Con el respaldo de 33 firmas de los asambleístas de PAÍS, MPD, PK, PSP, AL, CN, PRE y PSC, los legisladores Jorge Escala y Línder Altafuya presentaron el pedido de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, a quien le acusan de incumplimiento de funciones al no exigir las obligaciones que tienen los seguros médicos privados y el cobro de las deudas del gobierno que tiene con el IESS.
Los asambleístas sostuvieron que la funcionaria infringió el artículo 213 de la Constitución, los 306 y 308 de la Ley de Seguridad Social y el 180, literal b) de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con lo cual se afectó a más de un millón 600 mil afiliados y más de 200 mil jubilados.
Línder Altafuya aseguró que la Superintendenta no realizó ninguna acción para que se cumpla el convenio de pago suscrito entre el Gobierno y el IESS, a fin que se efectivice el pago del déficit actuarial, que hasta el año 2003 se calculaba en 3 700 millones de dólares.
También, manifestó que Gloria Sabando permitió que las autoridades del IESS infrinjan la Ley de Seguridad Social en contra de los afiliados y jubilados, respecto a la deuda del régimen por concepto de aportación del 40% de las pensiones jubilares que hasta diciembre de 2009 superaban los 800 millones de dólares.
Por su parte, Jorge Escala dijo que la Superintendenta de Bancos, no obligó el pago de las deudas que mantenían las compañías aseguradoras que debían cancelar la contribución destinada (retención del 5%) al seguro social campesino que llegaría a 17 millones de dólares.
AM
Los representantes del Comité Interinstitucional por la “Gestión Integral de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Pastaza” se reunirán en la segunda semana de enero con la presencia de los prefectos, alcaldes y de las juntas parroquiales que se encuentran en el área de influencia de la cuenca del río Cutuchi para revisar el Plan Anual de Inversión y definir las acciones y compromisos económicos para el 2011.
El Comité priorizará un sub programa piloto de recuperación y manejo del río Cutuchi, para lo cual resolvió solicitar se incluyan al organismo la Secretaría Nacional de Riesgo y el Ministerio de Educación.
En la recuperación y manejo del río Cutuchi existirán tres líneas de acción: actualización del catastro de industrias a cumplirse en tres meses; toma de muestras y análisis; e, implementación de plantas de tratamiento de aguas servidas.
Entre tanto, en febrero próximo, la Prefectura y la Gobernación de Cotopaxi planificarán reuniones con los municipios y sistemas comunitarios, también para establecer compromisos, lo que permitirá en abril contar con una clara hoja de ruta para las diferentes acciones conjuntas.
Después del trabajo con el río Cutuchi, se trabajará con el Ambato, Chambo y con la cuenca baja de Pastaza, porque se trata de una gestión integral.
Estas decisiones se tomaron en la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, donde estuvieron representantes del Ministerio de Agricultura, Senagua, Senplades, Subsecretaría de Riego, asambleístas y autoridades de los Gobiernos Autónomos de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
AM
La Asamblea Nacional, en la sesión No. 81, aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, sobre la base de las observaciones planteadas por varias bancadas.
En esta oportunidad se registró 79 votos afirmativos, 6 negativos, 5 blancos y 18 abstenciones.
La reforma a la Disposición Transitoria Sexta del Código de la Democracia determina que: “Mientras las organizaciones políticas cumplan lo establecido en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; y, hasta que se realice el siguiente proceso electoral pluripersonal, la entrega del Fondo Partidario Permanente, se hará tomando en cuenta a las organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral del 2009, y los resultados de dicho proceso.
Los criterios y mecanismos de repartición serán los que se encuentran establecidos en esta ley, en todo lo que sea aplicable”.
En el primer inciso del artículo 355 se remplazó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas”.
Se reguló períodos de vicealcaldes y situación de los alternos
Adicionalmente, se fijó que el período para el cual fueron nombrados los vicealcaldes, miembros de las comisiones legislativas cantonales y de las comisiones de las Juntas Parroquiales Rurales determinados por la ley, culminan a los dos años de su elección. Al término de este período deberá realizarse una nueva elección de tales autoridades, quienes terminarán su gestión a la finalización del período para el cual fueron elegidos en el proceso electoral del 14 de junio de 2009.
