En su sesión 100, el Pleno de la Asamblea, sobre la base del informe de la Comisión Especializada del Régimen Económico y Tributario, inició al primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, mismo que reconoce, fomenta, fortalece y protege la economía popular y su respectivo sector financiero, norma la organización de las distintas organizaciones conformadas por cuatro sectores: comunitarios, asociativos, cooperativistas y en las Unidades Económicas Populares.
Amparado en lo establecido en los artículos 131 de la Constitución de la República del Ecuador; 44 y 46, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y, 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el asambleísta Marco Murillo, solicitó a la Comisión de Fiscalización dé paso al juicio político para que el Pleno de la Asamblea resuelva la censura e inmediata destitución de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juana Marcela Miranda, por incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la Ley.
Luego de la aprobación del Estatuto Migratorio entre las Repúblicas de Ecuador y Bolivariana de Venezuela, por parte de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de febrero de 2011, por el cual proclama la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAIME y la Embajada del Ecuador en Venezuela, pusieron a disposición de los ecuatorianos/as que se encuentren viviendo en ese país en situación migratoria irregular, un instructivo para que puedan realizar inmediatamente los trámites referentes a su regularización.
El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que convocará para el lunes 11 de abril el inicio del juicio político a los nueve vocales del Consejo de la Judicatura, en el Pleno.
El proyecto de reforma a la Ley Minera, auspiciado por el asambleísta Cléver Jiménez, determina que el Ministerio Sectorial autorizará a los titulares mineros la instalación y operación de sus plantas de beneficio, fundición y refinación de los minerales principales y secundarios que exploten, en los lugares donde se extraigan o en cualquier otra parte del territorio ecuatoriano.
Los asambleístas Cléver Jiménez, Alfredo Ortiz, Gido Vargas y Zobeida Gudiño, integrantes de la Comisión de Biodiversidad, se trasladarán a la provincia de Esmeraldas, específicamente, a la Refinería y a las poblaciones aledañas al río Teaone, con la finalidad de verificar las consecuencias que trajo el derrame de combustibles y otros derivados de petróleo, que se produjo el pasado 13 de febrero.
El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, que tiene por objetivo afianzar una cultura de paz y propender al desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos del Ecuador, mediante la aplicación de políticas integrales, precautelando la soberanía, la biodiversidad natural, interculturalidad y buena vecindad, garantizando el ejercicio de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de estos territorios.
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Asambleístas de distintas tendencias políticas coincidieron en la necesidad de establecer medidas efectivas y oportunas a favor del ambiente, precautelar las áreas protegidas, los derechos de los pueblos y nacionalidades asentadas en zonas sensibles, a través de una eficaz gestión administrativa que reconozca a las autoridades competentes la capacidad para sancionar de manera oportuna las acciones que provoquen daños ambientales, como consecuencia de actividades productivas.
Los asambleístas, en la sesión 99 del Pleno, debaten en primera la reforma a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, de iniciativa del Ejecutivo, que tiene como propósito establecer medidas administrativas cuando las personas de derecho privado, naturales o jurídicas, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, por tanto, la autoridad competente adoptará las medidas administrativas correspondientes.
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Un salón dentro del Complejo del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el que cómodamente pueden asistir más de 100 personas, se constituyó, desde hoy, en la oficina de coordinación legislativa con la ciudadanía de esta joven provincia.
