De conformidad con los artículos 137 de la Constitución y 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente de la República objetó parcialmente el proyecto de Ley Derogatoria No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal.
El Ejecutivo menciona que en el numeral 88 del artículo 1 del proyecto consta que se deroga el Decreto Supremo s/n publicado en el Registro Oficial No. 126 de 10 de noviembre de 1925, que reorganiza el Consejo Cantonal de Píllaro, siendo su fecha de publicación el 10 de diciembre de 1925, por lo que considera fundamental corregir el error producido.
Módulo 5
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 5 para la Depuración de la Normativa Legal, el cual no tuvo ninguna observación o reparo en primera instancia.
Los Decretos Supremos se refieren, principalmente, a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, que se hacía con el fundamento de los intereses de cada cantón, por excusa y/o renuncia de los consejos designados, por la disolución de tales entidades por abandono del cargo de la mayoría de concejales o, finalmente, porque en reorganizaciones anteriores constaban designadas personas que se encontraban incapacitadas para ejercer el cargo.
El organismo legislativo concluye que la propuesta no contraviene disposición constitucional o legal alguna y más bien permite depurar la normativa vigente del Ecuador.
MG/pv
Como respuesta al preocupante ambiente de inseguridad, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, prepara un conjunto de reformas penales para contribuir a la lucha contra el crimen organizado.
Alrededor de 30 asambleístas, de diversas tendencias políticas, formularon aportes a la pro forma del 2011 propuesta por el Ejecutivo, que asciende a 23 mil 950 millones de dólares, misma que está orientada a gastos de inversión social y productiva.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, propuso que el Pleno observe la pro forma presupuestaria del 2011 en el sentido que el Ejecutivo liquide los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, correspondientes a las leyes vigentes a la fecha en que se promulgó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad, y que, a la vez, se establezca el monto del endeudamiento público.
En un acto emotivo desarrollado en el antiguo salón del ex senado, en la sede legislativa, más de quinientos jubilados rindieron homenaje a los presidentes de la Asamblea Nacional y de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Fernando Cordero Cueva y Nivea Vélez, respectivamente, por la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Social que incrementa las pensiones.
La Asamblea Nacional, en su oportunidad, aportó con reformas legales muy precisas en la lucha que el Ecuador en su conjunto lleva adelante contra la impunidad y por la sanción al delito.
“Saludo a las mujeres del Ecuador y del mundo que luchan permanentemente por erradicar la violencia contra la mujer; este es un tema en el cual debemos comprometernos todos y todas, porque, lamentablemente, todavía hay machismo y existe violencia soterrada”, subrayó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al felicitar a las mujeres, con motivo del Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer.
El titular de la Función Legislativa aseguró que se trata de una tarea que requiere la presencia de todos y todas, para hacer causa común, porque nada justifica que persistan las diversas formas de violencia, al destacar el trabajo que realizan las mujeres del Ecuador y del Mundo por apuntalar el irrestricto respeto a sus derechos.
“Dejemos de lado el miedo, este es un tema en el que debemos actuar juntos para erradicar toda forma de violencia contra la mujer”, enfatizó al recordar que los esfuerzos por eliminar la violencia deben ser permanentes.
EG
Sindicatos y gremios de la administración pública se dieron cita al ex Senado de la Función Legislativa para exponer sus aportes en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, que impulsan la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, con el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos-ISP.
Con la presencia del ministro de Finanzas, Patricio Rivera; el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos; y, el titular de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), Ángel Rubio, la Comisión de Derechos de los Trabajadores analizó la problemática que atraviesan los servidores judiciales, por la falta de aplicación de la homologación salarial.
El ministro Rivera manifestó que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece una serie de procedimientos que las entidades públicas deben cumplir para recibir asignaciones estatales, por tanto, la Función Judicial debió presentar los proyectos y justificativos del caso para que el Ministerio de Finanzas procede a los respectivos desembolsos.
Comentó que el Consejo de la Judicatura, hasta noviembre, ha ejecutado su presupuesto 2010 en un 62,42%, ante lo cual no se puede dotar de mayores ingresos a quienes mantienen guardados dineros, que pueden servir para la obra vial, implementación de proyectos hidroeléctricos, escuelas, viviendas y otras.
Justicia colapsará
En respuesta, Benjamín Cevallos indicó que el Consejo de la Judicatura tiene concretada la ejecución de su presupuesto en más del 92%, hasta diciembre, pero que varios proyectos no se han puesto en marcha por la falta de celeridad en cuanto a su aprobación de parte de la Secretaria Nacional de Desarrollo (Senplades) y otros organismos del gobierno.
Advirtió que la administración de justicia, en general, podría colapsar en junio de 2011, en razón de que el presupuesto para el año entrante ha sido reducido en un 50%, sin considerar que se requieren 411 millones, de cuyo monto 300 millones serán para gastos corrientes y 111 millones para programas de inversión, que posibilitarán hacer efectiva la oralidad, modernizar la infraestructura física, contar con tecnología de punta, capacitación, a fin de satisfacer las expectativas ciudadanas.
Exigió que se respete el artículo 168, numeral 2, de la Constitución, que garantiza la autonomía administrativa, económica y financiera de la Función Judicial, pues si no se lo hace no funciona ninguna transformación, ni la democracia en el Ecuador.
Incluso, el Ministro de Finanzas no ha recogido la inquietud del propio presidente de la República, Rafael Correa, quien convocó el 24 de septiembre a una reunión en Guayaquil, para analizar el tema justicia y, lo que es más, establecer un presupuesto suficiente para atender las expectativas de la colectividad, agregó.
Cuestionamientos
Ángel Rubio, Lenin Pilalot, Ana Román y Carla Obando, representantes de los trabajadores judiciales, explicaron que una ley no tiene efecto retroactivo, por lo que el argumento de que la Losep define, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, el camino para la homologación salarial no tiene fundamento jurídico, más aún cuando este mecanismo rige desde el año 2008.
Sostuvieron que el proceso de homologación se puede cumplir con 35 millones de dólares, pero hoy al Estado le correspondería desembolsar cerca de 60 millones para hacer frente a múltiples acciones de protección que se han presentado sobre esta materia.
En todo caso, los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social expresaron la preocupación por la posibilidad de que la Función Judicial entre en crisis por el aspecto presupuestario. Además resolvieron establecer una comisión ampliada con los ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas, el Consejo de la Judicatura y la Fenaje, con el propósito de determinar los motivos exactos por los cuales no se ejecuta la homologación.
MG/eg
El asambleísta Abdalá Bucaram presentó un proyecto de resolución, según el cual se exhorta al Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que disponga que las Fuerzas Armadas y los Grupos de Intervención y Rescate (GIR) y de Operaciones Especiales (GOE), de la Policía salgan a las calles, por el lapso de 180 días, a fin de brindar seguridad a la ciudadanía y controlar la delincuencia.
