El rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, al señalar que uno de los desafíos más importantes de la época actual es alcanzar un sistema educativo superior de calidad, apoyó decididamente la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en el sentido de incorporar en la Ley Orgánica de Servicio Público una disposición general que deje insubsistentes los nombramientos de los funcionarios, servidores públicos y personal docente que hubiere ingresado al sector público, sin concurso de méritos y oposición, a partir de la vigencia de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Carta Magna.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 11 votos afirmativos, 59 negativos, cuatro blancos y 25 abstenciones, negó el pedido de autorización para el enjuiciamiento penal contra el Presidente de la República, Rafael Correa.
Con el propósito de conocer los estados financieros y presupuestarios de la Comisión Nacional de Tránsito, durante el período 2009-2010, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, recibió a Héctor Solórzano, asesor de la Dirección Ejecutiva y a Pedro Asanza, director Financiero de esa institución.
Con la presencia del ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor y delegados de organizaciones inmersas en la actividad petrolera, la Comisión del Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, profundizó la discusión del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario, calificado como urgente en materia económica.
El presidente del organismo legislativo, Francisco Velasco, indicó que mañana los comisionados, luego del intenso proceso de socialización y recepción de aportes, votarían el articulado y el miércoles presentarían el informe para primer debate ante la Secretaría General de la Asamblea, en cumplimiento con la norma constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La preocupación de la Comisión ha sido que el informe tenga la mayor cantidad de voces, más aún cuando el tema es de vital trascendencia para el país, sostuvo Paco Velasco, al compartir con la propuesta de que se debería crear la Superintendencia de Hidrocarburos, que permitirá ejecutar un control más fuerte y mejor respecto del negocio del crudo.
Reformas van en beneficio exclusivo del Estado ecuatoriano
El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, aseveró que el proyecto urgente va en beneficio exclusivo del país, actuando y respetando de buena fe con las compañías que inviertan en el negocio petrolero.
Explicó que las empresas que no acepten los procesos de renegociación pueden irse. Según las estimaciones que hemos hecho, creemos que con el trabajo de las entidades nacionales, en los dos años de los ingresos que tendríamos, pagaríamos la inversión de ellas, que se calcula entre 1 200 a 1 400 millones de dólares, argumentó.
Puntualizó que con dichas reformas, que son constitucionales, se incentiva el incremento de la producción, con inversión garantizada para las compañías que se queden; de no ser así, estamos en capacidad de tomar esos campos y obtener ganancias mayores para el Estado, de las que se reciben ahora.
Reiteró que se propone un procedimiento de negociación y un modelo de tarifa de pago a la contratista por la prestación de los servicios de exploración y explotación de hidrocarburos que, en base a inversiones nuevas, propicie un incremento significativo de la producción; caso contrario, se debe estimar el valor de pago por la liquidación del contrato.
Objeciones
La legisladora Magaly Orellana (PK), dijo que la propuesta gubernamental contradice lo determinado en los artículos 136 y 140 de la Constitución, así como el artículo 56 de la LOFL, por cuanto se refiere a dos materias diferentes.
Entre tanto, el presidente Ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), José Ziritt, expresó que la fijación de plazos de 120 y 180 días para la migración de los contratos, es inconstitucional.
De su lado, Jorge Pareja Cucalón, representante del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana (FOPEC), advirtió que al nacer una Ley que puede ser observada por cualquier ciudadano ecuatoriano, en razón de sus falencias constitucionales, se estaría fomentando un cuerpo legal que será débil por su naturaleza, lo que provocará una inestabilidad jurídica y la falta de seguridad contractual.
MG
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió la visita protocolaria del Embajador de la Federación de Rusia, Yan A. Burliay, con quien dialogó sobre temas legislativos de interés común, al tiempo de destacar los lazos de amistad que une a ambos pueblos.
El asambleísta Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Función Legislativa el proyecto de reformas al Código Penal, que sanciona los delitos de usura.Propone que sea reprimido con la pena de reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 100 salarios básicos unificados del trabajador en general el que se dedicare a la actividad de otorgar préstamos con intereses usurarios.
Además, será sancionado con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, el que encubriere con otra forma contractual, la realidad de un préstamo usuario.
También, según el proyecto, será reprimido con reclusión menor extraordinaria de seis a nueve años y multa de 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, quien se dedicare a la actividad de otorgar préstamos sobre prendas, sueldos o salarios y no llevare libros, asentando en ellos, sin claros ni entrerrenglones, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los nombres y domicilios de los que reciben los créditos, la naturaleza, cantidad, valor de los objetos prendados y las demás circunstancias que exijan los reglamentos u ordenanzas de la materia; o, que fueren reos de falsedad en los asientos en dichos libros.
El prestamista que no diere resguardo o seguridad de la prenda recibida, será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa del quíntuplo de su valor y no se podrá dejar en suspenso el cumplimiento de la pena. La reincidencia en el ilícito de usura será sancionado, a más de las penas establecidas en los artículos precedentes, con el decomiso de los bienes del infractor, para lo cual se requerirá únicamente la presentación de los certificados de gravámenes emitidos por él o los registradores de la Propiedad y Mercantiles del lugar donde estuvieren los bienes.
El legislador expuso que el delito de usura se ha generalizado a lo largo y ancho del país, provocando la desintegración de la familia, la pérdida de bienes patrimoniales e incluso de vidas humanas que sofocadas por la presión del usurero han encontrado en el suicidio la solución a sus problemas.
