La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó el informe para primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 3 para la depuración de la normativa legal.
Este tercer paquete consta de 195 derogatorias, entre leyes, decretos supremos, legislativos y acuerdos.
Vale recordar que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió el 12 febrero de 2010 a la Asamblea su propuesta para depurar del marco jurídico del país un conjunto de 1 425 normas, considerando que han perdido eficacia tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, como por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o, porque los presupuestos estimados en ellos fueron recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
La Comisión de Justicia, con la autorización del titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, inició el análisis de la iniciativa del Ejecutivo en partes, bajo el concepto de que se aprueben como leyes diferentes, tomando en cuenta que se trata de una tarea extensa y compleja, por lo que es necesario analizar el documento con exhaustiva profundidad.
Muchas de las normas legales referidas en el proyecto gubernamental fueron ya objeto de intentos de derogatoria por medio de decretos; sin embargo, por el principio de jerarquía normativa no podían excluirse de esta forma del ordenamiento jurídico documentos con categoría de ley, por lo que permanecieron vigentes hasta la actualidad.
En todo caso, el organismo parlamentario aspira que en el transcurso del año se pueda evacuar toda la temática propuesta.
MG/pv
En la Comisión de Relaciones Internacionales, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González; la titular de la Secretaría Nacional del Migrante, Senami, Lorena Escudero; y, el embajador Leonardo Carrión, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacaron la trascendencia del Convenio de Seguridad Social con España, por lo que solicitaron a la Asamblea que apruebe su ratificación en el menor tiempo posible.
Recordaron que dicho instrumento fue suscrito el 4 de diciembre de 2009, tras precisar que éste beneficiará a 180 mil compatriotas en situación de regularización, de los 600 mil que viven allá, en cuanto a la ampliación de la prestación de servicios en áreas como jubilación, invalidez laboral y salud, en general, a la misma que tendrán acceso sus familiares.
En la reunión también participó Oscar Jara, delegado de la Senami en España, además de la legisladora Dora Aguirre, representante de la población migrante de Europa, Asia y Oceanía.
Por la trascendencia del tema para los intereses del Ecuador, el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presidente del organismo legislativo, anunció que el correspondiente informe estaría listo la próxima semana, para ponerlo a conocimiento y resolución del Pleno, tomando en cuenta que la Corte Constitucional emitió su dictamen previo y vinculante.
Mientras, Ramiro González anunció que el régimen tiene un camino recorrido para el establecimiento de tratados similares con los pueblos de América Latina y de la comunidad iberoamericana.
Además, se ha puesto en marcha un plan de afiliación voluntaria a escala mundial, para hacer realidad los postulados de la Constitución, para cuyo efecto se entregará una tarjeta especial “recargable”, a fin de que los ciudadanos tengan un registro de cuentas, precautelando, en todo momento, la condición de quienes no tengan legalizada su estadía, dijo, al enfatizar que están listos a satisfacer los requerimientos de los 11 mil españoles radicados en nuestro país.
De su parte, Lorena Escudero sostuvo que el referido Convenio constituye una vieja y justa aspiración de las organizaciones de migrantes, considerando que favorece a la gente, reconoce y garantiza derechos de los residentes en el exterior, en el marco de la política de movilidad humana.
Legisladores de las bancadas del Prian, PSP, AP, e independientes, que forman parte de la Comisión cinco, expresaron su respaldo incondicional al proyecto.
MG/eg
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por Fernando Bustamante Ponce, mantendrá varias reuniones de trabajo este miércoles, a partir de 09h30, con el titular del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González; la secretaria del Migrante, Lorena Escudero; y, el embajador Leonardo Carrión, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La sesión 52 del organismo ha sido convocada para continuar con el tratamiento del pedido de aprobación del “Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador”, remitido por el Presidente de la República.
Dicho Convenio, suscrito el 4 de diciembre de 2009, facilita que los migrantes ecuatorianos y sus familias puedan acceder a mayores beneficios que ofrece el sistema español de Seguridad Social.
Este instrumento internacional, sobre el cual la Corte Constitucional emitió, oportunamente, dictamen previo y vinculante, permite extender los beneficios de tal sistema en cuanto a maternidad, incapacidad temporal y permanente, supervivencia, prestaciones económicas, enfermedad profesional y auxilio de defunción a favor de los compatriotas trabajadores que viven en España.
Por su parte, el Ecuador garantiza el acceso de los trabajadores españoles que habitan en nuestro país a los servicios de maternidad, enfermedad, seguro de invalidez, vejez, muerte, riesgos de trabajo y auxilio en funerales.
Posteriormente, la Comisión cinco proseguirá con el análisis del “Acuerdo entre la República del Ecuador y la República del Perú para el Establecimiento de la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica Transfronteriza del Río Zarumilla”, de iniciativa del Ejecutivo.
Para tal efecto, se recibirá al director General de Relaciones Fronterizas con Perú del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, embajador Roberto Ponce; y, al Secretario Nacional del Agua, Domingo Paredes.
MG
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la sesión No. 55 del Pleno, a realizarse este jueves 09 de septiembre, a las 09h30.
Con esta oportunidad, se conocerán los informes de la Comisión Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre la aprobación de las denuncias formuladas por el Ejecutivo al Convenio entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno la República del Ecuador, para la Promoción y Protección de Inversiones; y, el Tratado entre Ecuador y la República Federal de Alemania sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital.
Adicionalmente, en el orden del día consta el segundo debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público.
Lesivos a los intereses del país
Con fecha 24 de junio de 2010, la Corte Constitucional emitió dictámenes previos y vinculantes, mediante los cuales declaró la inconstitucionalidad de los mencionados instrumentos e indicó a la Asamblea que es procedente continuar con el trámite previsto en la ley para su denuncia.
