El coronel de Estado Mayor, Patricio Andrade Sánchez, es el nuevo comandante de la Escolta Legislativa, en reemplazo del coronel Jhon Oñate Cisneros, de la Fuerza Terrestre. En la ceremonia estuvo el primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Cassinelli, quien agradeció a la Escolta Legislativa, que ha proporcionado la protección y seguridad a todas las autoridades, funcionarios y bienes de la Función Legislativa. Asimismo otorgó al comandante entrante, la bienvenida.
El legislador Juan Carlos Cassinelli, presidente (e) de la Asamblea Nacional, consideró, a título personal, que se debería conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
Creo que el señor Assange, quien está hoy en nuestra Embajada de Inglaterra, es sujeto a un mecanismo de persecución, más allá de que se alegue que hay temas de la justicia ordinaria. Para todos es sabido que este tema comenzó, precisamente, cuando él comenzó a publicar temas y temáticas a nivel internacional que implica a mucha gente que no lo quiere ver a buen recaudo, sostuvo.
En tal sentido, continuó, creo que el Ecuador va a analizar diplomáticamente la solicitud y esperemos la respuesta de la Cancillería.
Al preguntarle si con dicho petitorio el país podría tener inconvenientes, especialmente con Estados Unidos, Juan Carlos Cassinelli dijo que “el Gobierno no ha hecho cálculos cuando se ha tratado de defender la libertad de expresión, que es lo que se está defendiendo en el caso de la solicitud de asilo político que ha sido presentada. Este Gobierno no ha claudicado ante ninguna presión; hemos sido protagonistas inclusive en eventos internacionales, sin haber asistido, por las posiciones firmes del Ecuador en distintas materias”.
No tengo la menor duda que en el análisis que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Presidente de la República del tema, tenga que ver algún cálculo de que si es o no conveniente para el país. Es conveniente o no para esa libertad de expresión que tanto se pregona y que muy pocos la practican, pero que aquí en el Ecuador está totalmente garantizada, subrayó.
Estoy convencido que este Gobierno es uno de los principales impulsadores de lo que tiene que ser el respeto nacional e internacional a nuestra libertad de expresión, agregó.
Código de mucha avanzada
En otro tópico, el doctor Juan Carlos Cassinelli calificó de avanzada la propuesta de Código Integral Penal, más aún cuando el vigente data de hace 70 años, que en muchas de sus partes está fuera de uso.
Tras precisar que el proyecto podría entrar al Pleno en los próximos 30 días, aseveró que el código es sustancial para la estructura jurídica del país, por tanto, los aportes tienen que darse bajo una óptica jurídica, sin politización, a fin de enriquecer el documento, a la vez que señaló que comparte lo atinente a la penalización de las personas jurídicas.
MG/pv
Con el propósito de exponer criterios y observaciones respecto del proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, acudió a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado la presidenta de la Consejo de Participación Ciudadana, Marcela Miranda Pérez.
Con esta oportunidad, propuso que las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social establezcan un intercambio de información relacionada a la formulación, ejecución, control, vigilancia y sanciones de los planes de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, control social y prevención y lucha contra la corrupción, sin que pueda aducirse sigilo de naturaleza alguna; y, guardar la reserva del caso frente a terceros.
Recursos
También, sugirió que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos necesarios para la organización y funcionamiento de la instancia de coordinación, de conformidad con el presupuesto aprobado por la misma.
Independencia
Destacó la necesidad de garantizar que la Función de Transparencia sea independiente de las otras funciones del Estado y ninguna otra función u organismo podrá intervenir en su organización, administración y adopción de resoluciones.
Finalmente, pidió que se conserve el texto del artículo 7 del proyecto original, el cual determina que son órganos de la Función de Transparencia: La Instancia de Coordinación; la Presidencia y Vicepresidencia. La Instancia de Coordinación normará la estructura orgánica de la Función de Transparencia y Control Social.
MG/pv
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral presentó informe favorable al pedido de aprobación del “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR, sobre Compromiso con la Democracia”, enviado por el Presidente de la República.
