En el marco del Foro sobre el proyecto de resolución de Declaratoria de interés nacional, para la intervención en el Parque Yasuní, Gabriela Rivadeneira y Marcela Aguiñaga, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Asamblea Nacional coincidieron en expresar el compromiso de la Legislatura de vigilar que la explotación en los campos 31 y 43 se haga de manera responsable y fundamentalmente respetando los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Este acto, que se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica, contó con la activa participación de múltiples organizaciones juveniles y sociales del país, entre ellas, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Juventud Comunista del Ecuador, la Asociación Regional de Estudiantes Secundarios, ecologistas, los que anunciaron el respaldo total a las decisiones del Presidente de la República y de la Asamblea. También estuvieron presentes las principales autoridades de las Comisiones de Biodiversidad y Desarrollo Económico.
Doce casas legislativas (Guayas, Azuay, Chimborazo, Cañar, Santa Elena, Imbabura, Napo, Sucumbíos, Tungurahua y otras) estuvieron conectadas, donde dirigentes de grupos juveniles, colectivos ciudadanos y sectores indígenas anticiparon que saldrán a las calles para apoyar lo que resuelvan los parlamentarios, confiados que los dineros de la explotación se invertirán en obras y proyectos que contribuyan a enfrentar la pobreza.
La presidenta Gabriela Rivadeneira reiteró que lamentablemente las potencias que contaminan permanentemente el planeta y que han arrasado con los recursos naturales poco o ninguna importancia dieron a la Iniciativa Yasuní ITT, que nació como alternativa válida para el calentamiento global, al enfatizar que la decisión que asuma la Legislatura responderá al interés de los 14 millones de ecuatorianos.
Veedurías y fiscalización
La lucha en el mundo internacional, más allá de algunos enunciados, sigue siendo lucha de poderes; las negociaciones en torno al cambio climático siguen siendo hipócritas y discursos de doble moral. El mundo industrializado nos dice a nosotros que no usemos nuestros recursos pero ellos ya devastaron lo que pudieron a cambio de señalar que alcanzaron el desarrollo, aseveró la vicepresidenta Marcela Aguiñaga.
En caso que la Asamblea acepte el pedido del Presidente de la República autorizando la declaratoria de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, también será nuestra responsabilidad generar las veedurías necesarias, fiscalizar y controlar que las autoridades desde el Ejecutivo realicen, a cabalidad, su trabajo con la implementación de las mejores técnicas que existen en el mundo para que esos impactos ambientales sean menores.
La Iniciativa Yasuní ITT trasciende los tiempos
Si Estados Unidos hubiese otorgado el 2% de lo que gasta anualmente en la guerra, mientras Alemania asignaba el 5% de lo que gasta en las intervenciones en Medio Oriente, el Yasuní estaría salvado, comentó Carlos Torres, de la Federación de Estudiantes Universitarios.
MG
En el marco del Foro sobre el proyecto de resolución de Declaratoria de interés nacional, para la intervención en los bloques 31 y 43, Gabriela Rivadeneira y Marcela Aguiñaga, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Asamblea Nacional coincidieron en expresar el compromiso de la Legislatura de vigilar que la explotación de los campos 31 y 43 se haga de manera responsable y fundamentalmente respetando los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Este acto, que se desarrolló en el Salón José Mejía Lequerica, contó con la activa participación de múltiples organizaciones juveniles y sociales del país, entre ellas, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Juventud Comunista del Ecuador, la Asociación Regional de Estudiantes Secundarios, ecologistas, los que anunciaron el respaldo a las decisiones del Presidente de la República y de la Asamblea. También estuvieron presentes las principales autoridades de las Comisiones de Biodiversidad y de Desarrollo Económico.
Doce casas legislativas (Guayas, Azuay, Chimborazo, Cañar, Santa Elena, Imbabura, Napo, Sucumbíos, Tungurahua y otras) estuvieron conectadas, donde dirigentes de grupos juveniles, colectivos ciudadanos y sectores indígenas anticiparon que saldrán a las calles para apoyar lo que resuelvan los parlamentarios, confiados que los dineros de la explotación se invertirán en obras y proyectos que contribuyan a enfrentar la pobreza.
La presidenta Gabriela Rivadeneira reiteró que lamentablemente las potencias que contaminan permanentemente el planeta y que han arrasado con los recursos naturales poca o ninguna importancia dieron a la iniciativa Yasuní ITT, que nació como alternativa válida para el calentamiento global, al enfatizar que la decisión que asuma la Legislatura responderá al interés de los 14 millones de ecuatorianos.
