La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por Fernando Bustamante Ponce, presentó su informe favorable al pedido del Ejecutivo para que se apruebe la ratificación del Segundo Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 46 celebrado entre las Repúblicas de Cuba y Ecuador.
Para tal efecto, el organismo legislativo tomó en cuenta el dictamen previo vinculante de la Corte Constitucional, de fecha 16 de septiembre de 2010, el cual declara que dicho instrumento requiere de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional para el trámite de ratificación.
Intercambio de criterios
La Comisión 5 recibió los aportes de Jorge Acosta y Gustavo Anda, subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales y director para América del Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente, así también dialogó con Juan Francisco Ballén, ministro de Producción (e).
El Acuerdo, suscrito el 10 de mayo de 2000, promueve el desarrollo comercial de nuestro país, al posibilitar la exportación de más y nuevos productos que demanda el mercado cubano, y se beneficia de la aplicación de tecnologías que posee Cuba en ciertas áreas del conocimiento humano.
Tiene como objetivos: facilitar, expandir y diversificar el comercio y todas las operaciones asociadas al mismo; procurar que las corrientes bilaterales de comercio exterior fluyan sobre bases armónicas y equilibradas; fortalecer el intercambio comercial recíproco mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias y no arancelarias; estimular el desarrollo de inversiones conjuntas, con miras a buscar una mayor participación en los mercados de los dos países, como en mercados de terceros países.
En el informe, se destaca que la ejecución del Acuerdo permitirá al Ecuador generar exportaciones al mercado cubano con un arancel del 0% en 272 productos negociados adicionales a los 514 anteriores, constantes en el Primer Protocolo; recibir preferencias mayores al 50% para otras 112 subpartidas y dinamizar el comercio bilateral.
MG/pv
De conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente de la República objetó parcialmente el proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
El Ejecutivo menciona que en el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el Decreto Supremo s/n publicado en el Registro Oficial No. 126 de 10 de noviembre de 1925, que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre de 1925, por lo que considera fundamental corregir el error producido.
Módulo 5
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, el cual no tuvo ninguna observación o reparo en primera instancia.
Los Decretos Supremos se refieren, principalmente, a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, que se hacía con el fundamento de los intereses de cada cantón, por excusa y/o renuncia de los consejos designados, por la disolución de tales entidades por abandono del cargo de la mayoría de concejales o, finalmente, porque en reorganizaciones anteriores constaban designadas personas que se encontraban incapacitadas para ejercer el cargo.
El organismo legislativo concluye que la propuesta no contraviene disposición constitucional o legal alguna y más bien permite depurar la normativa vigente del Ecuador.
MG/pv
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, propuso que el Pleno observe la pro forma presupuestaria del 2011 en el sentido que el Ejecutivo liquide los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, correspondientes a las leyes vigentes a la fecha en que se promulgó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, y que, a la vez, se establezca el monto del endeudamiento público.
En un acto emotivo desarrollado en el antiguo salón del ex senado, en la sede legislativa, más de quinientos jubilados rindieron homenaje a los presidentes de la Asamblea Nacional y de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Fernando Cordero Cueva y Nivea Vélez, respectivamente, por la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social que incrementa las pensiones.
La Asamblea Nacional, en su oportunidad, aportó con reformas legales muy precisas en la lucha que el Ecuador en su conjunto lleva adelante contra la impunidad y por la sanción al delito.
“Saludo a las mujeres del Ecuador y del mundo que luchan permanentemente por erradicar la violencia contra la mujer; este es un tema en el cual debemos comprometernos todos y todas, porque, lamentablemente, todavía hay machismo y existe violencia soterrada”, subrayó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al felicitar a las mujeres, con motivo del Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer.
El titular de la Función Legislativa aseguró que se trata de una tarea que requiere la presencia de todos y todas, para hacer causa común, porque nada justifica que persistan las diversas formas de violencia, al destacar el trabajo que realizan las mujeres del Ecuador y del Mundo por apuntalar el irrestricto respeto a sus derechos.
“Dejemos de lado el miedo, este es un tema en el que debemos actuar juntos para erradicar toda forma de violencia contra la mujer”, enfatizó al recordar que los esfuerzos por eliminar la violencia deben ser permanentes.
EG
Con la presencia del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos; y, el titular de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), Ángel Rubio, la Comisión de Derechos de los Trabajadores analizó la problemática que atraviesan los servidores judiciales, por la falta de aplicación de la homologación salarial.
El ministro Rivera manifestó que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece una serie de procedimientos que las entidades públicas deben cumplir para recibir asignaciones estatales, por tanto, la Función Judicial debió presentar los proyectos y justificativos del caso para que el Ministerio de Finanzas procede a los respectivos desembolsos.
Comentó que el Consejo de la Judicatura, hasta noviembre, ha ejecutado su presupuesto 2010 en un 62,42%, ante lo cual no se puede dotar de mayores ingresos a quienes mantienen guardados dineros, que pueden servir para la obra vial, implementación de proyectos hidroeléctricos, escuelas, viviendas y otras.
