El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, anunció que para mañana jueves 28 de octubre, a partir de las 9H00, serán recibidos los representantes de los productores bananeros de El Oro, Francisco Hidalgo; de la Cámara de Industriales, Pablo Dávila; el alcalde de Manta, Jaime Estrada; así como el delegado de la Cámara de Pequeños Industriales, Ricardo Flor; de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Bruno Leone; de los consejos provinciales, Montgomery Sánchez; y de la Asociación de Municipalidades, Paúl Granda.
La Comisión de Régimen Económico profundizó hoy el proceso de socialización del Código de la Producción con representantes del sector empresarial, sistema financiero, de las cámaras de comercio y de la producción, de los trabajadores, entre otros.
En efecto, al organismo comparecieron autoridades y delegados de la Asociación de Bancos Privados, de la Bolsa de Valores de Quito, de Expoflores, de la industria Textilera, del Servicio de Vigilancia Aduanera, de las empresas de telecomunicaciones, de las centrales sindicales, de las comercializadoras de combustibles, del Consejo de Minería, entre otros.
Los actores sociales coincidieron en destacar la trascendencia de la iniciativa para impulsar la reactivación productiva del país, pero que hubiese sido preferible tratarla con amplitud y tiempo suficiente. El Comité Empresarial, por medio de su presidente, Blasco Peñaherrera, sugirió que el documento sea devuelto y que el Ejecutivo lo remita por la vía ordinaria.
El asambleísta Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el Código será objeto de una verdadera transformación con respecto al proyecto original, recogiendo los aportes y comentarios de las distintas organizaciones, con el propósito de sacar adelante una ley que propicie el desarrollo nacional.
César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados, planteó que se elimine el impuesto a la salida de capitales, además dejar sin efecto la retención del impuesto a la renta del 10% a la remeza de intereses por créditos internacionales que vienen de la banca, tomando en cuenta que ello encarece el crédito en claro perjuicio de los clientes.
Adicionalmente, consideró que es pertinente que los créditos se direccionen a la acción de la banca pública, pero no en el sistema financiero privado, tras sostener que ciertas partes del texto son confusas, especialmente en lo atinente a la intermediación financiera.
De su parte, Ignacio Pérez, de Expoflores, mencionó que el salario digno es una medida discriminatoria, pues no están incluidos todos los trabajadores ni los sectores productivos, por lo que el tema no debería ser incorporado en el Código, más aún cuando generará conflictos respecto a atender las supuestas nuevas conquistas laborales, en el segundo año de aplicación.
Entre tanto, Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, señaló que les preocupa que el proyecto pudiera ser declarado inconstitucional, considerando la diversidad de áreas y materias que contiene el mismo.
No es conveniente que el beneficio de la exoneración tributaria se restrinja a documentos e inversiones a más de un año, ya que ello afectaría la operatividad del mercado secundario de capitales, puntualizó.
A su vez, Mesías Tatamuez, representante de las centrales sindicales, afirmó que el Código de la Producción fue elaborado sin la participación de los trabajadores.
Se nos invitó 15 días antes de presentar el documento a la Asamblea, con el propósito de decir que la clase obrera intervino en la discusión, contradiciendo el principio constitucional de que la democracia debe ser participativa, agregó.
En la reunión participaron Mauricio Peña y Santiago León, encargado del Ministerio de la Producción y titular del Directorio de la CAE, respectivamente.
MG/pv
La capacitación para los comerciantes minoristas, la protección a los adolescentes para que no realicen trabajos a corta edad, la prohibición de confiscación de productos, materiales o herramientas de trabajo, la necesidad de sacar al microempresario de esta normativa; el acceso a líneas de crédito en condiciones favorables; afiliación a la seguridad social; regular el comercio autónomo bajo las ordenanzas municipales, entre otros, fueron los temas que se abordaron durante la sesión 68, en el marco del segundo debate del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo.
El asambleísta Carlos Samaniego, en condición de ponente del proyecto de Ley Defensa y Desarrollo del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, sostuvo que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se preocupó por precautelar el derecho de más de 2 millones de ecuatorianos que se dedican al comercio informal.
El Pleno de la Asamblea inició el segundo debate del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista, Trabajador Autónomo y Microempresario que tiene como objetivo garantizar el derecho al trabajo digno de los ecuatorianos, regular y garantizar las actividades productivas, de comercio y/o servicios de este sector, en el marco de sus derechos y obligaciones constitucionales y legales, para cuyo propósito el Estado y cada uno de sus niveles de gobierno promoverá y ejecutará las acciones correspondientes.
El Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate los proyectos de Ley Derogatoria No. 3 y No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, a través de los cuales se eliminan 344 leyes, decretos supremos y legislativos, considerando que han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o porque fueron recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Luego de un intenso debate en el que participaron representantes de las diversas bancadas legislativas, el Pleno de la Asamblea concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos.
