo sugiere ampliar en el futuro la protección de los derechos a las familias de los migrantes víctimas de tráfico ilícito; extender las protecciones a las víctimas de tráfico y trata cuya integridad está en peligro y consagrar la necesidad de respetar la confidencialidad de sus datos y la protección integral de su vida y seguridad, una vez que el Estado ecuatoriano, luego de la ratificación del instrumento, decida con el consentimiento previo de la contraparte, modificar el Memorando de Entendimiento.
También, pide a la Comisión de Justicia la tipificación de las conductas antijurídicas que deben tomarse como tráfico ilícito, con el fin de que estos casos no queden en la impunidad, ni se haga extensiva esta figura a personas que tan solo han ayudado a los migrantes a ejercer su derecho a la movilidad, sin que medie abuso, violencia o explotación bajo cualquiera de sus formas; que las funciones del Estado competentes impulsen la aprobación del proyecto de Código Orgánico de Movilidad Humana, para contar con el marco normativo que regule la situación jurídica de las personas migrantes, adecuado a la realidad migratoria y acorte con los preceptos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes.
MG/pv