A partir de las 15:00 de hoy 5 de julio, en la Comisión de Régimen Económico continuarán las comparecencias para recibir los aportes para el proyecto urgente de Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, cuyo informe para primer debate estará listo hasta el jueves 8 de julio.
En este contexto, indicó que en las próximas semanas se tramitarán los proyectos de Ley de Servicio Público, Educación Superior, el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), Soberanía Alimentaria, Tránsito, las reformas al Régimen Monetario y Banco Central, de Comunicación, entre otras.
Señaló que el martes 6 de julio, en la sesión 48, el Pleno Legislativo conocerá y analizará la denuncia de la asambleísta María Paula Romo en torno a presuntas irregularidades en el accionar de los vocales del Consejo de la Judicatura. De comprobarse las acusaciones de tráfico de influencias, latisueldos, disputas de poder, se podría configurar las causales para un juicio político, agregó.
También, anunció la posibilidad de que el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Comunicación entre a conocimiento de la Asamblea el 13 de julio, al expresar su total predisposición de intensificar los diálogos con los jefes de bloque y bancadas y, de ser necesario, con los 123 asambleístas, para con la “ley en mano” comparar el Acuerdo Ético Político con el contenido de la última propuesta presentada por la Comisión Ocasional de Comunicación, a fin de analizar las supuestas falencias.
Cordero se mostró optimista de que existirán los votos suficientes para aprobar este importante cuerpo legal, tomando en cuenta que la ciudadanía ha demandado un instrumento de tal naturaleza.
Puntualizó que personalmente y Alianza País demostrarán, con fundamentos, al país que la Ley de Comunicación garantizará absolutamente la libertad de expresión, las actitudes sesgadas de ciertos sectores y, lo que es más, que no contiene nada de mordaza, porque eso lo impide claramente la Constitución, tras sostener que no habría inconveniente en sacar del documento el polémico artículo 10 pues eso ya consta en la Carta Política, así también la temática laboral podría ser materia de otro proyecto.
Reconoció la apertura y receptividad del titular del organismo, Mauro Andino, para conversar y lograr puntos de consenso, incluso con los sectores de oposición, que contribuyan a perfeccionar el articulado, tras destacar que el texto remitido es bueno porque tiene una perfecta organización, estructura y es austero en el lenguaje.
Consideró que no tiene sentido una consulta prelegislativa dado que no se afecta ningún derecho colectivo, ni realizar, en los actuales momentos, una socialización pues ha sido suficientemente debatida; hoy, sería fundamental desarrollar una amplía difusión del documento.
Finalmente, sostuvo en que la Ley de Educación Superior se consolida preceptos constitucionales como la gratuidad, la autonomía y otros, pero se puede mejorar las normas referentes a las funciones de la Secretaría y la integración del Conea.
MG
Con la finalidad de evitar que se fume en los establecimientos de salud como consultorios, clínicas, hospitales, dispensarios y centros de salud; de educación, sean públicos o privados, como pre kínder, jardines de infantes, escuelas, colegios, universidades, institutos técnicos y extensiones universitarias; y, en cualquier medio de transporte público: terrestre, aéreo, ferroviario o náutico, el asambleísta Fernando Vélez, presentó un proyecto de Ley que Prohíbe el Consumo de Tabaco y Cigarrillo en Lugares Públicos y Privados.
El titular de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Francisco Velasco, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el informe favorable para segundo debate del proyecto de Ley reformatoria a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que tiene como objetivo que el Banco Central del Ecuador (BCE), tenga un solo balance general, que contará con dos sistemas de información contable (reservas y operaciones), así como establece los plazos para las transferencias de sus bienes culturales y no culturales.
La directiva del barrio Atucucho, situado al noroccidente de Quito, acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, para plantear su respaldo al tratamiento del proyecto de Ley Interpretativa al Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial 971 de 1996 y a la Ley 2003-5, en el marco de la nueva Constitución.
A las 19:02, el presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el informe favorable de mayoría del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación que fue aprobado con 6 votos de los asambleístas Mauro Andino, Ángel Vilema, Betty Carrillo, María Augusta Calle, Rolando Panchana y Emilia Jaramillo (alterna de Humberto Alvarado).
Haga click aquí para ver el informe.
Con la frase, “Por un cine nacional”, una delegación de cineastas y documentalistas llegaron a la Asamblea Nacional, para mantener una reunión de trabajo con los legisladores Aminta Buenaño, Betty Carrillo y Carlos Samaniego, a quienes solicitaron no se derogue la Ley de Cine, en el texto del proyecto de Ley de Culturas.
En la reunión estuvieron presentes los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a más de dirigentes de los trabajadores, docentes y estudiantes de las diversas universidades públicas y privadas, así como del Consejo Nacional de Educación Superior, Conesup, que se concentraron en el ex Senado.
Cordero reiteró que las puertas de la Función Legislativa están siempre abiertas para escuchar las inquietudes de todos los sectores sociales, tras enfatizar que se debe trabajar por una universidad, con visión de futuro, que mejore la calidad, cumpla a cabalidad sus objetivos, promueva la investigación, la ciencia y tecnología, para beneficio del país.
Se mostró partidario de garantizar los fondos de jubilación, en función de un mejor trato para los docentes; que el titular del Consejo de Educación Superior se integre, con voz y voto, al Consejo Nacional de Planificación, en una muestra real de afianzar la articulación entre el Estado y la universidad.
Gustavo Vega, máxima autoridad del Conesup, destacó que es fundamental sacar una ley que sea una garantía para un instrumento de la superación de la calidad de la universidad ecuatoriana.
Profundizar discusión
Entre tanto, Enrique Ayala Mora, coordinador de la Comisión de Diálogo para la LOES, planteó concretamente que se instale inmediatamente un grupo especial para revisar el texto de la ley, a fin de ratificar los consensos y buscar alternativas a los desacuerdos; si este objetivo no se logra, que sea el Pleno de la Asamblea quien tome la últimas decisiones. También, que la Comisión de Educación exprese públicamente su decisión de apertura para acoger esta tarea.
Análisis
De su lado, Raúl Abad Vélez, presidente de la Comisión Especializada Permanente, dijo que, en los actuales momentos, es difícil formar una comisión tripartita, no obstante se analizarán los insumos que por escrito remita el Conesup, desde el punto de vista jurídico y técnico, al enfatizar que las inquietudes de la Academia han sido tomadas en cuenta oportunamente.
Anticipó que no habría inconveniente en revisar el tema de los recursos a favor de las entidades cofinanciadas.
Mientras, Carlos Cedeño y Ernesto Álvarez, presidentes de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana y de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos, respectivamente, coincidieron en señalar que la LOES debe consagrar los principios de autonomía, cogobierno, financiamiento, acorde a las normas constitucionales, a más de la formación profesional y una jubilación digna para los docentes.
MG
“La contratación de la póliza de seguros todo riesgo para Petroecuador se realizó luego de varios intentos y, en el último proceso de licitación, Seguros Sucre fue la única empresa que presentó su oferta”, aclaró el presidente Ejecutivo de la estatal petrolera, Manuel Zapater, en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, presidida por Luis Morales, que investiga la forma cómo se llegó a la suscripción de este contrato.