Dicho informe fue aprobado, de manera unánime, por los legisladores Vethowen Chica, Fausto Cobo, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Eduardo Paredes, Soledad Vela y Eduardo Zambrano.
Los comisionados establecieron que el Protocolo contribuye a la defensa de las instituciones democráticas, previene y sanciona la ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en Sudamérica; y, coadyuva al mantenimiento del poder legítimamente constituido.
También, responde al Derecho Internacional y está acorde al artículo 416 de la Carta Política que proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos para organizarse democráticamente, la cooperación, la integración y la solidaridad, entre otros aspectos.
Dictamen de Corte Constitucional
La Corte Constitucional emitió dictamen previo y vinculante, tomando en cuenta que las disposiciones del referido instrumento son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador.
Objeto del Protocolo
El Protocolo tiene como propósito la aplicación de medidas políticas y/o económicas por parte de los Estados sudamericanos, en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una grave violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder por parte de gobiernos democráticamente electos y la vigencia de los valores y principios democráticos en alguno de los países contratantes.
MG/pv
Este lunes, en el ex Senado, en la sede de la Asamblea Nacional, se inició el curso de “Enfoque de Género en las Leyes”, organizado por la Escuela Legislativa.
El Bus Interactivo de la Asamblea Nacional o Punto de Encuentro Ciudadano (PEC) visitará esta semana la provincia de Los Ríos, con el propósito de dar a conocer a los niños, niñas, adolescentes y personas adultas el trabajo que desarrollan sus representantes, así como los beneficios de las leyes y recoger las propuestas y sugerencias ciudadana en torno a las leyes.
Rocío Rosero y Clara Merino, a nombre de la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, presentaron el anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que fue elaborado de manera participativa en reuniones y talleres provinciales, regionales y nacionales realizados entre mayo de 2010 y marzo de 2012.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, notificó a la Asamblea Nacional acerca de la suscripción del Convenio entre los gobiernos de Ecuador y la República Árabe de Egipto sobre la Exención de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales Especiales y de Servicio, firmado en Quito el 10 de diciembre de 2009.
El asambleísta Jimmy Pinoargote solicitó, de manera pública, al Consejo Nacional Electoral, que archive el proceso de revocatoria de su mandato como representante de la provincia de Santa Elena en la Asamblea Nacional.
Recordó que hace algunos meses dos ciudadanos afiliados al movimiento Alianza País, presentaron al CNE una solicitud para que les proporcionen formularios para recoger firmas e iniciar un proceso de revocatoria de mandato en su contra.
Señaló que la Constitución, en su artículo 105, es absolutamente clara al determinar que la solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fuera electa la autoridad cuestionada.
Yo fui electo asambleísta por Santa Elena hasta el 14 de mayo de 2013 y si la Constitución dice que hasta un año antes podrá revocarse el mandato de un asambleísta, significa que únicamente hasta el 14 de mayo de 2012, podía haberse iniciado un proceso de revocatoria a mi mandato, subrayó.
Agregó que ante esta situación, el 15 de mayo pasado solicitó al Consejo Nacional Electoral “me certifique si se presentaron o no las firmas que avalan un proceso de revocatoria y, si se presentó la solicitud, que me entregue una copia certificada y las firmas, pero hasta la presente fecha no se me ha respondido la comunicación”.
Añadió que luego envió otra comunicación solicitando el archivo del proceso, en vista de que no han presentado las firmas.
Si primara exclusivamente lo legal y no lo político, este proceso debería ser archivado. Quiero agradecer el respaldo de mis colegas asambleístas, pero sobre todo del pueblo de la provincia de Santa Elena que de esto ha hecho una causa peninsular, para apoyar a su legislador, agregó.
Hago un llamado al pueblo que este vigilante y hagamos que se respeten las leyes y la Constitución, finalizó.
PV
El asambleísta Vicente Taiano anunció su decisión de desafiliarse del PRIAN y mantenerse en el bloque de oposición en la Asamblea Nacional. “Esta es una decisión muy importante en mi vida política y personal”, afirmó.