La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, la Internacional de Servicios Públicos por Juan Diego Gómez; la Organización Internacional del Trabajo, Carmen Benítez; y, del Ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, analizarán los impactos sectoriales de la Ley Orgánica de Servicio Público y los derechos de las y los trabajadores del sector público.
El análisis de los rubros de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Defensoría del Pueblo, Codepmoc, Instituto de Altos Estudios (IAEN) y Función Legislativa, son las cinco recomendaciones que constan en el informe de la pro forma presupuestaria 2011, aprobado con siete votos en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que fue remitido al Presidente de la Asamblea Nacional.
En el documento se precisan las recomendaciones que realiza la Comisión respecto a la Pro forma 2011 para el debate en el Pleno, donde se deberá revisar las cifras, datos, razones y argumentos en torno a las asignaciones de los sectores Bienestar Social (proyecto Prottar), Jurisdiccional (recursos para la Defensoría del Pueblo), Educación ( presupuesto para el IAEN), Legislativo y la revisión de las cifras de las asignaciones realizadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en los ejercicios 2009 y 2010.
A favor del informe votaron Francisco Velasco, Betty Amores, Viviana Bonilla, Lorena Bravo, Irina Cabezas y Javier López. En contra, María de Lourdes Alarcón, Rodolfo Baquerizo, Sylvia Kon y Patricio Quevedo. Similar votación se registró para el informe sobre la programación presupuestaria cuatrianual 2011 – 2014.
Respecto a las recomendaciones, el asambleísta Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, informó que ha mantenido una reunión con los representantes del Ministerio de Finanzas, Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Presidente de la Asamblea Nacional, donde se precisó que además de los 2. 238 millones de dólares que constan para los GAD, están los 186 millones por concepto de las leyes 010 y 047 (180 y 6, respectivamente), y también 85 millones por otros conceptos.
En otro aspecto, la asambleísta Betty Amores planteó una modificación presupuestaria de 6 millones 817 mil dólares, distribuidos así: a favor de la Defensoría del Pueblo, 3 millones 567 mil dólares, porque sus recursos han bajado a 7 millones 484 mil ; para el IAEN un incremento de dos millones; y, para el Proyecto de Transferencia de Tecnología y Apoyo a los Agronegocios Rurales del Pueblo Montubio (Prottar), un millón 250 mil dólares.
Asimismo, Viviana Bonilla planteó se revise el presupuesto destinado a la Función Legislativa.
En el debate las y los asambleístas recordaron lo constante en el artículo 295 de la Constitución referente a no alterar el monto de la pro forma, por lo que la decisión de identificar los sectores de los que se disminuirán los recursos para incluir en otros, según las recomendaciones, será responsabilidad del Pleno de la Asamblea.
Además, en la Comisión, se sugirió que el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Francisco Velasco, mantenga una reunión con el Ministro de Finanzas para analizar los sectores a considerarse para viabilizar las recomendaciones.
AM/mg
Los talleres de socialización del Código de Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) continuarán en Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zamora Chinchipe y Loja.
El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, liderado por la asambleísta María Paula Romo, recibió de manos de la Comisión de Transición - Consejo Nacional de Igual de Género el anteproyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Personas de Diversa Condición Sexo Genérica.
La doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, destacó que este cuerpo legal marcaría el inicio de la institucionalización del país, superando así el período de transición, conforme lo dispone la Constitución.
Anunció el respaldo absoluto a la propuesta, la cual debe merecer un trámite prioritario y someterlo al más amplio debate.
Por su parte, Ana Lucía Herrera, titular de la Comisión de Transición hacia el Consejo de Mujeres, aseguró que el proyecto ha sido trabajado durante un año y medio. “De esta manera cumplimos con el mandato de diseñar la estructura institucional para garantizar la igualdad y preparar los proyectos de reforma normativa para la creación del Consejo Nacional de Igualdad de Género”, agregó.
Antecedentes y contenido
El documento se sustenta en la Declaración de los Derechos Humanos, que en su artículo 1 establece los principios de igualdad y de no discriminación, mientras en el artículo 2, inciso primero y segundo, proclama así que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Esta definición proporciona los elementos necesarios que permiten a todas y todos los sujetos identificarse y ser parte de la construcción del paradigma de lo que es ser humano.
De esta manera, se constituye la igualdad como un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, todos ellos ratificados por el Estado ecuatoriano y ubicados en el segundo orden jerárquico de aplicación, luego de la Constitución (Arts. 424 y 425).
Esta Ley tiene el carácter de orgánica y define los alcances del principio y el desarrollo del derecho de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y personas de diversa condición sexo genérica, de acuerdo con lo previsto en el Art. 11, numeral 2, de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Busca eliminar la discriminación a las mujeres y personas en desventaja por su identidad de género, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de su vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social, cultural y familiar para, en el desarrollo de los fines de la Carta Magna, alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
MG/eg
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, inició el análisis de dos proyectos de reformas al Código de la Democracia atinentes a la reposición del gasto electoral y la participación de los candidatos suplentes.
Tomando en cuenta que la educación superior es gratuita, tal cual lo dispone la Constitución, las universidades dependen de los recursos financieros del Estado, por tanto, dichos presupuestos deberían entregarse oportunamente, precisó Antonio Posso, rector de la Universidad Técnica del Norte.