Justicia colapsará
En respuesta, Benjamín Cevallos indicó que el Consejo de la Judicatura tiene concretada la ejecución de su presupuesto en más del 92%, hasta diciembre, pero que varios proyectos no se han puesto en marcha por la falta de celeridad en cuanto a su aprobación de parte de la Secretaria Nacional de Desarrollo (Senplades) y otros organismos del gobierno.
Advirtió que la administración de justicia, en general, podría colapsar en junio de 2011, en razón de que el presupuesto para el año entrante ha sido reducido en un 50%, sin considerar que se requieren 411 millones, de cuyo monto 300 millones serán para gastos corrientes y 111 millones para programas de inversión, que posibilitarán hacer efectiva la oralidad, modernizar la infraestructura física, contar con tecnología de punta, capacitación, a fin de satisfacer las expectativas ciudadanas.
Exigió que se respete el artículo 168, numeral 2, de la Constitución, que garantiza la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial, pues si no se lo hace no funciona ninguna transformación, ni la democracia en el Ecuador.
Incluso, el Ministro de Finanzas no ha recogido la inquietud del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien convocó el 24 de septiembre a una reunión en Guayaquil, para analizar el tema justicia y, lo que es más, establecer un presupuesto suficiente para atender las expectativas de la colectividad, agregó.
Cuestionamientos
Ángel Rubio, Lenin Pilalot, Ana Román y Carla Obando, representantes de los trabajadores judiciales, explicaron que una ley no tiene efecto retroactivo, por lo que el argumento de que la Losep define, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, el camino para la homologación salarial no tiene fundamento jurídico, más aún cuando este mecanismo rige desde el año 2008.
Sostuvieron que el proceso de homologación se puede cumplir con 35 millones de dólares, pero hoy al Estado le correspondería desembolsar cerca de 60 millones para hacer frente a múltiples acciones de protección que se han presentado sobre esta materia.
En todo caso, los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresaron la preocupación por la posibilidad de que la Función Judicial entre en crisis por el aspecto presupuestario. Además resolvieron establecer una comisión ampliada con los ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas, el Consejo de la Judicatura y la Fenaje, con el propósito de determinar los motivos exactos por los cuales no se ejecuta la homologación.
MG/eg
El asambleísta Abdalá Bucaram presentó un proyecto de resolución, según el cual se exhorta al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que disponga que las Fuerzas Armadas y los Grupos de Intervención y Rescate (GIR) y de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía salgan a las calles, por el lapso de 180 días, a fin de brindar seguridad a la ciudadanía y controlar la delincuencia.
El Comité Ejecutivo de la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha rendirá, este jueves, un homenaje de gratitud al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva y a la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez, por haber hecho posible el alza de sus pensiones jubilares.
En efecto, los jubilados del Ecuador, este jueves 25 de noviembre, a las 10h30, en sesión solemne, agradecerán a las autoridades legislativas, así como a los integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores por haber incidido en la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social para la actualización e incremento de las pensiones jubilares.
Como se recuerda, esta reforma aumenta las pensiones jubilares desde enero del presente año; los nuevos montos varía entre 40 y 60 dólares durante el año 2010.
Los 276 498 pensionistas beneficiarios de esta ley están considerados en cuatro grupos: 17 704 por invalidez; 168 790 por vejez; 56 672 por viudedad; 33 242 por orfandad.
A partir del 2011 las pensiones se incrementarán automáticamente por medio de cinco coeficientes, con lo cual quienes menos reciben tendrán un incremento mayor.
Igualmente, las viudas incrementan sus pensiones del 40% a 60% en relación con la renta de su cónyuge o conviviente reconocido. Los viudos, por primera vez recibirán el mismo trato, pues hasta antes de la aprobación no tenían derecho a este beneficio.
RSA/pv
El asambleísta César Rodríguez iniciará un proceso de fiscalización al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Dirección Nacional de Cooperativas por no dar una salida al problema de miles de ciudadanos perjudicados por el cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero”.
Al recibir en el salón del ex Senado a cientos de afectados por el referido tema, se comprometió a luchar para que los más de 35 mil socios recuperen sus dineros, tras pedir que la Contraloría disponga un examen especial de la gestión de la Dirección Nacional de Cooperativas, hoy dependiente del MIES, considerando que no se ha dado solución efectiva a un conflicto que involucra a gente humilde, desde hace tres años.
Pidió también al Fiscal General del Estado que le diga a la opinión pública cuál es el resultado de la indagación previa que se inició hace dos años, tras señalar que además solicitará al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, convoque a una de las comisiones especializadas a la Ministra de Inclusión Económica y Social, a fin de que dé una respuesta concreta sobre la situación del sistema cooperativo nacional y particularmente de la cooperativa San José Obrero.
Prrecisó que es fundamental que la ministra Ponce evalúe la actuación de la máxima autoridad de la Dirección de Cooperativas, pues los funcionarios indolentes con la gente humilde y pobre no deben seguir en esta revolución ciudadana.
Indicó que realizará una veeduría ciudadana y técnica que ponga fin a esta indolencia”; “una veeduría que dormirá en las calles, si es necesario, para acabar con la impunidad”.
Comentó que los perjudicados han realizado múltiples demandas a instituciones como la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Dirección Nacional de Cooperativas, sin obtener respuestas claras que satisfagan sus expectativas
MG/pv
