La Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Marco Murillo, recibió a Luis Alvarado, Benny Vaca y Ángel Medina, representantes del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODEMPE), de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE); y, del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (CODEPMOP), respectivamente, quienes consideraron de vital importancia se respete el derecho a la libre determinación de las nacionalidades, pueblos y comunidades conforme a la Constitución, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió a la Asamblea Nacional el pedido de denuncia de dos nuevos convenios suscritos por el Ecuador con la Confederación Suiza y Chile, relativos a la protección y fomento de las inversiones, por transgredir la disposición del artículo 422 de la Constitución.
Para tal efecto, el mandatario adjuntó los dictámenes previos y vinculantes de constitucionalidad emitidos por la Corte Constitucional, cuyos informes obedecen al mandato del Art. 438 de la Carta Magna.
La Corte determinó que tales instrumentos contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dichos documentos, desconociendo la jurisdicción de nuestra nación.
El organismo argumentó que también la Constitución en los artículos 416, numerales 9 y 12; 417; 419, numeral 7; 420, inciso segundo, dispone que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los interese del pueblo, al que rendirán cuentas sus responsables y ejecutores; reconoce el derecho internacional como norma de conducta y demanda la democratización de los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al interior de estos.
Adicionalmente, fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
Así mismo, prevé que los tratados ratificados por Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta.
La Corte Constitucional puntualizó que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en general se constituye en el marco jurídico de mayor deferencia y relevancia en la regulación internacional de los instrumentos internacionales, debido en gran parte a la masiva acogida que ha recibido por parte de la Sociedad Internacional, es sin duda un cuerpo normativo que tiene que observarse para determinar la capacidad del Estado ecuatoriano de denunciar un tratado suscrito.
El contenido de los convenios y las solicitudes del primer mandatario serán analizados por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral.
MG/pv
El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y dejó en manos de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, la sistematización de las observaciones formuladas por los legisladores de diversas bancadas legislativas y preparar el texto final para ser sometido a votación.
En el marco de la seson 78 del Pleno, maestros, estudiantes, comunidades y pueblos indígenas accedieron a la barra alta del salón Plenario, con el fin de que observar y escuchar el debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural.
El Pleno de la Asamblea Nacional continúa el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tienen por objetivo adecuar su texto a las normas constitucionales vigentes, que establecen como competencia exclusiva de los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y municipales la planificación, regulación y control del tránsito.
Tras su elección como Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se reunió en Panamá, el titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, se comprometió a luchar por hacer realidad el sueño de Simón Bolívar: “La Patria Grande”.
A través de Radio Pública del Ecuador, el arquitecto Cordero manifestó que tal designación la recibió con orgullo como ecuatoriano y, a la vez, con enorme responsabilidad pues constituye un reconocimiento a los procesos sociales y políticos que se llevan a cabo en el Ecuador.
Reiteró que dicha designación la recibe con humidad y con el desafío de estar a la altura de las circunstancias, a más de la responsabilidad que ello representa, tomando en cuenta que el mundo latinoamericano lo componen 33 países, al tiempo de destacar que su postulación surgió del consenso de los legisladores ecuatorianos, donde están incluidos sectores de oposición (6), la misma que la presentó el asambleísta Paco Moncayo con palabras que le llenan de orgullo.
En estas horas de integración Latinoamericana resulta importante que al Ecuador se le reconozca protagonismo en estos procesos, dijo. Destacó que la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) alcanzó ya su vida jurídica por medio del noveno voto de Uruguay.
Fernando Cordero comentó que los sueños de unidad de América Latina, que pensaron San Martín, Bolívar, Martí, Alfaro y otros próceres y patriotas, empiezan a tomar forma y podemos decirle a Bolívar que no aró en el mar, sino que sus principios e ideas están vigentes y que estamos muchos ecuatorianos y latinoamericanos por “La Patria Grande de todos y para todos”.
El flamante presidente Alterno del Parlatino exhortó a avanzar, con pasos firmes, hacia una legislación sobre aspectos comunes, tal como la ciudadanía latinoamericana, es decir la libre movilidad.
Finalmente, recordó que los mandatarios de la región se darán cita en Caracas, en julio del próximo, con el propósito de concretar la Unión Latinoamericana de Naciones.
MG
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, presentó cinco objeciones al proyecto de Ley Reformatoria de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.El Ejecutivo plantea que el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) lo integren: el Procurador o su delegado; la o el Superintendente de Bancos; el Director del SRI; la Gerenta de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y el Ministro del Interior o su delegado, dejando fuera al Presidente (a) de la Corte Nacional de Justicia y al Comandante de la Policía, como constaba en el texto inicialmente aprobado.
Igualmente, sugiere la eliminación de la temporalidad –cinco años- del cargo del Director General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), considerando que el proyecto no prevé la designación por concurso de merecimientos y oposición, sino de manera directa por parte del Directorio del Consejo; esto es, una designación de libre nombramiento y remoción. En igual manera, se pronuncia por la situación del subdirector del organismo.
También, el primer mandatario establece que quienes dolosamente, en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, proporcionen, ofrezcan o recolecten fondos o activos para financiar en todo o en parte, con recursos lícitos o ilícitos, la comisión de los delitos tipificados en el Capítulo IV, Título del Libro Segundo del Código Penal, serán sancionados con las mismas penas establecidas para el delito financiado.
El delito tipificado en este artículo será investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por eI tribunal o la autoridad competente como delito autónomo de otros delitos tipificados en este capítulo, cometidos dentro o fuera del país.
MG/pv
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, fue
electo con 184 votos a favor y 4 en contra, presidente alterno del Parlamento Latinoamericano, funciones que las desempeñará durante los próximos dos años.
La elección de Fernando Cordero, de los miembros de la Mesa Directiva y del Consejo Consultivo se efectuó en el marco de la XXVI Asamblea Ordinaria del PARLATINO que se realizó en Panamá.
La nueva directiva, presidida por el diputado panameño Elías Castillo, tiene entre sus miembros a María de los Ángeles Moreno de México, Pauldrick Francois Croes de Aruba, Daisy Tourné de Uruguay, Walter Gavidia de Venezuela y Cándido Aguilera de Paraguay.
"Hemos aprobado una resolución para hacer un estudio sobre cuánto nos cuesta la no integración; si no hay una verdadera unificación, perdemos demasiado; América Latina unida es una potencia que puede equilibrar la balanza y evitar las injusticias" manifestó Fernando Cordero.
Al evento asistieron más de 180 parlamentarios de toda América Latina y observadores Internacionales.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Nivea Vélez y el Secretario Regional de la Internacional de Servicios Público, Juan Diego Gómez convocaron para el miércoles 8 de diciembre a la reunión de seguimiento de las reformas de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, presentó informe no vinculante sobre la objeción parcial realizada por el Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
El Ejecutivo menciona que en el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el Decreto Supremo s/n publicado en el Registro Oficial No. 126 de 10 de noviembre de 1925, que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre de 1925, por lo que cree que es fundamental corregir el error producido.
En tal sentido, el organismo legislativo considera que dicha observación es pertinente, por tanto recomienda allanarse al texto propuesto por el primer mandatario.
En cuarto módulo fue aprobado por la Asamblea, en segundo debate, el 26 de octubre de 2010 y remitido al Gobierno el 28 del mismo mes. En tanto, la referida objeción llegó el 25 de noviembre, de conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El correspondiente informe lo suscriben: María Paula Romo, presidenta; Henry Cuji, vicepresidente; Mauro Andino, Washington Cruz, César Gracia, María Cristina Kronfle, Andrés Páez, Marisol Peñafiel y Vicente Taiano.
MG/pv
