El Presidente de
El pleno de
Un representativo grupo de mototaxistas del país solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico que en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se incorpore la regulación de la actividad de los conductores de taximotos, mototaxis o tricimotos.
Con la finalidad de establecer las competencias de los gobiernos autónomos en materia de tránsito, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, pidió una reunión intermesas con la Comisión de Gobiernos Autónomos que busca definir el rol que tendrán los municipios en esta temática.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, definió la agenda de audiencias dentro del proceso de sustanciación del juicio político al ex ministro de Educación, Raúl Vallejo Corral, planteado por los asambleístas del Movimiento Popular Democrático Ramiro Terán y Jorge Escala, con 43 firmas de respaldo. Se incluyen 38 testimonios de personas vinculadas con la actividad educativa.
Continuado con el cronograma de actividades de socialización de las reformas a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, la Comisión de Biodiversidad recibió en comisión general a los representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria quienes plantearon que en las modificaciones se garantice la entrega de recursos para su gestión administrativa.
Con 73 votos, tres negativos y 26 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó de manera categórica las declaraciones de los candidatos presidenciales de Colombia, Juan Manuel Santos y Noemí Sanín, por considerarlas atentatorias a la estabilidad, la paz e integración de la región.
Por unanimidad (109 presentes), la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, decrete en estado de emergencia al cantón Celica, provincia de Loja, con el propósito de resguardar la seguridad de la población que se encuentra en situación de alto riesgo, por lo que es necesaria la intervención ordenada de organismos del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos, así como destinar recursos preferentes.