La Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, invitará a la Ministra del Finanzas, Elsa Viteri, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González y su Director Fernando Guijarro, con el propósito de que respondan las denuncias de incumplimiento del convenio de pago de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por la falta de acciones para asegurar su pago.
Una vez que el pasado sábado 10 de abril concluyó el plazo de quince días para recibir las pruebas de cargo y descargo, dentro de la solicitud de juicio político contra el fiscal General, Washington Pesántez Muñoz,
Este martes 13 de abril, a partir de 09:30, los asambleístas iniciarán el primer debate de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conforme lo dispuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva.
Con el propósito de dar a conocer el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, resolvió que el viernes 16 de abril, socializarán en la provincia de Orellana esta normativa.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social recibirá el lunes 12 de abril, a partir de las 11h00, a los delegados de la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha; Federación Nacional de Maestros de la Construcción Civil del Ecuador (FENAMACCE); del Centro de Jubilados “La Internacional” y a los ex Trabajadores del Municipio de Santo Domingo, quienes expondrán problemas laborales que mantienen con sus instituciones.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, concedió a la Comisión Ocasional de Cultura una prórroga de un mes para que presente el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Culturas.
En respuesta a la intervención del Fiscal General del Estado, Washington Pesántez, los asambleístas de AP solicitantes del juicio ratificaron el pedido de destitución del funcionario y que la Comisión de Fiscalización avale el proceso de enjuiciamiento, ya que ello constituye una demanda nacional.