La Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, recibirá mañana, a las 09h00, a representantes de los municipios, del Gobierno, del sector hidrocarburífero y de los industriales, con el fin de profundizar el estudio del proyecto de Ley de Gestión de Desechos Peligrosos.
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presentó informe favorable para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de autoría del legislador Fausto Cobo Montalvo.
La reforma determina: “Quienes siendo beneficiarios de pensiones de retiro militar por parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, estén o se reincorporen a
prestar servicios bajo relación de dependencia en el sector público y reciban por ello, sueldo, salario o remuneración, dejarán de percibir el 40% del aporte que hasta el 60% realiza el Estado en su pensión de retiro, en los casos en que el monto de la misma supere el valor de la canasta familiar.
No se considerará como aporte del Estado el 10.5% que el Ministerio de Defensa Nacional efectúa en su calidad de patrono por el personal militar en servicio activo".
Además, se establece que “El valor de la canasta básica familiar será determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el mes de diciembre de cada año inmediato anterior."
No se aplicará este descuento a la décimo tercera y décimo cuarta pensión.
El organismo legislativo considera que la propuesta está de acuerdo a las justas aspiraciones de los pensionistas militares que están siendo descontados un valor que afecta a su economía familiar, por laborar en actividades privadas.
El documento lo suscriben Fernando Bustamante, Fausto Cobo, Wladimir Vargas, Rodrigo Collaguazo, (alterno de Linda Machuca), César Montúfar, Gabriel Rivera y María Soledad Vela.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó para mañana 28 de junio de 2012, a las 09H30, a la sesión 174 del Pleno, con el fin de tratar en primer debate el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, mismo que aspira un cambio integral al código sustantivo penal, vigente desde 1938, con lo cual se armonizará el sistema jurídico penal a la Constitución, instrumentos internacionales y a la realidad del país.
El asambleísta Gabriel Rivera López, miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, aseguró que “lo ocurrido en Paraguay no es otra que un burdo golpe de Estado, que está más o menos aderezado o escondido en una supuesta legalidad y constitucionalidad”.
Las decisiones del poder público no solamente deben ser formalmente válidas, sino legítimas, que respeten la voluntad del pueblo, enfatizó, al expresar su “más absoluto y contundente rechazo a los golpes de Estado”
Sostuvo que “como legisladores y miembros del Movimiento País, nosotros lo rechazamos y nos sumamos a la unidad latinoamericana que ha repudiado esa situación”, al destacar la actitud del Ecuador, al igual que en los próximas horas se pronunciarán las naciones que integran Unasur, que se reunirán en Lima, Perú, a fin de adoptar medidas para evitar que se vuelva a repetir lo que sucedió en Honduras con el presidente Zelaya, los intentos de desestabilización en Bolivia, Venezuela y 30-S en Ecuador.
Debemos garantizar la estabilidad y gobernabilidad democrática en nuestros países de América Latina y rechazar cualquier intervención que signifique romper esa convicción que tienen nuestros pueblos, puntualizó, tras subrayar que Alianza País pondrá en conocimiento del Pleno una resolución al respecto.
Propuesta contra la inseguridad
Ante los recientes asaltos en agencias de bancos en centros comerciales, Gabriel Rivera, propuso definir un protocolo para normar el retiro y depósito de valores por parte del sistema financiero, estableciendo horarios especiales cuando hay menor tránsito de personas.
Dijo que es necesaria una veeduría ciudadana que controle que las entidades financieras cumplan ese protocolo y cuenten con el indispensable número de guardias, para proteger las instalaciones del lugar y, lo que es más, la integridad y vida de la comunidad.
En dicho protocolo hay que fijar acciones de evacuación ciudadana, frente a posibles asaltos, una balacera, etc., tal cual se hace con desastres naturales. También se puede estudiar la pertinencia de sacar las agencias bancarias de los centros comerciales, concluyó.
MG/pv
Toronto. Con la finalidad de recoger las sugerencias de los ecuatorianos residentes en Toronto-Canadá, las asambleístas Linda Machuca, Blanca Ortiz, representantes de los migrantes en Estados Unidos y Canadá y la legisladora Guillermina Cruz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, acudieron a la fiesta del Inti Raymi; y, desde un stand de la Casa Legislativa de Toronto, mantuvieron un contacto directo con nuestros compatriotas y latinoamericanos que participaron de la fiesta del sol, los días sábado 23 y domingo 24 de junio.
Es el segundo día que participamos con el stand de la Asamblea Nacional, en la fiesta del Inti Raymi y ha constituido una jornada tan valiosa y llena de afectividad donde no solo hemos compartido el trabajo de la Legislatura, sino que he podido estrechar los lazos de amor, unidad, amistad y solidaridad con nuestros hermanos compatriotas y latinoamericanos, dijo la asambleísta Linda Machuca, en radio “Voces Latinas”, al hacer una invitación a todos los compatriotas para que se acerquen y hagan uso de la tecnología de avanzada en la Casa Legislativa que está funcionando en el Centro Comunitario “San Lorenzo”, ubicado en la 22 Wenderly Drive Toronto, ON M6B 2N9-Canadá.
El Padre Hernán Astudillo, fundador del Centro Latinoamericano “San Lorenzo” y asambleísta alterno de la legisladora Linda Machuca, dijo que esta herramienta útil para los ecuatorianos residentes en Toronto-Canadá constituye la esperanza para efectivizar la comunicación real y la esencia para filtrar los secretos de la comunidad migrante, ya que permitirá que “nosotros traslademos nuestros sueños y aspiraciones a aquellos que trabajan en la Asamblea Nacional”.
La apertura de la segunda Casa Legislativa en el exterior constituye el sueño latinoamericano que globalizará la solidaridad y hermandad, pero sobre todo, en el espacio para interactuar y abrir la comunicación con la Asamblea Nacional, dijeron residentes en Toronto-Canadá, al resaltar el avance tecnológico que ponen en sus manos para poder transmitir sus inquietudes, necesidades y pedir a los parlamentarios que en las leyes se vele por sus derechos.
La Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social, presidida por la asambleísta Guillermina Cruz Ramírez, remitió a la Secretaría el informe para segundo debate del “proyecto de Ley de Inmunidad a los miembros que integran las Veedurías Ciudadanas”, a través del cual recomienda al Pleno su archivo.
El documento está suscrito por Washington Cruz, Dora Aguirre, Rocío Valarezo, Marllely Vásconez, Fernando Flores y Guillermina Cruz.
Oportunamente, el organismo requirió los criterios y observaciones de la Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Contraloría General del Estado y de la Corte Constitucional.
La Comisión determinó que la propuesta carece de sustento constitucional, por cuestiones de fondo, fundamentalmente, porque desconoce principios generales del derecho como el de la responsabilidad de los ciudadanos y/o funcionarios en sus actuaciones, vulnera el principio de exclusividad de las funciones cuando trata de entregar competencia de la Fiscalía General a entes extraños a su institucionalidad y no observa derechos consagrados en la Constitución.
También, se plantea la posibilidad de desconocer otro principio reconocido por el derecho universal, recogido como norma general en el Código Civil, que es la irretroactividad de la ley, según el organismo.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea con 48 votos se allanó a la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Créditos para Vivienda y Vehículos, enviada por el presidente de la República, Rafael Correa, en la que se cambia la disposición que ordenaba que los bancos destinen mínimo del 5% de su patrimonio técnico a operaciones hipotecarias