El Pleno de la Asamblea Nacional continúa el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tienen por objetivo adecuar su texto a las normas constitucionales vigentes, que establecen como competencia exclusiva de los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y municipales la planificación, regulación y control del tránsito.
Tras su elección como Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se reunió en Panamá, el titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se comprometió a luchar por hacer realidad el sueño de Simón Bolívar: “La Patria Grande”.
A través de Radio Pública del Ecuador, el arquitecto Cordero manifestó que tal designación la recibió con orgullo como ecuatoriano y, a la vez, con enorme responsabilidad pues constituye un reconocimiento a los procesos sociales y políticos que se llevan a cabo en el Ecuador.
Reiteró que dicha designación la recibe con humidad y con el desafío de estar a la altura de las circunstancias, a más de la responsabilidad que ello representa, tomando en cuenta que el mundo latinoamericano lo componen 33 países, al tiempo de destacar que su postulación surgió del consenso de los legisladores ecuatorianos, donde están incluidos sectores de oposición (6), la misma que la presentó el asambleísta Paco Moncayo con palabras que le llenan de orgullo.
En estas horas de integración Latinoamericana resulta importante que al Ecuador se le reconozca protagonismo en estos procesos, dijo. Destacó que la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) alcanzó ya su vida jurídica por medio del noveno voto de Uruguay.
Fernando Cordero comentó que los sueños de unidad de América Latina, que pensaron San Martín, Bolívar, Martí, Alfaro y otros próceres y patriotas, empiezan a tomar forma y podemos decirle a Bolívar que no aró en el mar, sino que sus principios e ideas están vigentes y que estamos muchos ecuatorianos y latinoamericanos por “La Patria Grande de todos y para todos”.
El flamante presidente Alterno del Parlatino exhortó a avanzar, con pasos firmes, hacia una legislación sobre aspectos comunes, tal como la ciudadanía latinoamericana, es decir la libre movilidad.
Finalmente, recordó que los mandatarios de la región se darán cita en Caracas, en julio del próximo, con el propósito de concretar la Unión Latinoamericana de Naciones.
MG
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, fue
electo con 184 votos a favor y 4 en contra, presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, funciones que las desempeñará durante los próximos dos años.
La elección de Fernando Cordero, de los miembros de la Mesa Directiva y del Consejo Consultivo se efectuó en el marco de la XXVI Asamblea Ordinaria del PARLATINO que se realizó en Panamá.
La nueva directiva, presidida por el diputado panameño Elías Castillo, tiene entre sus miembros a María de los Ángeles Moreno de México, Pauldrick Francois Croes de Aruba, Daisy Tourné de Uruguay, Walter Gavidia de Venezuela y Cándido Aguilera de Paraguay.
"Hemos aprobado una resolución para hacer un estudio sobre cuánto nos cuesta la no integración; si no hay una verdadera unificación, perdemos demasiado; América Latina unida es una potencia que puede equilibrar la balanza y evitar las injusticias" manifestó Fernando Cordero.
Al evento asistieron más de 180 parlamentarios de toda América Latina y observadores Internacionales.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez y el Secretario Regional de la Internacional de Servicios Público, Juan Diego Gómez convocaron para el miércoles 8 de diciembre a la reunión de seguimiento de las reformas de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, presentó cinco objeciones al proyecto de Ley Reformatoria de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.El Ejecutivo plantea que el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) lo integren: el Procurador o su delegado; la o el Superintendente de Bancos; el Director del SRI; la Gerenta de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Ministro del Interior o su delegado, dejando fuera al Presidente (a) de la Corte Nacional de Justicia y al Comandante de la Policía, como constaba en el texto inicialmente aprobado.
Igualmente, sugiere la eliminación de la temporalidad –cinco años- del cargo del Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), considerando que el proyecto no prevé la designación por concurso de merecimientos y oposición, sino de manera directa por parte del Directorio del Consejo; esto es, una designación de libre nombramiento y remoción. En igual manera, se pronuncia por la situación del subdirector del organismo.
También, el primer mandatario establece que quienes dolosamente, en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, proporcionen, ofrezcan o recolecten fondos o activos para financiar en todo o en parte, con recursos lícitos o ilícitos, la comisión de los delitos tipificados en el Capítulo IV, Título del Libro Segundo del Código Penal, serán sancionados con las mismas penas establecidas para el delito financiado.
El delito tipificado en este artículo será investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por eI tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de otros delitos tipificados en este capítulo, cometidos dentro o fuera del país.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó informe no vinculante sobre la objeción parcial realizada por el Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
El Ejecutivo menciona que en el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el Decreto Supremo s/n publicado en el Registro Oficial No. 126 de 10 de noviembre de 1925, que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre de 1925, por lo que cree que es fundamental corregir el error producido.
En tal sentido, el organismo legislativo considera que dicha observación es pertinente, por tanto recomienda allanarse al texto propuesto por el primer mandatario.