En el caso de las Juntas Parroquiales, los vicepresidentes o vicepresidentas, se entenderán elegidos por todo el período.
Respecto de ausencia o imposibilidad de asistir de los respectivos alternos de los asambleístas, concejales y vocales de las Juntas Parroquiales, la secretaría del órgano respectivo convocará a aquellos candidatos principales que sigan en la lista en el orden de votación.
En el caso de ausencia definitiva y si se hubieren agotado todos los posibles alternos de la misma fuerza política, tendrá derecho a ejercer esa representación el siguiente candidato o candidata más votada.
Por último, la Asamblea Nacional tramitó en primera instancia el proyecto de Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 de Asignaciones para provincia por venta de energía de INECEL.
MG
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 81, inició el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, sobre la base del informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En esta ocasión intervinieron 12 legisladores, los cuales resaltaron que las organizaciones políticas son la esencia de la democracia y que tanto los partidos cuanto los movimientos deben acceder en igualdad de condiciones al Fondo Partidario Permanente. La votación del texto quedó pendiente para esta tarde, una vez que se recojan las últimas observaciones.
Debate
María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, aseguró que la reforma no pretende cambiar la lógica de la distribución del Fondo, sino que los partidos políticos respondan a las expectativas ciudadanas antes que representen intereses económicos.
“Esta reforma instaura mecanismos que, por un lado, buscan financiar los gastos de las campañas electorales, y por otro, garantizar la vida de la organizaciones políticas que deben subsistir como alternativas para conducir una sociedad”, añadió, al recordar que el informe se aprobó por unanimidad al interior de la Comisión.
Virgilio Hernández dijo que la enmienda cumple con lo dispuesto en el Art. 110 de la Constitución, mediante el cual se trata de evitar que las campañas electorales sean financiadas por intereses empresariales.
Fausto Cobo (PSP) anticipó su respaldo al proyecto, insistiendo que sin organizaciones políticas no hay democracia. La base para la distribución de este Fondo deben ser los resultados de las elecciones del 2009, acotó.
Por su parte, Rocío Valarezo se mostró partidaria de que los movimientos nacionales y regionales tengan las mismas oportunidades y derechos.
A su vez, Tito Nilton Mendoza y Vicente Taiano (Prian) puntualizaron que los partidos no están extinguidos, por tanto la ley viabiliza el correspondiente mandato constitucional.
César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo coincidieron que la reforma intenta beneficiar cuestiones particulares, además contradice el artículo 110 de la Constitución, por lo demandaron que la propuesta sea archivada.
No es constitucional ni ético repartirse el Fondo como un botín, ya que incurriría en los vicios de la partidocracia, advirtieron.
Entre tanto, Fernando Cordero propuso modificaciones encaminadas a que se armonicen las reformas con el contenido de la Constitución y demás disposiciones del Código de la Democracia. Planteó que los movimientos políticos también puedan acceder al Fondo Partidario Permanente.
NMT
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político avocó este lunes conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, una vez que verificó que cumple con los preceptos del Art. 131 de la Constitución.
Adicionalmente, con 9 votos afirmativos (Betty Amores, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Marco Murillo, Ramiro Terán, Pamela Falconí, Galo Lara, César Rodríguez y Silvia Salgado) y 1 voto negativo (Abdalá Bucaram Pulley), el organismo legislativo calificó el correspondiente trámite, acogiendo la moción en tal sentido de Mauro Andino.
La titular de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, dispuso que se proceda a notificar a la Superintendenta de Bancos sobre el inicio del juicio, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual manera, se notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vencido el plazo de quince días, la Comisión deberá remitir, en el plazo de cinco días, al Presidente (a) de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político. De considerarlo necesario, el organismo podrá solicitar al Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales.
El segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana Farra, es quien impulsa la interpelación a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando García, acusándole de graves omisiones en el cumplimiento de sus funciones en el proceso de liquidación de la banca cerrada.
MG
El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante Ponce, afirmó, categóricamente, que el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela no estipula, en ninguna parte, que Venezuela pueda colocar bases militares en nuestro país.
