En la continuación de la sesión 102, el doctor Oswaldo Domínguez, tercer encausado en el juicio político planteado por el asambleísta Mauro Andino, contra los miembros del Consejo de la Judicatura, CJ, al ejercer su derecho a la defensa, enfatizó que sí se establecieron sanciones a los jueces que permitieron que opere la caducidad de la prisión preventiva, dentro de los parámetros establecidos en la Ley.
El pasado 6 de abril, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional la solicitud de denuncia del Convenio entre los gobiernos de Ecuador y Canadá para el Fomento y la Protección Recíprocas de Inversiones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 35 del 28 de septiembre 2009, el ministro del Interior, Alfredo Vera Arrata, acudió esta mañana a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce.
En la sesión 104, con 88 votos, los asambleístas aprobaron en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que tiene por objetivo reconocer, fomentar y fortalecer a esta rama de la economía del país, en su ejercicio y relación con los demás sectores económicos y con el Estado, así como establecer un marco común para las personas naturales y jurídicas que integran la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario.
Con 57 votos el Pleno Legislativo censuró las actuaciones judiciales de la Fiscalía y de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que en desacato en los dispuesto en el artículo 4 del Mandato No. 1, pretenden judicializar los actos y las decisiones de la Asamblea Constituyente de plenos poderes y de sus exintegrates, en relación con las amnistías otorgadas.
La Legislatura condecoró, con la medalla Asamblea Nacional de la República del Ecuador, “Dr. Vicente Rocafuerte”, el pabellón de la Fundación Cultural “Édgar Palacios”, por su trabajo integrador, acción solidaria y de preferente atención hacia los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
El vocal del Consejo de la Judicatura, Marco Tulio Cordero Zamora, el segundo encausado en ejercer el derecho a la defensa en el juicio político planteado por el asambleísta Mauro Andino, en contra de los integrantes del órgano de gobierno de la Función Judicial, a quienes acusa de incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, pidió al Pleno se le siga un juicio justo y se señale con claridad las infracciones que ha cometido en el desempeño del cargo.
Al inicio de su intervención, el funcionario, evocando una frase de Fidel Castro, dijo: “he venido a esta casa no para injuriar a los dueños de casa, sino para decir mis verdades”.
De inmediato, explicó que ingresó al Consejo hace apenas 21 meses, tras ganar un concurso de oposición y méritos, tiempo durante el cual nunca ha manejado dinero, ni ha tenido capacidad para gestionar nombramientos.
“En mis 71 años no he cometido la más pequeña de las irregularidades. Hoy, en forma increíble, se han hecho insinuaciones injustas en contra de mi integridad, sugiriendo actos impropios”, subrayó, al proponer que de conformidad con el derecho de petición, una vez concluida su intervención, inmediatamente se emita la resolución de su juzgamiento, determinando su inocencia en este proceso, juzgamiento que debe desarrollarse en forma individual, analizando caso por caso, porque nadie puede responder por actuaciones ajenas.
Además, solicitó se certifique si en el oficio enviado por la asambleísta Silva Salgado por medio del cual se notifica el inicio del juicio político se determina qué norma jurídica específica ha violentado y si en la convocatoria a esta comparecencia se señala una norma que haya transgredido, “pues al no existir tales precisiones, no sé de qué se me acusa y, por consiguiente, no tengo de qué defenderme”, dijo.
Marco Tulio Cordero, aseguró que la convocatoria a juicio político violenta el artículo 76, numeral 7, literal l), que establece que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explican la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivadas, se considerarán nulos. Los servidores/as serán sancionados. En este caso, no hay motivación alguna.
Dijo que este mandato constitucional guarda concordancia con el artículo 424 de la Constitución, además que se violenta el artículo 82 de la Carta Magna, respecto al derecho de la seguridad jurídica, que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Por ello, insistió en que no existe una sola norma jurídica que motive este juicio político.
Por los antecedentes expuestos, espero, en estricta justicia, ser exonerado de cualquier responsabilidad. También solicitó se me juzgue en el marco de la Constitución y la Ley, partiendo de la presunción de inocencia a la que tiene derecho.
Marco Tulio Cordero, por el lapso de dos horas 15 minutos ejerció su derecho a la defensa ante el Pleno de la Asamblea.
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El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, indicó que la sesión 103 del Pleno, continuará mañana, a partir de las 09:30, en virtud de que en la tarde de este martes, 12 de abril, se retomará el juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. En esta oportunidad le corresponde ejercer el derecho a la defensa al doctor Marco Tulio Cordero.
El Pleno, con el voto de 57 asambleístas, expresó su respaldo irrestricto al pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional que declara a la señora Heather Hodges persona non grata, como una acción de legítima defensa de la soberanía nacional, misma que se enmarca dentro de una política internacional basada en los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos, frente a las inadecuadas expresiones de la diplomática, aparecidas en cables difundidos por medios de comunicación internacionales.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a través del decreto Ejecutivo 727, extendió el estado de excepción de la Asamblea Nacional, hasta el 8 de mayo de 2011, por lo que dispuso al Ministro de Defensa Nacional que, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ejecute un plan de contingencia, con la finalidad de que sus efectivos garanticen a la Función Legislativa las condiciones de seguridad necesarias para que pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales, así como garantizar la seguridad interna, ciudadana y humana.