Puntualizó que las personas que se dedican a este ilícito negocio no registran contabilidad alguna y, por ende, no tributan sobre el capital que genera los intereses usurarios que no se aplican, sino que éstos deben dar a cada quien lo que le corresponde; que la administración de justicia se ve limitada ante la falta de normas legales que sancionen en forma drástica este execrable delito.
Finalmente, Paco Fierro sostuvo que las penas que determina el Código Penal vigente no guardan relación con el daño que genera el delito de usura a la víctima y a su familia.
MG
La Comisión de Gobiernos Autónomos, Competencias y Organización del Territorio, presidida por Virgilio Hernández, invitó a las organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias, al proceso de validación de sus propuestas en torno al proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, respecto del capítulo referente a las circunscripciones territoriales, que se desarrollará los días 14 y 16 de julio, tras lo cual se aspira presentar la versión definitiva de este cuerpo jurídico, para que sea sometido a votación en el Pleno.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana martes 6 de julio, a las 09h30, a la sesión 48 para conocer y resolver la petición de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia para iniciar causa penal en contra del primer mandatario de la República, Rafael Correa Delgado.El proyecto, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control, tiene, también, como objetivo ampliar los plazos para la transferencia de los bienes de patrimonio cultural del Banco Central al Ministerio de Cultura, acorde a un cronograma.
Denuncias contra el Consejo de la Judicatura
En la sesión, además se prevé la intervención de los integrantes de la Comisión de Justicia y Estructura sobre las últimas denuncias recibidas respecto a la actuación del Consejo de la Judicatura.
Acuerdo Interministerial
Se conocerá, el proyecto de resolución de la asambleísta Saruka Rodríguez, por medio del cual se exhorta al Ejecutivo el efectivo cumplimiento del Acuerdo Interministerial publicado el 11 de septiembre de 2009, referente a la expedición de los certificados para la exportación del Cacao Nacional Fino.
Día de la Estadística
Igualmente, el Pleno analizará la resolución para declarar el 20 de octubre como Día de la Estadística Nacional; y, el 2010 como Año de los Censos Nacionales. De esta manera, se busca fomentar la cultura estadística en el país y definir a los censos como política de Estado puesto que el 28 de noviembre del año en curso se realizará el levantamiento de la VII encuesta de Población y VI de Vivienda, conjuntamente con el Censo Nacional Económico.
RSA
A partir de las 15:00 de hoy 5 de julio, en la Comisión de Régimen Económico continuarán las comparecencias para recibir los aportes para el proyecto urgente de Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyo informe para primer debate estará listo hasta el jueves 8 de julio.
El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, manifestó que antes del receso legislativo – 16 al 30 de agosto – se culminará con el proceso de aprobación de las leyes dispuestas por mandato constitucional, así como otras de contenido social.En este contexto, indicó que en las próximas semanas se tramitarán los proyectos de Ley de Servicio Público, Educación Superior, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), Soberanía Alimentaria, Tránsito, las reformas al Régimen Monetario y Banco Central, de Comunicación, entre otras.
Señaló que el martes 6 de julio, en la sesión 48, el Pleno Legislativo conocerá y analizará la denuncia de la asambleísta María Paula Romo en torno a presuntas irregularidades en el accionar de los vocales del Consejo de la Judicatura. De comprobarse las acusaciones de tráfico de influencias, latisueldos, disputas de poder, se podría configurar las causales para un juicio político, agregó.
También, anunció la posibilidad de que el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación entre a conocimiento de la Asamblea el 13 de julio, al expresar su total predisposición de intensificar los diálogos con los jefes de bloque y bancadas y, de ser necesario, con los 123 asambleístas, para con la “ley en mano” comparar el Acuerdo Ético Político con el contenido de la última propuesta presentada por la Comisión Ocasional de Comunicación, a fin de analizar las supuestas falencias.
Cordero se mostró optimista de que existirán los votos suficientes para aprobar este importante cuerpo legal, tomando en cuenta que la ciudadanía ha demandado un instrumento de tal naturaleza.
Puntualizó que personalmente y Alianza País demostrarán, con fundamentos, al país que la Ley de Comunicación garantizará absolutamente la libertad de expresión, las actitudes sesgadas de ciertos sectores y, lo que es más, que no contiene nada de mordaza, porque eso lo impide claramente la Constitución, tras sostener que no habría inconveniente en sacar del documento el polémico artículo 10 pues eso ya consta en la Carta Política, así también la temática laboral podría ser materia de otro proyecto.
Reconoció la apertura y receptividad del titular del organismo, Mauro Andino, para conversar y lograr puntos de consenso, incluso con los sectores de oposición, que contribuyan a perfeccionar el articulado, tras destacar que el texto remitido es bueno porque tiene una perfecta organización, estructura y es austero en el lenguaje.
Consideró que no tiene sentido una consulta prelegislativa dado que no se afecta ningún derecho colectivo, ni realizar, en los actuales momentos, una socialización pues ha sido suficientemente debatida; hoy, sería fundamental desarrollar una amplía difusión del documento.
Finalmente, sostuvo en que la Ley de Educación Superior se consolida preceptos constitucionales como la gratuidad, la autonomía y otros, pero se puede mejorar las normas referentes a las funciones de la Secretaría y la integración del Conea.
MG