Informó que su institución postuló para el ejercicio económico 2011, en recursos de inversión nueve millones quinientos mil dólares, los mismos que fueron debidamente justificados a través de los respectivos proyectos que los calificó la Secretaría Nacional de Desarrollo (Senplades), pero esa propuesta no ha sido considerada en la pro forma presupuestaria del próximo año, situación en la que estaría también la Universidad Central, agregó.
En todo caso, Posso Salgado comentó que es factible una reprogramación de alrededor del 40% de los recursos de inversión de este ejercicio económico, que no podrá ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2010.
Imposible cumplir funciones específicas
Entre tanto, el defensor del Pueblo del Ecuador, Fernando Gutiérrez Vera, explicó que el organismo cuenta con 24 oficinas en las capitales de provincia, además de ciertas delegaciones en el exterior, con 250 funcionarios de carrera y 48 con la modalidad de contrato.
Argumentó que en lo que va del 2010 se ha recibido 32 mil peticiones – quejas ciudadanas sobre violaciones a los derechos humanos- las cuales se han atendido en la medida de las posibilidades económicas.
Bajo estos antecedentes, Gutiérrez solicitó que se respete el pedido de asignar 11 millones para la institución en el presupuesto próximo año, a fin de poner en marcha sus planes estratégicos y operativos, para garantizar los derechos de la población, que han sido destacados en las normas constitucionales.
Puntualizó que se ha fijado un presupuesto de siete millones 400 mil dólares, que, a no dudarlo, impedirá que la Defensoría pueda cumplir, a cabalidad, con sus delicadas funciones, en desmedro de los intereses de la comunidad.
MG/eg
La Comisión de Régimen Económico recibió a los ministros de Finanzas, Patricio Rivera; de Coordinación de la Política Económica, Katiuska King; al titular de Senplades, René Ramírez y a los presidentes del Banco Central, Diego Borja y de la CAE, Santiago León, con el propósito de intercambiar criterios sobre el contenido de la pro forma presupuestaria y la programación cuatrianual.
El titular de la Comisión de Régimen Económico, Paco Velasco, anunció que el organismo intensificará el trabajo mañana y el viernes, a fin de presentar su correspondiente informe, en cumplimiento de los plazos establecidos y luego el Pleno resuelva lo pertinente.
La inversión social es la prioridad
René Ramírez explicó que el Plan Anual de Inversión (inicial) es 593,49 millones mayor en 2011, lo que implica un crecimiento del 14%, mientras la inversión total del Presupuesto General del Estado es 353,4 millones superior en el próximo año, con un crecimiento del 5%.
La inversión pública en el 2011 se prioriza en las necesidades para el cambio estructural de mediano y largo plazo, que constituyen condiciones previas para el buen vivir y competitividad sistemática, dijo, tras enfatizar que se dará atención preferencial a proyectos de los sectores estratégicos, desarrollo social y productivo.
Indicó que se prevé implementar 998 proyectos por un valor de 4.691,75 millones de dólares a favor de las áreas: política, política económica, universidades, escuelas politécnicas y otras, recursos que irán directamente al desarrollo social, capacidades humanas, protección social, vivienda y saneamiento ambiental, soberanía energética y cambio de la matriz energética, productividad y competitividad sistemática, eficiencia estatal, ciencia y tecnología, etc.
Sostuvo que la mayor parte del presupuesto se destina a proyectos de desarrollo social tendentes a generar condiciones previas para el Buen Vivir como la reducción acelerada de la malnutrición e intervención nutricional territorial – INTI (57,86 millones); proyectos de alimentación y nutrición (100,22); desarrollo infantil (170,13); atención integral, infraestructura y equipamiento en salud (219,19); capacidad docentes – recurso humano, infraestructura educativa, calidad y calidez en la educación (277,12); vivienda y saneamiento ambiental (79,59 millones de dólares).
De su parte, Katiuska King, ministra de Coordinación Económica, precisó que el Presupuesto General del Estado está sujeto a los lineamientos del Código de Planificación y Finanzas Públicas y no responde a criterios fiscalistas, en cuyas variables de resumen estaba el déficit, donde primaba justamente precautelar los recursos sin tener en cuenta el fin para el cual eran utilizados.
Argumentó que el presupuesto es parte transcendental de la agenda macro económica que prepara el frente económico para el período 2010 – 2013 y de los lineamientos del plan plurianual, tras precisar que su portafolio trabaja conjuntamente con el Sistema de Rentas Internas y la Corporación Aduanera del Ecuador para mejorar los niveles de recaudación.
A su vez, Patricio Rivera, ministro de Finanzas aseguró que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 está debidamente financiado y que el déficit de más de 3 mil millones, que no constituye problema para la liquidez financiera del Estado, será cubierto con recursos del mercado interno y del mercado multilateral.
MG/pv
La Comisión de Régimen Económico y Tributario incorporó alrededor de 480 cambios al proyecto original de Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, destacó el presidente del organismo, Francisco Velasco, al sustentar el informe para segundo debate en el que se resalta la necesidad de definir, recopilar y armonizar en un solo código la legislación referente a la producción, sus factores, proceso y su ciclo y que también en el futuro se puedan incorporar otros títulos y leyes referentes a esta temática.
Con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales con distintos parlamentos del mundo, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero y el presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante, se reunieron con los embajadores de Ecuador acreditados en China, Corea, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Malasia, Egipto Sudáfrica y Australia.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en el marco de la sesión No. 73 inició el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que fue enviado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, el 20 de octubre pasado, con el calificativo de económico urgente y tiene como propósito regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.
