La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralización, Competencias y Organización del Territorio realizará el este viernes 17 de diciembre, de 09h00 a 13h00, en el Gran Salón 3, del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, en el centro de Quito, un nuevo taller de socialización del Código de Organización Territorial (COOTAD), con el propósito de absolver las dudas que día a día llegan al organismo legislativo.
El presidente de la República, Rafael Correa, mediante comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, da a conocer que acepta las observaciones de la Función Legislativa remitidas el 29 de noviembre pasado.
Por este motivo, el Ejecutivo de conformidad con el artículo 295 de la Constitución envió dentro del plazo establecido la nueva propuesta de pro forma presupuestaria que acoge las observaciones de los asambleístas.
En la resolución del Legislativo se formularon dos observaciones, puntuales, una que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 193 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, por el cual se establece que la distribución de las transferencias de los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, tomará el año 2010 como año base y repartirá el monto que por ley les haya correspondido a los mismos, en ese año.
Con la presencia de 83 asambleístas se reinició la sesión 78 del Pleno, a las 10h50, con el fin de continuar el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, que aborda aspectos relacionados con la interculturalidad, el incremento de salarios para maestros, la estabilidad laboral, la calidad de la educación. Para el debate están inscritos 53 parlamentarios.
Las asambleístas María Augusta Calle y Dora Aguirre participarán en el II Seminario Internacional de Periodismo “Derechos y Libertades en el Siglo XXI” que se llevará a efecto el día de mañana en homenaje al Día Internacional de los Derechos Humanos.
Antes de iniciar el segundo debate del proyecto de Ley de Educación Intercultural, el Pleno recibió en comisión general a varios de los principales actores de la educación general, quienes expresaron sus puntos de vista en torno a esta iniciativa legal, sobre todo en cuanto tiene que ver con garantizar la rectoría del sistema en el ministerio sectorial; el reconocimiento de la gestión municipal como parte de la enseñanza pública; y, el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe.
Tres de las cuatro observaciones presentadas por el Ejecutivo a las reformas al proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria fueron aceptadas por los asambleístas, con un promedio de 64 votos.
Con la asistencia de representantes del Magisterio, de la Unión Nacional de Educadores, Organizaciones Indígenas y Campesinas, Educadores Populares, estudiantes, dirigentes de la educación bilingüe, colegios municipales, el Pleno de la Asamblea inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Educación Intercultural, que busca reivindicar a la educación como un instrumento de cambio y transformación de la sociedad y dignifica la tarea docente como prioridad generando nuevos espacios de participación, corresponsabilidad, protagonismo de los jóvenes y articulados concretos que apuntan a la mejora sustancial de la calidad educativa en nuestro país.
El Pleno de la Asamblea, con 106 votos, se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal de 149 normas obsoletas como leyes, decretos leyes, decretos legislativos y/o decretos supremos, que en el curso del tiempo perdieron eficacia, como consecuencia de la sanción posterior de nueva legislación y, por tanto, resultan incompatibles con la estructura jurídica vigente. El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre), en la sesión 78, las mujeres indígenas del Ecuador, agrupadas en la Secretaría Nacional de la Mujer y la Familia, comprometieron a la Asamblea para que contribuya al pleno ejercicio de sus derechos, no solo aquellos fundamentales que son comunes a todos los seres humanos, sino de manera particular los derechos económicos, políticos y culturales.
El legislador Andrés Páez reivindicó como suya y de Izquierda Democrática la propuesta de consultar al pueblo sobre si está de acuerdo o no con la acumulación y endurecimiento de penas para los delitos considerados atroces como violación, homicidio, asesinato, secuestro con muerte de la víctima, delitos contra la administración pública, delitos de lesa humanidad y en la concurrencia de delitos, para contribuir a la lucha contra la delincuencia e inseguridad.
Recordó que la Corte Constitucional emitió providencia favorable al respecto el 13 de septiembre de 2010 y el pertinente informe de procedibilidad, admitiendo así a trámite, por lo que ahora es pertinente realizar una intensa campaña de recolección de firmas una vez que el Consejo Electoral facilite los correspondientes formularios.
Se mostró complacido con el hecho de que el Presidente de la República haya acogido esta iniciativa.
Más irregularidades en administración de justicia
Acompañado de un importante grupo de familiares de las víctimas del crimen organizado, Andrés Páez presentó más denuncias de irregularidades cometidas por parte de los operadores de justicia.
Comentó que la figura de la suspensión condicional del proceso, incorporada en la legislación penal en febrero del año 2009, que está supeditada a la comisión de delitos leves, ha sido utilizada por ciertos jueces para favorecer a quienes han incurrido en delitos graves sancionados con reclusión, tales como autores de delitos de sustracción con violencia y amenazas, robo en pandillas, robo con heridas, fabricación de armas, municiones y explosivos, tenencia y posesión ilícita de drogas y sustancias estupefacientes, interrupción de sistemas de comunicación y otros, con lo que han sido liberados 150 delincuentes.
Igualmente, aseveró que la Corte Constitucional dejó sin efecto el 24 de abril de 2009, la norma que impedía que los reincidentes se puedan acoger al régimen de libertad controlada y al de pre libertad.
Por último, precisó que la Defensoría Pública Penal, utilizando dineros del pueblo, auspició la libertad de Carlos Alfredo Miño Flores o Julio César Castro Contreras, alias Tayo-Tayo, uno de los delincuentes más buscados y quien fuera encausado por el Tribunal Primero de lo Penal.
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