Empeñados en esclarecer la muerte del profesor Bosco Wisuma, la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Marco Murillo, citó para este miércoles a las 8H30, a la Defensora del Pueblo de Morona Santiago, Sayonara Merino y a las 9H15, a la Gobernadora de esa jurisdicción, Sonia Ortega.
Treinta y tres asambleístas de la bancada País ratificaron en la pertinencia del contenido de la resolución de la Asamblea y, en particular, la exigencia de proceder a la destitución de los fiscales y funcionarios de la Fiscalìa que violaron el Código Orgánico de la Función Judicial, al pronunciarse públicamente adelantando juicio en caso del accidente de tránsito en el que falleció Natalia Emme.
La Comisión Especializada encargada de analizar el proyecto de Ley de Educación General, recibirá mañana, a las 09h00, a los dirigentes de la Asociación Nacional de Supervisores de la Educación; Asociación de Rectores de Colegios y de Institutos Superiores del Ecuador; Federación Nacional de Técnicos Docentes; Unión Nacional de Educadores.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, convocó a sesión 29 del Pleno para mañana, a las 10H00, a fin de iniciar el segundo debate del proyecto de reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal, que tiene por objetivo devolver el carácter de delitos de acción pública a algunas conductas penales que en marzo del año anterior se contemplaron como de acción privada; igualmente, reducir de tres remuneraciones básicas unificadas a un equivalente al 10% de una remuneración el monto para considerar como delito al robo y al hurto.
Con el voto afirmativo de 105 asambleístas de diversas bancadas legislativas, el Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, disponga las acciones para declarar en estado de excepción a las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi, para que puedan enfrentar la grave sequía en la región.
La Asamblea Nacional, con 82 votos afirmativos, ocho negativos, cuatro en blanco y 15 abstenciones, aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana que busca propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación.
El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, que tiene por objetivo regular las acciones del ente encargado de la administración y disposición de bienes de las entidades, instituciones y organismos estatales.
La bancada de izquierda progresista y plurinacional presentó un proyecto de Ley de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria cuyo objetivo es determinar las formas de coordinación y cooperación, dentro del marco del mutuo respeto y la interculturalidad, las funciones de administrar justicia a cargo de los órganos de la función judicial con las funciones jurisdiccionales de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.
La Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva, instaló este martes, a las 09:35, con 104 asambleístas, su sesión Nº 28, que originalmente contemplaba dos temas importantes: el primer debate del proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público y la votación del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana. No obstante, con el voto de 102 legisladores, se aceptó incluir en el orden del día el análisis de un proyecto de resolución para instar al Ejecutivo declare estado de excepción en las provincias de la sierra centro, por la grave sequía que atraviesan y en los cantones afectados por la reactivación del proceso eruptivo del volcán Tungurahua.
El asambleísta Marco Murillo, quien propuso el cambio del orden del día, subrayó que entre las facultades del Presidente de la República consta la declaratoria de estado de excepción en algunas circunstancias, una de ellas, en caso de desastre natural y, tanto la sequía que lleva alrededor de 10 meses, cuanto los efectos de la erupción de volcán Tungurahua pueden calificarse como desastre.
Administración de bienes públicos
El proyecto de Ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, sometido a primer debate en el Pleno, tiene por objetivo establecer las atribuciones y competencias del Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, como ente encargado de la administración, control y regulación de los bienes raíces de propiedad estatal, determinando los mecanismos para viabilizar la transferencia de dominio en algunos casos, y en otros, la facultad de administrar y disponer de éstos, entre instituciones del sector público.
La normativa crea una institución que se encargue de la administración de bienes inmuebles, para que los recursos del Estado puedan se manejados y gestionados de forma eficiente y transparente, lo cual permitirá que las instituciones que actualmente están administrando dichos bienes se dediquen con exclusividad a sus funciones específicas.
En el proyecto de ley constan las entidades y organismos del sector público que están obligados por la ley, siendo aquellos propietarios de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano. Sin embargo, existen bienes en el área rural que no son rústicos y por tanto están fuera de las competencias y regulación del INDA, por tanto, tales bienes han sido excluidos, así como también los bienes inmuebles de propiedad del IESS, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Se establece que el ente encargado de la administración y disposición de bienes inmuebles del sector público es el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado, INMOBILIAR.
Se combate el caos
El asambleísta César Gracia, vocal de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, subrayó que el proyecto se sustenta en lo dispuesto en los artículos 227 y 321 de la Constitución de la República, establecen que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, planificación, transparencia y evaluación, así como el derecho a la propiedad en su forma pública, debiendo cumplir su función social y ambiental.
Gracia explicó que en la actualidad muchos bienes son desadministrados, hay corrupción y caos, puesto que muchos de los bienes inmuebles del Estado se pierden por aplicación de la figura jurídica de la prescripción, pues el Estado nunca se ha preocupado de establecer cuál es el real patrimonio económico con que cuenta, por lo que se justifica la creación de un ente que se encargue de la administración y gestión de los bienes inmuebles del sector público.
Reiteró que el objetivo es salvaguardar los intereses de todos los ecuatorianos, a través de una administración eficiente, eficaz y transparente de los más de 0cho mil 500 bienes de propiedad del Estado.
EG
Asambleístas de diversas bancadas políticas subrayaron la necesidad de defender los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, los mismos que deben estar plasmados en la legislación secundaria, a través de una ley orgánica que garantice su pleno ejercicio, tomando como base la Constitución de la República y la Declaración de las Naciones Unidas sobre esta materia.