El Presidente de la República, en su pedido, argumentó que dichos documentos contienen cláusulas contrarias a la Carta Política, siendo además lesivas para los intereses nacionales, pues prevén el sometimiento del país a tribunales internacionales para la resolución de conflictos que se originen en éstos, desconociéndose, por tanto, la jurisdicción ecuatoriana.
En los procesos de socialización y debate, autoridades de la Cancillería; la embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Linda Cross; el gerente de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano- Británica, Diego Gordón; el gerente de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, Gunther Neubert; el vicepresidente de la Federación de Cámaras Binacionales, Bernardo Traversari, presentaron sus puntos de vista.
Bajo estos parámetros, la Comisión cinco recomendó al Pleno, la aprobación de las denuncia de esos convenios.
Archivo
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado sugirió, en su respectivo informe, el archivo del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público y que se trabaje en otra propuesta que recoja las regulaciones de transparencia, asignación de responsabilidades y sanciones, principios comunes para la administración, mejora o reforma al sistema de administración temporal de bienes sujetos a medidas cautelares por delitos cometidos en la Ley de Control de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, y a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.
MG
Preocupados por la posible explotación petrolera que se podría dar en el cantón Loreto, provincia de Orellana, el alcalde del gobierno municipal de esta jurisdicción, René Grefa pidió ser recibido en la Comisión de Biodiversidad para explicar las consecuencias que generaría de esta actividad.
En la sesión 54 del Pleno, los asambleístas debaten en primera instancia el proyecto de reformas a la Ley que Reprime el Lavado de Activos, que se constituye uno de los mayores flagelos contra la sociedad y el Estado, provocando graves problemas de carácter socio-económico.
La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralizados, Competencias y Organización del Territorio inició el conocimiento del veto parcial impuesto por el Presidente de la República, Rafael Correa, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
El tema será materia de profundo análisis, a la brevedad posible, con el Ministro del Interior y Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Tras expresar que es insostenible la situación de la inseguridad vial en el país, el asambleísta Fernando Bustamante Ponce, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, anunció que en las próximas horas se convocará a Ricardo Antón, director de la Comisión Nacional de Tránsito, al organismo legislativo para que presente una información sobre el tema y las medidas que se implementarán para corregir las verdaderas catástrofes que se han producido en las carreteras, en los últimos tiempos.
Estos hechos han creado una justificada alarma pública, por lo que es necesario investigar qué está pasando, enfatizó, al precisar que se invitará, también, al ministro del Interior, Gustavo Jalkh, para analizar las reformas legales que se requieren para enfrentar esta problemática.
Consideró necesario abrir un amplio debate nacional en torno a este fenómeno y una especie de control político. Sin embargo, a su criterio, nada se gana con tener las mejores leyes del mundo si el proceso de aplicación es laxo o inexistente.
Agregó que en el accidente de Yambo hay serios indicios de que se acumularon algunas violaciones legales, por omisión de la autoridad o imprecisiones en el sistema de control, tanto de las unidades de transporte, cuanto de los choferes. Vamos a ver qué parte del problema tiene referencia con las leyes y con las posibles omisiones, reiteró.
Recordó que solo en el 2009 se registraron 21 528 accidentes por imprudencia e impericia; 2 008 muertos y 14 068 heridos, muchos de los cuales quedan con inhabilidad o discapacidad permanentes. Es decir, tenemos una tasa de casi seis personas muertas todos los días, lo que no se puede tolerar. Se debe mejorar en función de proteger la vida misma de la población, a fin de que nuestras carreteras sean seguras y no escenario de sucesivas tragedias, agregó.
Hay que poner freno a choferes que no deberían estar manejando; vehículos que no deben estar circulando; y, señalizaciones con falencias, que contribuyen a que miles de familias sufran dramas frecuentes por aspectos que son prevenibles, enfatizó.
MG/eg
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas -AME-, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres -GPDM- de la Asamblea Nacional, la Red de Viceprefectas, la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador -AMUME- y la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador -AMJUPRE- crearán la Organización de Mujeres Autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador -GAD-
En el marco de las 107 observaciones, aproximadamente, formuladas por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, al proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, el mandatario insiste que la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ejerza la rectoría de la política pública.
Propone que dicha Secretaría sea el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional, designado por el Mandatario.
Además, tendrá la facultad de garantizar el efectivo cumplimiento de la gratuidad en la educación superior; identificar carreras y programas considerados de interés público y priorizarlos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo; diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión; diseñar y administrar la política de becas del gobierno para la educación superior, para lo cual coordinará, en lo que corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, entre otras.
Consejo de Evaluación
El Jefe de Estado es partidario que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior esté conformado por seis académicos, pero que tres de ellos sean seleccionados por concurso público de méritos y oposición, organizado por el Consejo Nacional Electoral, y los restantes designados directamente por el Ejecutivo. Serán estos últimos quienes nombren al presidente de la entidad.
El Consejo será un organismo público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera y operativa. Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. Tendrá facultad regulatoria y de gestión. No podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni por aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas.
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución, en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como privados, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación al Consejo de Evaluación. Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación superior, aún a las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Conea.
De conformidad con el Mandato Constituyente número 14, las instituciones que se ubicaron en la categoría E por el informe del Conea, deberán ser evaluados dentro de los 18 meses posteriores a la promulgación de este cuerpo legal.
Mientras se cumple este plazo, tales entidades no podrán ofertar nuevos programas académicos de grado ni realizar cursos de posgrado. Las universidades y escuelas politécnicas que no cumplieren los parámetros de calidad exigidos por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en esta evaluación, quedarán definitivamente suspendidas.
MG/eg
