El bloque legislativo del Movimiento Pachakutik a través de los asambleístas Lourdes Tibán, César Umaginga y José Acacho, expresó su solidaridad con el pueblo boliviano y su presidente, ante la decisión de los gobiernos de Francia y Portugal de prohibir que el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, sobrevuele su espacio aéreo.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 102 votos afirmativos, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social que tiene por objetivo regular la estructura institucional y funcionamiento de la Función de Transparencia y Control Social y de su Comité de Coordinación y desarrollar sus competencias, potestades, obligaciones, deberes y atribuciones de conformidad con los preceptos de la Constitución.
La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), en conferencia de prensa con la asambleísta Marisol Peñafiel rechazó enérgicamente "la forma absurda y prepotente de las naciones europeas que bloquearon el avión presidencial en el que viajaba el presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales".
Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Legislatura en la sesión 239, designó a los doctores Elsa Rodríguez y Fernando Buendía, como delegados de la Asamblea Nacional para conformar la Comisión Ciudadana de selección de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA.
El presidente del Grupo Geopolítico de Latinoamérica y el Caribe, de la Unión Interparlamentaria, Roberto León Ramírez, expresó su malestar y preocupación frente a la prohibición que imposibilitó que el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, utilizara el espacio aéreo de Italia y Portugal, impidiéndole sobrevolar y aterrizar en dichos territorios.
Los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social se conformaron en cuatro subcomisiones para analizar y presentar informes para primer y segundo debate de temas como las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; Trabajadores de la Industria del Cemento; Mandato 8; y el proyecto de Ley Orgánica de Igualdad Laboral.
La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, tramitó los pedidos de aprobación del Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la Democracia en el Mercosur, así como el Convenio de Seguridad Social a suscribirse entre Ecuador y Perú.
Tomando en cuenta los dictámenes favorables emitidos por la Corte Constitucional, el organismo legislativo aprobó los correspondientes informes, a través de los cuales recomienda al Pleno de la Asamblea la aprobación de los mismos, considerando que guardan armonía con la Constitución y benefician a los intereses del país.
Protocolo de Montevideo (USHUAIA II)
El Protocolo contiene importantes lineamientos que procuran garantizar la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, los cuales sin duda, son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre los Estados parte.
Dentro de las conclusiones, la Comisión de Relaciones Internacionales determinó que las experiencias vividas en los países de la región e incluso en nuestro país obligan a considerar que es trascendental la aprobación del tratado, ya que los Estados no deben permitir ser víctimas de procesos desestabilizadores, de ruptura y caos; y, que este tipo de rupturas pueden ser fatales para los Estados democráticos y para la supervivencia de las instituciones democráticas y la vigencia de los derechos humanos.
Seguridad social a favor de población migrante
El objetivo fundamental es proteger la conservación de los derechos de seguridad social, adquiridos o en vías de adquisición, con lo cual los ciudadanos de los países miembros estarían protegidos permanentemente.
La exportación de las pensiones de invalidez y vejez, garantiza el ejercicio pleno del derecho constitucional a la seguridad social, porque se establecen mecanismos para que los beneficiarios sigan recibiendo sus pensiones a pesar de no encontrarse residiendo en su país de origen.
MG/pv
En la Comisión de Justicia, Rodrigo Vélez Valarezo, secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), informó los alcances, contenido y fundamentos de la resolución que norma el uso y consumo de determinadas cantidades de ciertos estupefacientes.
Expresó que en reunión del consejo ejecutivo se aprobó un informe técnico científico presentado por el Ministerio de Salud, donde se incluye una investigación toxicológica, psicológica, biológica del fenómeno del consumo de drogas, que arroja una tabla con cantidades máximas admisibles, que no tienen el carácter de obligatorio y vinculante para el sector judicial.
Es una herramienta, continuó, de apoyo en el sentido que tratemos de eliminar la discrecionalidad que el sistema judicial ha tenido para determinar cuándo un ciudadano es consumidor o es un traficante. Tenemos ciudadanos que se encuentran privados de su libertad por porte de dos, cuatro o seis gramos, que guardan prisión seis, ocho y hasta 12 años, lo que era un vacío jurídico que había que llenarlo, en apoyo al sistema judicial.
En ese sentido, la tabla aprobada obedece inclusive a un análisis comparativo que se ha hecho de varias naciones del mundo, entre ellas Argentina, Chile, Perú, Colombia, España, Holanda y Portugal, señaló, al informar que se pondrá en marcha una campaña integral sobre la prevención.
El funcionario mencionó que el siguiente paso será definir la cadena de valor, esto es, la entidad o personas que tendrán el licenciamiento para poder sembrar, cultivar o distribuir.
Inquietudes
La asambleísta Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, recordó que la población apoyó, en las urnas, el reconocimiento del tema de adicciones como un problema de salud, al sugerir que se clarifiquen los mecanismos, herramientas y condiciones que se utilizarán para identificar y calificar a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos.
A su vez, Magaly Orellana (PK) comentó que es fundamental especificar la situación de responsabilidad penal de las bandas del microtráfico.
De su lado, Mariangel Muñoz (AP) sugirió que se presenten datos y cuadros estadísticos referidos a la población afectada por el consumo de drogas.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanza en el análisis del proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Esta vez recibió al Alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien presentó sus propuestas sobre las sanciones a las infracciones y contravenciones de tránsito, considerando que los accidentes de tránsito son la causa principal de muertes violentas y las víctimas frecuentes son el peatón y el ciclista.