Tras precisar que Ecuador tiene suscrito alrededor de 60 convenios de esa naturaleza con Brasil, Colombia, Chile, Francia, Estados Unidos, Italia, Perú, entre otros, subrayó que ninguno de ellos contiene alguna cláusula que permita el uso del territorio nacional para la presencia de fuerzas militares de cualquier país extranjero, lo cual contrariaría la Constitución.
Comentó que la Corte Constitucional (CC), antes de emitir su dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, revisa todos los tratados y acuerdos internacionales que tiene que ratificar la Asamblea. Si observa que hay normas contrarias a la Carta Magna devuelve dichos convenios, por tanto, no son, ni pueden ser tramitados, peor ratificados.
Recordó el caso del acuerdo migratorio con el Perú, que tuvo que ser renegociado para ser ratificado a instancias, precisamente, de la sentencia de la Corte Constitucional.
Insistió que no es posible, bajo el actual ordenamiento jurídico, la presencia de instalaciones o personal militar permanentemente en nuestro país. Además, el Acuerdo con Venezuela no contempla la presencia de personal de inteligencia venezolana en territorio ecuatoriano.
El instrumento internacional establece acciones conjuntas, a fin de permitir que ambos países puedan colaborar en habilitar el uso de equipos o materiales destinados a la inteligencia, que es diferente a lo señalado por parte de ciertos sectores que han politizado el asunto.
Objetivos
Las áreas de colaboración técnico-militar fijadas en el presente convenio son: prestación de servicios, encaminados a garantizar el empleo del armamento y material de defensa en los ámbitos de inteligencia militar, operaciones de paz, homologación de gastos de defensa, investigación oceanográfica y programa antártico; colaboración en las líneas de modernización, transferencia de tecnología y desarrollo de las industrias de defensa.
También se orienta a la provisión de repuestos, material y medios auxiliares para el empleo de armamento disponible, así como la ejecución de trabajos de mantenimiento técnico y reparación para aeronaves, vehículos de combate, medios navales, sistemas de defensa aérea, equipos y armamento individual; financiamiento o facilitación de créditos en caso de así requerirlo dentro de los acuerdos complementarios que se realicen entre las Partes, para los efectos de venta o provisión de materiales y servicios; intercambio académico en áreas de entrenamiento y capacitación técnico-militar; y, otras áreas de cooperación que sean acordadas.
MG/eg
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, confirmó que en enero de 2011 se retomará el tratamiento, en segundo debate, del proyecto de Ley de Comunicación.
En tal sentido, llamó a que la prensa contribuya a construir una discusión seria y elevada, a fin de encontrar el suficiente consenso, superando los temas polémicos entre las diferentes bancadas, con lo cual se podría evitar la posibilidad de una consulta popular respecto de esta materia, tal como lo ha anticipado el Presidente de la República.
En enero tendremos que ver los supuestos defectos de la propuesta y si se presentan aspectos imposibles de arreglar, tendríamos que archivar el proyecto, enfatizó.
Agregó que evaluarán los escenarios, es decir, si la oposición sigue tenaz en su posición y si empieza una nueva campaña para decir que estamos pretendiendo coartar la libertad de expresión, que es una mentira, que no está ni estará en el documento, ya que ese principio está debidamente consagrado en la Constitución, en ese caso, el pueblo decidirá qué es lo que quiere al respecto.
Agenda legislativa
El presidente Fernando Cordero indicó que la próxima semana se daría paso al segundo debate del Código de la Democracia y la votación de la Ley de Educación Intercultural, mientras para enero quedarían también las reformas a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.
Transparencia
Por entusiasmo pudimos haber metido la pata, pero jamás la mano, expresó, al destacar la necesidad que la Contraloría presente oficialmente el informe sobre la gestión de la Asamblea Constituyente, “porque nos interesa transparentar las cosas, pues no se puede permitir que con un borrador se hagan acusaciones y se adulteren los acontecimientos”, dijo.
Es un abuso hablar de cosas que ya fueron esclarecidas. Sin embargo, las personas inculpadas deberían ejercer a plenitud sus derechos, añadió, al recordar que la Fiscalía ha tenido el tiempo suficiente para pronunciarse.
MG/eg
En el marco del lanzamiento del libro “La Constitución de Montecristi, Un Sueño Colectivo”, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, destacó que en esta nueva época la revolución ciudadana se ha nutrido de todas las luchas sociales de liberación y resistencia, frente a todas las formas de dominación y colonialismo.
