La Comisión Ocasional de Educación aprobó, hasta las 23h00 de ayer, VII capítulos completos que contienen 17 artículos de la Ley de Educación General, para la elaboración del informe para segundo debate, con la presencia de los delegados de la Unión Nacional de Educadores, técnicos del Ministerio de Educación y del Contrato Colectivo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, recibió al Subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, quien realizó una visita de cortesía en la que trataron temas sobre gobernabilidad democrática y derechos humanos como expresión de la igualdad soberana de cada nación.
Con la presencia de los delegados de la Unión Nacional de Educadores, técnicos del Ministerio de Educación y del Contrato Colectivo, la Comisión Especializada Ocasional de Educación, dirigida por César Rodríguez, comenzó el análisis, discusión y aprobación del articulado de la Ley de Educación General.
Rodríguez, tras señalar que éste es el proceso final de aprobación del proyecto para el segundo debate, expresó que los artículos más complejos tienen que ver con intereses que afectan a determinadas políticas públicas que se van a definir a partir de la aprobación de la ley, como por ejemplo los temores de los maestros a las evaluaciones; su jubilación; el manejo del escalafón; preocupaciones y suspicacias en el tema de recursos porque desaparece el organismo que tradicionalmente ha construido la infraestructura educativa como el DINSE.
Empezamos a construir una nueva institucionalidad en los gobiernos educativos; la escuela deja de ser un gueto cerrado a la comunidad enclavada en un territorio y se abre como un espacio dinamizador; de participación de la comunidad, la familia, niños, jóvenes y adolescentes.
Acotó que se les ha dicho a los maestros con absoluta franqueza y transparencia que esta ley no será demagógica. “Nosotros aprobaremos una ley que tiene el soporte y los recursos comprometidos en el presupuesto general del Estado”, enfatizó.
Bono de frontera
Informó que se mantiene el bono de frontera, pero cambia el anclaje a la partida presupuestaria del docente, ahora se lo hará al territorio fronterizo, capaz de que cuando un maestro entra a la línea de frontera tenga garantizado el bono y cuando se vaya deje de percibirlo, porque está atado al territorio y no a la partida presupuestaria.
Instituto de Evaluación
Sobre este organismo dijo que se lo pretende construir como ente eminentemente técnico e independiente de cualquier instancia de interferencia y que no será un organismo de representación gremial, por lo tanto sus integrantes serán escogidos mediante concurso público, con un perfil de técnicos, de experiencia y transparencia.
Plazo
Precisó que aspiran cumplir con el plazo estipulado por el Consejo de la Administración Legislativa CAL, para la elaboración del informe de segundo debate, que será para fines de este mes y que el Pleno lo conozca en la primera semana de mayo.
Por su lado el asambleísta Xavier Tomalá, manifestó su desacuerdo en que el maestro ingrese al magisterio con el sueldo de un asistente administrativo, porque ya es un profesional y si se nivela con las tablas salariales que establece la Senres debe hacerlo con el sueldo del profesional, a la vez que aseveró que de acuerdo con la primera escala el salario mínimo sería de 612 dólares.
Dijo que una de las debilidades del sistema de educación básica y media tiene que ver con la presencia de organismo dispersos y que hoy todos se están incluyendo para tener una ley compacta, que puede articularse con la Ley de Educación Superior y de esa manera mejorar el proceso de formación profesional y consecuentemente el desarrollo del país.
Indicó que la comisión, para el análisis de la Ley de Educación General, se ha reunido con todos los sectores que están inmersos en el proceso educativo, entre ellos, la UNE; colegios, cultura, orquestas sinfónicas y artesanos, porque se trata es de conseguir una ley incluyente.
RSA/pv
Con la presencia de los delegados de la Unión Nacional de Educadores, técnicos del Ministerio de Educación y del Contrato Colectivo, la Comisión Especializada Ocasional de Educación, dirigida por César Rodríguez, comenzó el análisis, discusión y aprobación del articulado de la Ley de Educación General.
Fernando Gutiérrez Vera, Defensor del Pueblo; Pilar Núñez y Luis Supligicha de la Asamblea de Comunicación del Ecuador; y Raúl Barba del Comité de Emergencia de Comunicadores Profesionales del Ecuador (COEPCE), fueron recibidos en la Comisión de Comunicación, donde presentaron sus observaciones para el proyecto de Ley Orgánica.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, enmarcada en el Art. 120, numeral 13, de la Constitución y 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó informe favorable para que se pueda otorgar amnistía a varios ciudadanos que participaron en la toma del Municipio del Cantón Salinas, el año 2005.
Un primer borrador de la propuesta para el índide del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación será sometido al análisis y discusión en la sesión de hoy de la Comisión de Comunicación, convocada para las 15h00 por parte de la presidenta, Betty Carrillo.
La asambleísta por los migrantes en Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Omar Simón, con el propósito de conocer los pormenores de la aprobación del instructivo para cambio de domicilio, que permitirá a la población ecuatoriana en el exterior actualizar su residencia o inscribirse, por primera vez, en el Registro Electoral.
En respuesta a las aseveraciones del bloque de Pachakutik en el sentido de que se habría modificado sustancialmente el Informe para segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos, favoreciendo a grupos de poder y aupando la privatización del agua, el presidente de la Comisión 5, Jaime Abril, reiteró que no habrá privatización de este recurso y tampoco se ha eliminado ningún artículo sobre las prácticas culturales y sagradas de los pueblos y nacionalidades.
La Comisión de Biodiversidad archivó el proceso de fiscalización contra del ex director del Instituto de Desarrollo Agrario (INDA) Galo Aldás, una vez que se ha reconocido la vigencia del fallo judicial por el cual las 3 400 hectáreas de Bosques Húmedos del predio El Pambilar, parroquia Malimpia, cantón Quininde, de la provincia de Esmeraldas deben ser revertidas al Estado. El organismo legislativo se mantendrá vigilante del proceso de devolución de la referida propiedad.