Por iniciativa de la Comisión de Régimen Económico se realizó el Foro de socialización del proyecto de Código de la Producción, que fue enviado por el Presidente de la República, Rafael Correa, con el calificativo de urgente en materia económica, donde empresarios, trabajadores y funcionarios gubernamentales expusieron sus puntos de vista al respecto.
En efecto, a la convocatoria del organismo acudieron Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Santiago León, titular del Directorio de la CAE; Mauricio Peña, secretario Técnico del Ministerio Coordinador de la Producción; Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI); Bernardo Acosta, representante de la Cámara de Industrias; y, Pablo Serrano, dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).
El asambleísta Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, anunció que el próximo miércoles continuará el proceso de socialización abierta, con el objetivo de escuchar a todos los actores sociales y lograr así acuerdos indispensables para que el Código sea resultado del más amplio debate, considerando que el proyecto constituye una herramienta efectiva para el desarrollo del comercio exterior y del país en general.
Eduardo Peña y Bernardo Acosta, de la línea empresarial, reconocieron que la propuesta gubernamental tiene aspectos positivos para el progreso nacional, sin embargo, plantearon que se elimine el impuesto a la salida de divisas y el cobro del impuesto mínimo, además que el pago del impuesto a la renta sea al final del año y no en el transcurso del camino.
Las medidas descritas son una mala señal para atraer las inversiones, enfatizaron, a la vez de sugerir que se establezcan incentivos fiscales para que la empresa privada genere mayor productividad y empleo, tratado de incorporar a los comerciantes informales al comercio formal, considerando que son una gran mayoría y perciben menos del salario básico.
La aplicación del Código tendrá un impacto en la economía de más de 379 millones de dólares en el primer año, destacó Carlos Marx Carrasco, director del SRI, quien puntualizó que no es procedente eliminar el impuestos a la salida de capitales y el impuesto mínimo, ya que atentaría a la estabilidad y sustentabilidad fiscal que ha desarrollado el régimen, para consolidar el principio constitucional del buen vivir de la sociedad ecuatoriana.
Entre tanto, Pablo Serrano, de la Ceosl, aseveró que se pretende fomentar la precarización en una especie de tercerización camuflada de empleo y que la unificación de los décimos y otras compensaciones en el salario digno vulnerarían la estabilidad y conquistas laborales, consagradas en la Constitución.
En respuesta, Mauricio Peña, del Ministerio de la Producción, aseveró que los trabajadores continuarán cobrando normalmente los décimos tercero y cuarto sueldos, al tiempo de indicar que el proyecto crea la figura de la contratación temporal especialmente en el área del turismo, para los que se ha fijado un pago adicional del 35% del sueldo básico unificado y se garantiza el reconocimiento pleno de la afiliación al seguro social y otros beneficios laborales.
MG/pv
El miércoles a las 09h00, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, se iniciará el VII Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial, con el auspicio de la Asamblea Nacional y varias instituciones nacionales e internacionales. Haga click aquí para ver la agenda.
El evento, que concluirá el viernes, tiene como objetivo debatir con los actores involucrados en el desarrollo nacional, sobre la necesidad de generar procesos planificados de ordenamiento territorial en el Ecuador, desde enfoques académicos, políticos y técnicos, para promover insumos que alimenten iniciativas legislativas y procesos articulados de planificación y gestión en los diferentes niveles de gobierno.
Temas
Dentro de los temas de análisis constan: la evolución del ordenamiento territorial en el Ecuador; los procesos de descentralización y ordenamiento territorial; ordenamiento territorial frente a las demandas sectoriales y las competencias exclusivas o concurrentes de los diferentes niveles de gobierno; redefinición y creación de perfiles universitarios, para afrontar la descentralización y el ordenamiento territorial establecidos en la Constitución.
Expositores
En calidad de expositores intervendrán Domingo Gómez, Universidad Politécnica de Madrid; Juana Mariño de Posada, experta en ordenamiento territorial de Colombia, así también representantes de la Asamblea Nacional, AME, CONCOPE, CONAJUPARE, BEDE, SENPLADES, MIDUVI, universidades.
Se espera una importante participación de asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de las juntas parroquiales, además de técnicos de los entes seccionales y universidades públicas y privadas, especialmente de las facultades y organismos académicos y de investigación que tengan relación con el tema del encuentro.
MG/pv
La Comisión del Derecho a la Salud, presentó a Secretaría General de la Asamblea el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que tiene como objetivo regular las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, además de los productos elaborados derivados de ellos, incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y las actividades de trasplante, aplicación, investigación clínica y su seguimiento.