Es la expresión más popular y comprometida en el cambio reclamado en nuestros sueños. Esta revolución ciudadana es como una gran avenida en donde podemos juntar nuestras manos y corazones, todos los que estamos dispuestos a caminar hacia el futuro para poner de moda la honradez, luchar por una patria altiva y soberana y dar vida, si hace falta, para que los 14 millones de ecuatorianos logremos derrotar para siempre a la pobreza, la injusticia, la inseguridad y la politiquería, destacó.
Mencionó que el 30 de septiembre de 2007 se produjo el mayor triunfo electoral de las fuerzas democráticas de nuestro país, con la apabullante ganancia de los candidatos nacionales y provinciales de Acuerdo País y otras fuerzas políticas comprometidas con el cambio frente a las candidaturas de la partidocracia y las fuerzas de la derecha que se oponían a toda intención de cambio.
Subrayó que el citado libro trata de sintetizar los momentos más importantes de la formulación de la Constitución de Montecristi, como expresión concreta de ese sueño colectivo que empieza a materializarse con el desarrollo de la una institucionalidad creada en la nueva legislación ecuatoriana.
Precisó que el proceso constituyente trabajó guidado por tres mandatos básicos y ancestrales: Ama Killa, ama llulla, ama shuwa (No ser ocioso, no mentir, no robar). Además, ideamos las cuatro revoluciones ciudadanas: ética, económica, ecológica y educativa, para derrotar las inequidades e injusticias y avanzar en la construcción colectiva de ese “Nuevo País” que aún sigue siendo el objetivo de todas y todos.
Hasta noviembre de 2006 nos sentíamos en un país agónico, asolado por la corrupción, el centralismo, la inequidad y el clientelismo. La victoria de Rafael Correa Delgado, en nombre de las fuerzas ciudadanas y políticas, comprometidas con ese cambio profundo y radical, transformó esa agonía en esperanza, enfatizó.
El titular de la Función Legislativa recalcó que hace pocos años (abril 2007) ello fue refrendado con la arrolladora victoria del “SI”, en el proceso destinado a la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes, para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva Constitución.
MG/eg
El primer Mandatario, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional la solicitud para que autorice la denuncia de los convenios suscritos por el Ecuador con la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y el Reino de Suecia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
El Ejecutivo precisa que dichos tratados contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución, en caso de conflictos relativos a dicho convenio, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana.
Argumenta, también, que los tribunales arbitrales a los que estos documentos obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, a resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran peculiarmente el concepto de “inversión”, llegando a inobservar el ordenamiento jurídico nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido "arbitrarias" o "discriminatorias".
Para tal efecto, el presidente Correa adjunta los respectivos dictámenes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional.
Tales informes manifiestan la necesidad de garantizar la vigencia plena del Art. 422 de la Constitución, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de Ia controversia…”
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en los próximos días, iniciará el análisis de estas solicitudes.
MG/eg
El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) calificó hoy el pedido de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, planteado por el asambleísta Rolando Panchana (AP).
El pasado jueves 16 de diciembre, con el respaldo de 60 firmas de PAIS, Prian, Alianza Libertad, PSC e independientes, el Segundo Vicepresidente de la Asamblea presentó oficialmente la petición de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, por graves omisiones en el cobro a los accionistas de la banca cerrada. La documentación fue expuesta al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Panchana acusó a la funcionaria de incumplimiento de lo establecido en los artículos 165 y 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y de las resoluciones 1153, 1427 y 1709 de la Junta Bancaria.
También responsabilizó a Sabando de haber violentado la Resolución N° JB-2002-452, de 14 de mayo del 2002, en la que se determina que el patrimonio mínimo que se requiere para constituir nuevas empresas de seguros y compañías de reaseguros no puede ser menor a tres millones 943 mil 410 dólares.
Norma de procedimiento
El Presidente de la Asamblea remitirá, a través de la Secretaría General, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, a la Presidenta (e) de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite, conforme el Art. 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De acuerdo al Art. 81 de la referida Ley, la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo de cinco días avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, caso contrario lo archivará. Calificado el trámite, notificará al funcionario sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
MG
