Antes de iniciar el segundo debate del proyecto de Ley de Educación Intercultural, el Pleno recibió en comisión general a varios de los principales actores de la educación general, quienes expresaron sus puntos de vista en torno a esta iniciativa legal, sobre todo en cuanto tiene que ver con garantizar la rectoría del sistema en el ministerio sectorial; el reconocimiento de la gestión municipal como parte de la enseñanza pública; y, el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe.
Tres de las cuatro observaciones presentadas por el Ejecutivo a las reformas al proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria fueron aceptadas por los asambleístas, con un promedio de 64 votos.
Con la asistencia de representantes del Magisterio, de la Unión Nacional de Educadores, Organizaciones Indígenas y Campesinas, Educadores Populares, estudiantes, dirigentes de la educación bilingüe, colegios municipales, el Pleno de la Asamblea inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, que busca reivindicar a la educación como un instrumento de cambio y transformación de la sociedad y dignifica la tarea docente como prioridad generando nuevos espacios de participación, corresponsabilidad, protagonismo de los jóvenes y articulados concretos que apuntan a la mejora sustancial de la calidad educativa en nuestro país.
El Pleno de la Asamblea, con 106 votos, se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal de 149 normas obsoletas como leyes, decretos leyes, decretos legislativos y/o decretos supremos, que en el curso del tiempo perdieron eficacia, como consecuencia de la sanción posterior de nueva legislación y, por tanto, resultan incompatibles con la estructura jurídica vigente. El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), en la sesión 78, las mujeres indígenas del Ecuador, agrupadas en la Secretaría Nacional de la Mujer y la Familia, comprometieron a la Asamblea para que contribuya al pleno ejercicio de sus derechos, no solo aquellos fundamentales que son comunes a todos los seres humanos, sino de manera particular los derechos económicos, políticos y culturales.
El legislador Andrés Páez reivindicó como suya y de Izquierda Democrática la propuesta de consultar al pueblo sobre si está de acuerdo o no con la acumulación y endurecimiento de penas para los delitos considerados atroces como violación, homicidio, asesinato, secuestro con muerte de la víctima, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad y en la concurrencia de delitos, para contribuir a la lucha contra la delincuencia e inseguridad.
Recordó que la Corte Constitucional emitió providencia favorable al respecto el 13 de septiembre de 2010 y el pertinente informe de procedibilidad, admitiendo así a trámite, por lo que ahora es pertinente realizar una intensa campaña de recolección de firmas una vez que el Consejo Electoral facilite los correspondientes formularios.
Se mostró complacido con el hecho de que el Presidente de la República haya acogido esta iniciativa.
Más irregularidades en administración de justicia
Acompañado de un importante grupo de familiares de las víctimas del crimen organizado, Andrés Páez presentó más denuncias de irregularidades cometidas por parte de los operadores de justicia.
Comentó que la figura de la suspensión condicional del proceso, incorporada en la legislación penal en febrero del año 2009, que está supeditada a la comisión de delitos leves, ha sido utilizada por ciertos jueces para favorecer a quienes han incurrido en delitos graves sancionados con reclusión, tales como autores de delitos de sustracción con violencia y amenazas, robo en pandillas, robo con heridas, fabricación de armas, municiones y explosivos, tenencia y posesión ilícita de drogas y sustancias estupefacientes, interrupción de sistemas de comunicación y otros, con lo que han sido liberados 150 delincuentes.
Igualmente, aseveró que la Corte Constitucional dejó sin efecto el 24 de abril de 2009, la norma que impedía que los reincidentes se puedan acoger al régimen de libertad controlada y al de pre libertad.
Por último, precisó que la Defensoría Pública Penal, utilizando dineros del pueblo, auspició la libertad de Carlos Alfredo Miño Flores o Julio César Castro Contreras, alias Tayo-Tayo, uno de los delincuentes más buscados y quien fuera encausado por el Tribunal Primero de lo Penal.
MG/pv
La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Marco Murillo, recibió a Luis Alvarado, Benny Vaca y Ángel Medina, representantes del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE), de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE); y, del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (CODEPMOP), respectivamente, quienes consideraron de vital importancia se respete el derecho a la libre determinación de las nacionalidades, pueblos y comunidades conforme a la Constitución, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional el pedido de denuncia de dos nuevos convenios suscritos por el Ecuador con la Confederación Suiza y Chile, relativos a la protección y fomento de las inversiones, por transgredir la disposición del artículo 422 de la Constitución.
Para tal efecto, el mandatario adjuntó los dictámenes previos y vinculantes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional, cuyos informes obedecen al mandato del Art. 438 de la Carta Magna.
La Corte determinó que tales instrumentos contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dichos documentos, desconociendo la jurisdicción de nuestra nación.
El organismo argumentó que también la Constitución en los artículos 416, numerales 9 y 12; 417; 419, numeral 7; 420, inciso segundo, dispone que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los interese del pueblo, al que rendirán cuentas sus responsables y ejecutores; reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos.
Adicionalmente, fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
Así mismo, prevé que los tratados ratificados por Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta.
La Corte Constitucional puntualizó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en general se constituye en el marco jurídico de mayor deferencia y relevancia en la regulación internacional de los instrumentos internacionales, debido en gran parte a la masiva acogida que ha recibido por parte de la Sociedad Internacional, es sin duda un cuerpo normativo que tiene que observarse para determinar la capacidad del Estado ecuatoriano de denunciar un tratado suscrito.
El contenido de los convenios y las solicitudes del primer mandatario serán analizados por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
MG/pv
En el marco de la seson 78 del Pleno, maestros, estudiantes, comunidades y pueblos indígenas accedieron a la barra alta del salón Plenario, con el fin de que observar y escuchar el debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural.
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y dejó en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, la sistematización de las observaciones formuladas por los legisladores de diversas bancadas legislativas y preparar el texto final para ser sometido a votación.