En cuarto módulo fue aprobado por la Asamblea, en segundo debate, el 26 de octubre de 2010 y remitido al Gobierno el 28 del mismo mes. En tanto, la referida objeción llegó el 25 de noviembre, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El correspondiente informe lo suscriben: María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Mauro Andino, Washington Cruz, César Gracia, María Cristina Kronfle, Andrés Páez, Marisol Peñafiel y Vicente Taiano.
MG/pv
En conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario Independiente Municipalista, cuestionó la decisión de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de descontar, en unos casos más del 50% en el pago del retroactivo en las pensiones a los jubilados del país.
Nivea Vélez, en compañía de los asambleístas Fernando González y Alfredo Ortiz, aseveró que tal actitud es arbitraria y abusiva, por lo que demandó que se corrija inmediatamente este hecho mediante la devolución de los dineros ilegalmente descontados.
Recordó que la Asamblea Nacional aprobó la pertinente reforma por unanimidad y el Ejecutivo sancionó favorable, sin objeción alguna, la cual determina expresamente un incremento entre 40 y 60 dólares en las pensiones de los jubilados y que el pago se realice con carácter retroactivo desde enero.
Argumentó también que no se les quiere reconocer el incremento a los ciudadanos que se jubilaron en el 2010.
Información, acciones legales, comparecencia
Bajo estos antecedentes, la Presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, anunció que ya se ha pedido información al Consejo Directivo del IESS sobre la fórmula de cálculo aplicada y el monto que representa ese beneficio.
Adicionalmente, indicó que respaldan todas las acciones legales que el sector de los jubilados pueda implementar, especialmente ante la Corte Constitucional, tomando en cuenta que los personeros del IESS han interpretado arbitrariamente la ley, lo que no les compete, sino aplicar la norma.
Finalmente, Nivea Vélez no descartó la posibilidad de convocar al presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, para que responda por esta situación.
MG/pv
En el marco del segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el asambleísta Francisco Hagó, propuso se permita que los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior puedan manejar y movilizarse alrededor del Ecuador, con licencias vigentes emitidas en el país de residencia.
El Pleno de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a Ricardo Onofre, Jorge Calderón y Sandra Carrera, representantes de los gremios de transportistas y de la Comisión de Tránsito del Guayas, quienes solicitaron que se acojan sus planteamientos en el informe de reformas que aprobará la Legislatura en materia de tránsito y seguridad vial.
Con la presencia de la secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), Sara Oviedo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, profundizó el análisis de las propuestas penales para enfrentar al crimen organizado. El tema de la imputabilidad de los menores infractores generó un intenso debate.
La doctora María Paula Romo, titular del organismo legislativo, anunció que el informe estaría listo entre el jueves o viernes, luego del proceso de socialización y recepción de aportes y observaciones, al anticipar que existe un apoyo mayoritario para imponer penas severas para quienes utilizan a jóvenes en acciones delicuenciales.
Sara Oviedo consideró que los planteamientos que buscan bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas o disminuir las garantías para adolescentes en conflicto con la Ley Penal, no deben ser acogidos, por contravenir la Constitución y los instrumentos internacionales, de categoría supralegal y de obligatorio cumplimiento para todos los poderes públicos.
Sobre la base de informaciones de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia, Dinapen, la funcionaria de la CNNA explicó que hay un millón 900 mil adolescentes, de los cuales 606 están detenidos por problemas legales. El 48% representa a menores de 16 a 17 años, mientras el 52% corresponde a menores de 12 a 15 años, tras precisar que urge determinar las causas y razones de la participación de este sector poblacional en la delincuencia.
Entre tanto, las asambleístas Soledad Vela, Gina Godoy, Mariangel Muñoz y Marisol Peñafiel coincidieron con los puntos de vista de Sara Oviedo, tras destacar que no se debe legislar bajo presión ni miedo alguno.
Acoger el planteamiento de imputar o duplicar las penas para los menores de edad, al margen de las normas constitucionales y preceptos internacionales, provocaría que se termine con un proyecto de construcción de vida, dijeron, al destacar que el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por mejorar las condiciones del sector y fijar verdaderas políticas de rehabilitación de los que hoy guardan prisión, que es lo idóneo y adecuado en este caso.
Azote delincuencial
Mientras, Vicente Taiano, Andrés Páez y Henry Cuji comentaron que Ecuador vive sumido en un estado de total violencia, por tanto, la Asamblea Nacional tiene que ofrecer respuestas claras frente a las expectativas e intranquilidad de la ciudadanía.
Si a los menores se les otorgó la facultad de ejercer su derecho al voto, también ese 7% que ha caído en el cometimiento de delitos debe ser procesado por la justicia. Es más, las sanciones tienen que ser más drásticas para aquellos que utilizan a niños en el crimen organizado, puntualizaron.
MG/eg
