A propósito de la presencia de los dirigentes de la Confederación de Profesionales de Salud, el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, aseveró que en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, de ninguna manera, se pretende criminalizar a los profesionales de la salud.
Dijo que al amparo del artículo 54 de la Constitución, lo que se busca es definir una legislación contra las personas u organizaciones que presten servicios públicos deficientes y, lo que es más, que los responsables de la mala práctica en el ejercicio de su profesión, a nivel general, no un sector o actividad en particular, respondan civil y penalmente.
El mayor objetivo es garantizar los derechos de todos los profesionales, al igual de las víctimas, con la reparación económica por el daño que se cause a una persona. Es fundamental, tomando en cuenta la demanda ciudadana, sancionar la negligencia médica y acabar muchos casos que han quedado en la impunidad, enfatizó.
Patricia Gavilánez, titular de la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros, propuso que toda infracción culposa en el ejercicio profesional de la salud esté tipificada en el proyecto de Ley Orgánica de Salud.
Además, planteó la creación de un consejo nacional de vigilancia y control profesional de la responsabilidad en salud, tras afirmar que el proyecto de código criminaliza y penaliza de manera ambigua y general situaciones derivadas de la atención sanitaria.
Contradicciones
En respuesta, el legislador Mauro Andino Reinoso señaló que como abogado, él no estaría jamás de acuerdo en que en un Código Penal solo se trate de delitos dolosos, pues ello sería una herejía jurídica, por tanto, la propuesta de sacar del proyecto a los delitos culposos generaría inseguridad tremenda y una impunidad a todo nivel.
Asimismo, consideró que la idea de crear un organismo administrativo que determine la responsabilidad culposa es pretender legislar, prácticamente, aparte de lo que manda la norma constitucional.
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La presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivedeneira, informó que en las próximas horas se conformará una comité de investigación externo a la Asamblea Nacional y al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que se encargará de investigar y determinar las causas del deslizamiento de tierra ocurrido anoche a las 20h15 en el Complejo Legislativo y espera que los resultados estén listos en las siguientes 48 horas.
Con 100 votos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto general del Estado para el 2013 que asciende a 32.366,82 millones de dólares y la programación cuatrianual 2013-2016, que da prioridad al sector social en los ámbitos de salud, educación, recursos para la inversión productiva, los gobiernos autónomos descentralizados, el sector justicia, entre otros aspectos.
Los asambleístas miembros del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana eligieron esta mañana a los coordinadores que estarán al frente de este grupo creado con el objetivo de promover y hacer respetar los derechos humanos de las personas en movilidad humana, dentro y fuera de las fronteras ecuatorianas, a través de la modificación de leyes y creación de marcos normativos favorables a la comunidad en movimiento.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de Ecuador se reunió hoy con la finalidad de nombrar el Equipo Coordinador, que estará a cargo del proceso para hacer efectiva la Agenda de Género y Derechos de las Mujeres en la Asamblea Nacional.
El legislador Diego Salgado (CREO) remitió varias observaciones, por escrito, a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, en relación al proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Tras expresar que la inseguridad es uno de los principales problemas de hombres y mujeres ecuatorianos, el representante de la provincia de Pichincha consideró la necesidad de modernizar, reforzar y equipar a la Policía Nacional y levantar la moral de los servidores de esa Institución, que tiene 75 años de vida.
En este contexto, resulta fundamental que los policías estén capacitados sicológica, física y científicamente; y, por supuesto, bien dotados de armas para cumplir su principal misión, que es proteger al ser humano y velar por el orden público, dijo.
En cuanto al objeto y ámbito, plantea que la normativa regule la rectoría, actividades, organización, competencias, gestión de personal y, finalmente, el régimen administrativo disciplinario del personal de la Policía Nacional, con fundamento en las normas, principios y garantías establecidos en la Constitución de la República.
Recordó que el Art. 158 de la Constitución, inciso tercero, determina que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional, por tanto, el Servicio Civil de Investigación de la Infracción y el Servicio de Protección Público deberían formar parte integrante de la Policía Nacional y no aparecer como servicios o entidades independientes.
Sugiere omitir la creación de un “Gabinete de Seguridad”, que implementaría las políticas de seguridad ciudadana, nombrado y creado por el Ejecutivo, que puede interferir políticamente, conforme la coyuntura de cada gobierno.
Es partidario que los servidores policiales y civiles, en todos los grados y niveles de gestión, participen en los constantes procesos de capacitación y actualización; que su formación académica, capacitación, perfeccionamiento y especialización, así también la promoción de la doctrina policial se imparta a través del sistema de educación superior de la Institución policial, el sistema de educación superior y centros de especialización en servicios policiales en el exterior.
Añadió que el ascenso constituye un derecho del servidor policial y civil de la institución policial para pasar al grado inmediato superior, previo cumplimiento de los debidos requisitos. Por ello, procederá el ascenso al inmediato grado superior del servidor policial y civil, que falleciere en actos de servicio, aun cuando no haya cumplido con los requisitos fijados en la ley para cada grado, a criterio de Diego Salgado Ribadeneira.
Para este miércoles está prevista la sesión 80 de la Comisión de Derechos Colectivos. Su presidenta, la legisladora Zobeida Gudiño, convocó a los integrantes de este organismo para conocer y tratar el borrador del articulado del proyecto de Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el legislador Juan Carlos Cassinelli Cali, con motivo de un aniversario más de fundación de la ciudad de Guayaquil, sesionará este miércoles 24 de julio, a las 10:00, en las oficinas de la Casa Legislativa del Guayas, ubicadas en la Avenida Malecón Simón Bolívar y 9 de Octubre, en el Edificio La Previsora, décimo quinto piso.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri Gualinga, invitó este miércoles 24 de Julio, a las 09:30 a la viceministra de Ambiente, Mónica Hidalgo, con la finalidad que exponga sobre la estrategia nacional de biodiversidad y sus nudos críticos.
Los asambleístas Myriam González, José Ricardo Moncayo y Teresa Benavides integran la subcomisión de la Comisión de Educación que se encargará de revisar y presentar un informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación o Violencia en los Centros de Estudios del Ecuador (Bullying), de iniciativa del legislador Andrés Páez.