Veedurías y fiscalización
La lucha en el mundo internacional, más allá de algunos enunciados, sigue siendo lucha de poderes; las negociaciones en torno al cambio climático siguen siendo hipócritas y discursos de doble moral. El mundo industrializado nos dice que no usemos nuestros recursos, pero ellos ya devastaron lo que pudieron a cambio de señalar que alcanzaron el desarrollo, aseveró la vicepresidenta Marcela Aguiñaga.
En caso que la Asamblea acepte el pedido del Presidente de la República autorizando la declaratoria de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43, también será nuestra responsabilidad generar las veedurías necesarias, fiscalizar y controlar que las autoridades desde el Ejecutivo realicen, a cabalidad, su trabajo con la implementación de las mejores técnicas que existen en el mundo para que esos impactos ambientales sean mínimos.
La Iniciativa Yasuní ITT trasciende los tiempos
Si Estados Unidos hubiese otorgado el 2% de lo que gasta anualmente en la guerra y si Alemania asignaba el 5% de lo que gasta en las intervenciones en Medio Oriente, el Yasuní estaría salvado, comentó Carlos Torres, de la Federación de Estudiantes Universitarios.
MG/pv
Con la finalidad de socializar el proyecto de Ley de Comunas que analiza la Comisión de Derechos Colectivos, las asambleístas Noralma Zambrano y Vanessa Fajardo realizaron un taller para recoger propuestas sobre esta temática, en la provincia de Santa Elena, en el cantón La Libertad.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Convenio 189 de la OIT que garantiza un trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, por tanto, se reconocen sus derechos primordiales; específicamente el derecho a ser respetados, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas.
En esta jornada, además, se desarrollaron otras actividades, entre ellas el recorrido por el Palacio de Carondelet, la Casa de Sucre y la Asamblea Nacional.
Al visitar el salón del Pleno Nela Martínez Espinosa los estudiantes, ubicados en las curules de los asambleístas, observaron videos y escucharon descripciones de los cuadros que forman parte del Mural de Oswaldo Guayasamín que recogen parte de momentos históricos del país.
La legisladora Verónica Rodríguez, por su parte, hizo notorio su entusiasmo al recibir a los niños y ver en sus rostros la felicidad de visitar por primera vez Quito, destacando la importancia de participar de las actividades culturales y cívicas que incentivan el valor de nuestra identidad.
Resaltó la participación del alcalde de la ciudad de Manta, ingeniero Jaime Estrada, quien colaboró con los detalles logísticos de movilización para el traslado de los niños y niñas.
Con la presencia del embajador de Guatemala, acreditado en nuestro país, Giovanni Castillo, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, profundizó la socialización del “Memorándum de Entendimiento entre las repúblicas de Ecuador y Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas”.
En la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, la Ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, señaló que el “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica” es de vital importancia para el interés nacional y que se ajusta a la norma constitucional.
Recordó que en su condición de Ministra Coordinadora de Patrimonio, su equipo de trabajo, de la mano con el Ministerio del Ambiente, participó en el proceso de negociación del documento, tras explicar que el Protocolo es un instrumento que regula los temas de acceso a recursos genéticos y la distribución de beneficios de la Convención de Diversidad Biológica, adoptada por los países miembros del sistema de la ONU en el año 1992, a propósito de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro.
Objetivos
Precisó que el Protocolo establece un régimen internacional que promueve y salvaguarda la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos, acorde a lo previsto en los objetivos de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) y la Decisión 391 de la CAN.
También proporciona seguridad y transparencia jurídicas tanto para los proveedores como para los usuarios de los recursos genéticos, reconociendo la soberanía de los estados y los derechos sobre los conocimientos tradicionales asociados a tales recursos; reconoce el consentimiento fundamentado previo del país de origen o de las comunidades indígenas y locales, en condiciones mutuamente acordadas con usuarios; combate al tráfico y acceso ilegal de recursos genéticos, agregó.
Retos
De esta manera, se podrá cerrar la brecha tecnológica entre países proveedores y países consumidores. Es una oportunidad para equilibrar y racionalizar discusiones internacionales sobre derechos de propiedad intelectual, subrayó, tras exhortar a la Legislatura la aprobación de la Ley de Biodiversidad y el Código del Ambiente.
MG/pv
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la viceministra de Movilidad Humana, Lorena Escudero y del Subsecretario de Asuntos Migratorios, Marco Albuja, solicitaron a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales emita informe favorable para viabilizar la aprobación del Memorandum de Entendimiento entre las Repúblicas del Ecuador y Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas”.