El Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo Capítulo Ecuador “Tránsito Amaguaña”, representado por la asambleísta Gina Godoy, conjuntamente con el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, invitan a un conversatorio en el cual se analizará el rol de los y las comunicadores sobre el enfoque de derechos, el tema de la salud sexual y salud reproductiva en los medios de comunicación social.
Con 6 votos, de los asambleístas Francisco Velasco, Christian Viteri, María Lorena Bravo (Juan Carlos Cassinelli), Eduardo Encalada, Ramón Vicente Cedeño y Henry Calispa (Zobeida Gudiño), la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, que recomienda que la normativa tenga el carácter de orgánica.
La Comisión de Derechos Colectivos aprobó por unanimidad el informe para segundo debate del proyecto de Ley de la Juventud, luego del proceso de socialización nacional y el análisis de propuestas realizadas por organizaciones y colectivos juveniles de todo el Ecuador.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, manifestó que si bien el Código Orgánico Integral Penal es una herramienta para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, no es suficiente, pues se requiere también la acción de otros actores como la Policía Nacional, la fiscalía, los jueces de garantías penales; el Consejo de la Judicatura que haga un seguimiento a los funcionarios judiciales; los abogados que no estén del lado de la delincuencia; la ciudadanía que cree una cultura de la prevención; el Ejecutivo que continúe dictando políticas públicas en esta materia; los gobiernos autónomos descentralizados y la Asamblea Nacional creando las herramientas para garantizar la seguridad ciudadana.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución y 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Inquilinato.
La propuesta, de autoría de la asambleísta Nivea Vélez Palacio, representante de la provincia de Loja, se tramitó en primer debate el pasado 19 de abril, en el que se expusieron observaciones de carácter general, no modificaciones o cambios de fondo.
Objetivos
La normativa busca proteger de manera integral los derechos de las personas que participan en la relación contractual de inquilinato; equilibrar derechos y obligaciones entre las partes que intervienen en la relación arrendaticia.
Además, pretende cubrir vacíos legales y adecuar esta legislación a la norma constitucional y leyes orgánicas atinentes a la materia, como por ejemplo el Código Orgánico de la Función Judicial; y, establecer procedimientos expeditos que aseguren los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, haciendo por supuesto efectivas las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva.
Bajo estos parámetros, la Comisión de Justicia consideró que los fines propuestos en el proyecto justifican suficientemente una reforma a la Ley de Inquilinato, más aún cuando no solo en materia de relaciones de inquilinato los conflictos que en ella se producen por lo general terminan en procesos eternos que crean como en todo el sistema de administración de justicia la inconformidad de los usuarios.
Adicionalmente, se puntualizó que el inquilinato y las relaciones vecinales no están fuera de este problema irresoluto, por ello, esta reforma intentará disminuir el largo y tortuoso camino de la justicia de inquilinato, pues la verdadera solución a todos los conflictos judiciales está en el cambio integral del sistema de administración de justicia, comenzando por dejar en el pasado el proceso escrito y abrir las puertas a la oralidad de manera urgente.
MG/pv
En el marco del debate del proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, el director (e) del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando y Manolo Rodas, director nacional jurídico, del Servicio de Rentas Internas, confirmaron que las empresas Profiseries (antes Invermun) y Viña Carolina, deben al SRI 81.8 millones de dólares.
El primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se desarrolló en 11 jornadas de trabajo del Pleno, en las cuales se registraron 133 intervenciones de asambleístas de diversas corrientes políticas.
El ministro Coordinador de Seguridad, Homero Arellano Lascano, en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presentó aportes y observaciones sobre los proyectos que buscan combatir la violencia en los escenarios deportivos, de autoría de los legisladores Rocío Valarezo y Celso Maldonado.
El funcionario reconoció la importancia de las propuestas, pero consideró la necesidad que la normativa sea tratada con la mayor amplitud de criterio y responsabilidad.
Nos une al Ejecutivo, Legislativo y la comunidad, en general, el rechazo a la violencia en la sociedad, como mecanismo para la solución de los conflictos; hay un denominador común, una base insoslayable que todos quisiéramos que ésta se pueda extinguir, lo cual es quizá utópico, sin embargo, lo puntual es tratar de controlar, atenuar y sancionar ese tipo de manifestaciones, expresó.
Explicó que es un fenómeno que viene multiplicándose producto de la sociedad actual, con violencias inimaginables en Europa, en estados y naciones aparentemente mucho mejor dotadas de los órganos de seguridad.
Tenemos que ver cómo implementar acciones preventivas y que el tema en su conjunto tenga la sostenibilidad del caso, manifestó el secretario de Estado, al enfatizar que actualmente se genera violencia en los estadios deportivos, pero “para mañana podemos ver violencia e inseguridad en un escenario improvisado, en un pueblo donde de manera artesanal se construyen graderíos para una corrida de toros, que de pronto se vienen al piso y causa grave conmoción”.
También, comentó que en el país se realizan constantes eventos masivos o concentraciones de tipo cultural o artístico – musicales, al reiterar que la normativa debería incorporar a todos los actos de alta concurrencia de gente, pues las propuestas se circunscriben fundamentalmente a la violencia en el fútbol.
Subrayó que en uno de los proyectos no se ha delimitado las funciones taxativas de la Dirección Nacional de Prevención y Control de la Violencia en Escenarios Deportivos.
MG/pv
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, puso en conocimiento de la Asamblea la solicitud de denuncia del Convenio entre los Gobiernos del Ecuador y de Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, considerando que ciertas disposiciones son incompatibles con la Constitución de nuestro país.
Concretamente, el Ejecutivo, sobre la base del dictamen emitido por la Corte Constitucional, argumenta que los artículos 8 y 9, en sus numerales 2, 3, 4 y 5 del instrumento internacional contravienen lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Carta Política.
En todo caso, la Corte Constitucional determina que en razón de que no todos los artículos del convenio están en contradicción con el texto constitucional no sería necesario denunciar todo, sino exclusivamente los que no guardan armonía con la Constitución.
En consecuencia, corresponderá a los órganos públicos renegociar el contenido declarado incompatible con la Constitución de la República, a fin de que las partes determinen otros mecanismos de solución de las diferencias, según el informe de la Corte.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sería la encargada de preparar el respectivo informe del convenio suscrito el 18 de febrero de 1994.
MG/pv
Mary Verduga, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas participa en el primer Encuentro Parlamentario “Las Alternativas de los Movimientos de Izquierda Frente a la Crisis del Capitalismo Mundial”, organizado por el Parlamento de Venezuela, en el marco del XVIII Foro de Sao Paulo.
