El primer Mandatario, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional la solicitud para que autorice la denuncia de los convenios suscritos por el Ecuador con la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y el Reino de Suecia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
El Ejecutivo precisa que dichos tratados contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución, en caso de conflictos relativos a dicho convenio, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana.
Argumenta, también, que los tribunales arbitrales a los que estos documentos obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, a resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no toman en cuenta el derecho ecuatoriano, sino que valoran peculiarmente el concepto de “inversión”, llegando a inobservar el ordenamiento jurídico nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido "arbitrarias" o "discriminatorias".
Para tal efecto, el presidente Correa adjunta los respectivos dictámenes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional.
Tales informes manifiestan la necesidad de garantizar la vigencia plena del Art. 422 de la Constitución, que establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de Ia controversia…”
La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en los próximos días, iniciará el análisis de estas solicitudes.
MG/eg
El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) calificó hoy el pedido de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, planteado por el asambleísta Rolando Panchana (AP).
El pasado jueves 16 de diciembre, con el respaldo de 60 firmas de PAIS, Prian, Alianza Libertad, PSC e independientes, el Segundo Vicepresidente de la Asamblea presentó oficialmente la petición de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, por graves omisiones en el cobro a los accionistas de la banca cerrada. La documentación fue expuesta al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Panchana acusó a la funcionaria de incumplimiento de lo establecido en los artículos 165 y 127 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y de las resoluciones 1153, 1427 y 1709 de la Junta Bancaria.
También responsabilizó a Sabando de haber violentado la Resolución N° JB-2002-452, de 14 de mayo del 2002, en la que se determina que el patrimonio mínimo que se requiere para constituir nuevas empresas de seguros y compañías de reaseguros no puede ser menor a tres millones 943 mil 410 dólares.
Norma de procedimiento
El Presidente de la Asamblea remitirá, a través de la Secretaría General, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento, a la Presidenta (e) de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite, conforme el Art. 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
De acuerdo al Art. 81 de la referida Ley, la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo de cinco días avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, caso contrario lo archivará. Calificado el trámite, notificará al funcionario sobre el inicio del mismo, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual forma, notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
MG
Este miércoles 22 de diciembre, a partir de las 11:00, se llevará a cabo el lanzamiento del libro titulado: “La Constitución de Montecristi: un sueño colectivo; el camino hacia el buen vivir”, que recoge un testimonio del proceso participativo de la sociedad en la elaboración de la Constitución de la República del Ecuador.
La ceremonia contará con la presencia de las principales autoridades de la Asamblea Nacional, ex asambleístas, legisladores, ministros de Estado, personeros de la Alcaldía de Quito, del Gobierno de la provincia de Pichincha, del cuerpo diplomático, representantes de la Iglesia, de organizaciones sociales, entre otros.
La obra pone de manifiesto las repercusiones económicas y sociales del feriado bancario que marcan el inicio de una década de inestabilidad política y económica, con lo cual se benefició la banca privada con, aproximadamente, seis mil millones de dólares, que todavía no han sido devueltos en su totalidad a los depositantes.
Además, expone los antecedentes que dieron lugar a la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram Ortiz, Jamil Mahuad Witt y Lucio Gutiérrez Borbúa; la pérdida de la credibilidad de la ciudanía en las instituciones democráticas, ya que los poderes públicos no satisfacían sus expectativas, más aún cuando hacia fines del milenio, cerca del 55% de la población ecuatoriana no tenía cubiertas sus necesidades básicas como salud, educación, alimentación y vivienda.
Subraya que el más reciente cambio de siglo en el país estuvo determinado por la incorporación de nuevos actores sociales al debate político nacional, en coincidencia con el declive de los partidos políticos tradicionales. Igualmente, analiza el clamor popular de que se “vayan todos” como rechazo a las actuaciones del Congreso y de la denominada partidocracia.
Destaca también la rebelión de los forajidos, que significó el aparecimiento de nuevas formas de impugnación al poder; que desplazaron de escena a los desprestigiados partidos políticos y colocaron en su lugar a una sociedad movilizada, una corriente ciudadana que se representaba a sí misma y utilizaba nuevos mecanismos de comunicación para convocarse.
Memorias del proceso constituyente
La publicación refiere que el camino hacia la nueva Constitución arrancó con el Decreto 002, firmado por el presidente Rafael Correa Delgado, el primer día de su mandato. La consulta popular para hacer realidad la instalación de la Constituyente, que se efectuó el 15 de abril 2007, logró un abrumador triunfo del SI (86,2% de los votos válidos), lo cual allanó el camino para la elección de los asambleístas.
La Asamblea Constituyente, surgida de la voluntad popular, comenzó a funcionar el 29 de noviembre 2007, a través de 10 mesas de trabajo, a donde acudieron miles de ciudadanos que presentaron importantes aportes para la construcción de la Carta Magna.
Adicionalmente, la obra resume que el complejo de edificaciones de Ciudad Alfaro recibió cerca de 100 mil visitantes que llegaron allí para hacer oír su voz y sus demandas.
Finalmente, hace hincapié en una cronología de los principales acontecimientos registrados en el Ecuador, América Latina y el mundo entre los años 2007 al 2009.
MG/eg
Los arquitectos Gabriela Aguilera Jaramillo, Ana Gabriela Salvador Irigoyen y Juan Carlos Soria Aguas obtuvieron el primer premio del Concurso Nacional de Anteproyectos del Complejo Legislativo.
Con la participación de diversas organizaciones que acudieron a la Legislatura, la asambleísta Dora Aguirre, a nombre de la Asamblea Nacional, entregó un acuerdo legislativo a 15 entidades que defienden los derechos de los migrantes.
La asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre, vía skype, envió su saludo fraterno y caluroso a los migrantes e inmigrantes del mundo y, en especial, a los tres millones de ecuatorianos que se encuentran en diferentes países, quienes por diversos motivos tuvieron que dejar su terruño para ir en busca de mejores días para su familia.
Con 91 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución a través del cual se exhorta a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) deje sin efecto los valores pendientes de pago por concepto de tasas por el uso del agua para la actividad dedicada a la crianza de trucha y tilapia, así como la turística.
El Pleno, con 71 votos, aprobó el Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No. 46, celebrado entre las repúblicas de Cuba y Ecuador, tomando en cuenta que promueve el desarrollo comercial de nuestro país, al posibilitar la exportación de más y nuevos productos que demanda el mercado cubano y se beneficia de la aplicación de tecnologías que brinda Cuba, en ciertas áreas del conocimiento humano.
En la sesión 80 del Pleno, los asambleístas con 58 votos afirmativos, ocho negativos, un blanco y 26 abstenciones, se allanaron al texto íntegro de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, por cuanto aclara el contenido de ciertos artículos, proyecto que tiene como propósito regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas, orientadas a la realización del buen vivir. El proyecto será remitido en las próximas horas al Registro Oficial para su publicación.
